El caso Ciccone por definirse

Si no hay sorpresas ni nuevas dilaciones, el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou comenzará a definirse a fines de noviembre o principios de diciembre. Será entonces cuando la Cámara Federal porteña definirá si revoca su procesamiento, anula todo o parte del caso Ciccone y aparta de la causa al juez federal Ariel Lijo.

Los tiempos de la Cámara responden a la dinámica misma del expediente, en el que Boudou y otros acusados, como su socio, José María Núñez Carmona; su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entre otros, apelaron sus procesamientos y presentaron nueve pedidos simultáneos de nulidad.

Ante ese cuadro, los integrantes de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah- ya celebraron todas las audiencias necesarias con los procesados, la última de ellas con el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Completado ese requisito previo, los camaristas podrían definir ahora si confirman, revocan o anulan los procesamientos que dispuso Lijo. Pero optaron por esperar para evaluarlos junto con las nulidades por razones de "economía procesal".

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Boudou vs Lijo (vía Scioli y Brito)

El vicepresidente Amado Boudou concentra sus esperanzas en la Cámara Federal. Quiere que aparte al juez federal Ariel Lijo del caso Ciccone. Y espera que revoque su procesamiento y anule un largo trecho de la causa. Y para lograrlo apuntó -pero sin jamás escribir sus nombres a lo largo de las 513 fojas con que fundamentó su apelación- al gobernador (y precandidado a presidente) Daniel Scioli y al banquero Jorge Brito.

La alusión directa a Scioli y a Brito sin siquiera nombrarlos parece una contradicción. Pero no lo es. Ambos quedaron expuestos en las copias escaneadas de dos artículos periodísticos que la defensa de Boudou incorporó a su largo escrito ante la Cámara. Uno es de LA NACION y el otro de Ámbito Financiero. Ambos aluden a la fiesta con la que Lijo celebró su segundo casamiento, con el gobernador bonaerense y con el dueño del Banco Macro como sus invitados de honor.

El objetivo real de Boudou es argumentar que Lijo muestra un interés "selectivo" por investigar el caso Ciccone de un modo que lo perjudica a él, pero sin ahondar en la ruta del dinero -en la que Brito, su hijo homónimo o el ex banquero Raúl Moneta, entre otros, podrían terminar implicados- ni hurgar en otras potenciales ramificaciones políticas. O que, incluso, es amigo del abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz. Por tanto, argumenta la defensa de Boudou, no es imparcial y debe ser apartado de la investigación.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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CFK, Lázaro y sus "vínculos comerciales"

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia del empresario Lázaro Báez, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió aclarar lo aclarado. Reiteró que no son socios "técnicamente", pero admitió, por primera vez, que ambos mantienen "vínculos comerciales".

"La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales", indicó Echegaray al dialogar con un programa de radio, frase que poco después quedó claro que no lanzó al azar. Casi con las mismas palabras, lo repitió en una segunda radio.

"En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial", buscó bajar el tono Echegaray, al ser consultado sobre los nexos financieros, hoteleros, comerciales y personales que unen a la Presidenta con el empresario patagónico desde hace años. "La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina", añadió.

El titular de la AFIP, que antes fue abogado de Gotti Hermanos -otra empresa de Báez, que acumuló facturas truchas por más de $ 400 millones- reafirmó, no obstante, la línea formal que separa a la jefa del Estado del ex empleado bancario. "Técnicamente no hay sociedad constituida", indicó Echegaray, lo que luego repitió con palabras casi idénticas: "Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios", reiteró.

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CFK y Lázaro, ¿son o no socios?

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".

Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.

El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.

Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.

El pretendido despegue de la Presidenta de la suerte de Báez contrasta, sin embargo, con la larga lista de emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, financieros y comerciales que los unen desde hace más de una década.

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Echegaray, el confirmador

Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Un trío que se las trae: Toninelli, Echegaray y Michel

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa supuesta investigación o cuánto dinero se estima que podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

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Bustos, el "misionero" de Lázaro

BAHÍA BLANCA.- El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó LA NACION durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca.

Al menos uno de esos encuentros entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez (foto, arriba). Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires.

Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

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Lázaro + facturas truchas + AFIP = evasión

BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo LA NACION durante los últimos diez meses.

La facturación le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

pd: el resto de la investigación publicada hoy en LA NACION, acá y acá.

¡Gracias, gracias, GRACIAS!

Gracias, gracias, GRACIAS. Junto a la maravillosa Mariela Arias acabamos de ganar el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el más importante del hemisferio. Es por nuestra investigación sobre los hoteles de la Presidenta (y el rol de Lázaro Báez; ver, entre otras:http://www.lanacion.com.ar/1648473).

Gracias IPYS.

Y GRACIAS AL DIARIO LA NACIÓN, A NUESTRAS FUENTES Y, POR SOBRE TODO, A NUESTRAS FAMILIAS! 

¡GRACIAS!

Una fiscalía vacante (e incómoda)

Cinco años y medio después de la salida de su entonces titular, la silla máxima en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) continúa vacante. Ahora, ese vacío amenaza con extenderse por más tiempo. Los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Gerardo Morales impugnaron el pliego del candidato que elevó la Casa Rosada, tras considerar que su elección surgió de un concurso con "arbitrariedades manifiestas" y "vicios graves de procedimiento" y que es, por tanto, "nulo".

Los legisladores radicales presentaron su impugnación el viernes pasado, aunque sólo trascendió ayer. Solicitaron además a la Comisión de Acuerdos que antes de evaluar el pliego del candidato, Sergio Leonardo Rodríguez, solicite a la Procuración que les envíe las carpetas en las que se tramitaron los concursos 81 y 88 para llenar esa vacante, más un tercer concurso, el 89, para comparar las decisiones que se adoptaron ante planteos similares.

Cimadevilla y Morales argumentaron que "brindar acuerdo senatorial a quienes resulten de un concurso afectado por arbitrariedades manifiestas y vicios graves de procedimiento es pretender convalidar decisiones teñidas de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad", ya que entendieron que son "violatorias de las normas esenciales del procedimiento concursal".

Los legisladores concentraron sus observaciones en el proceso en sí del concurso, más que en el candidato seleccionado, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA) que desde hace años es gerente de Asuntos Penales de la Anses.

Aun así, Rodríguez salió al cruce de las críticas al concurso, ya que consideró que "fue tramitado y resuelto de acuerdo con todas las formalidades legales y reglamentarias".
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