De Macri y los buitres, a Kirchner, Lázaro y Cristóbal

El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito. Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López. El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

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Cristóbal, a un paso del concurso de acreedores

Cristóbal López colocó a su petrolera Oil Combustibles a un paso de la convocatoria de acreedores al ordenar a los bancos con los que opera que no le debiten más el dinero requerido para hacer frente a las cuotas mensuales de los planes de pago que acordó con la AFIP. Así, ya no devolverá los $ 8000 millones que adeuda en impuestos.

La indicación de López -conocida en la jerga bancaria como "poner un stop debit" a los pagos desde una cuenta- se produjo en los últimos días. En paralelo, el empresario aceleró los trámites para mudar la sede de la petrolera desde sus oficinas porteñas hasta Comodoro Rivadavia, su pago chico, donde confía en que recibirá un mejor trato judicial.

López y su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, decidieron que sólo pagarán lo que corresponda a partir de ahora por el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en todas sus estaciones de servicio, pero no los $ 8000 millones que adeudan por no haber abonado ese tributo en los últimos años del kirchnerismo. Y, al mismo tiempo, comenzaron a rever sus relaciones comerciales con varios de sus acreedores -a los que les piden tiempo- y proveedores, que replantearon sus condiciones.

Contactados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo indicaron que consultarían a López y a De Sousa, pero hasta anoche no habían respondido. Ambos empresarios les dijeron durante los últimos días a sus allegados que se sentían víctimas de una "persecución política".

Pese al incumplimiento, el stop debit a través de una clave bancaria uniforme (CBU) por esa multimillonaria deuda fiscal no conllevará la caducidad automática de los planes de pago, ya que la letra chica de esos regímenes incluyen un par de meses de gracia. De todas maneras, implica una nueva señal sobre cuál es la estrategia que adoptó el Grupo Indalo.

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Cristóbal, también $ 300 millones de aportes

El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.

Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó LA NACION.

Fabián de Sousa (izquierda) y Cristóbal López

La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.

La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de LA NACION fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos. Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.

¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó LA NACION.

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De bolsos de $$, Báez y el director de la DGI

Acaso sea una mera (e infortunada) coincidencia, pero... Al mismo tiempo que iba y venía con bolsos cargados de dólares, Martín Báez, el hijo del empresario patagónico Lázaro Báez, voló desde y hacia Río Gallegos con el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, en tiempos de Ricardo Echegaray.

¿Cómo es eso?

Martín Báez y Toninelli volaron juntos el jueves 1° de noviembre de 2012 rumbo a la capital santacruceña. Lo hicieron en el avión de los Báez, matrícula LV-ZSZ. Y volaron junto al hijo del funcionario de la AFIP, Federico Toninelli, cuyo estudio colaboraba desde las sombras con la defensa jurídica y contable del dueño de Austral Construcciones.

Así, Martín Báez y los Toninelli protagonizaron un viaje relámpago. El jueves 1° partieron del aeropuerto de San Fernando –conocido en el ambiente por sus controles más laxos– y retornaron al día siguiente, el viernes 2 de noviembre, según surge de los registros de vuelo.

El problema es que, horas después de retornar a Buenos Aires con los Toninelli, según surge de las cámaras de video que difundió Telenoche esta semana, Martín Báez aparece junto al contador de su padre, Daniel Pérez Gadín, contando cerca de US$ 3,5 millones en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero.

Martín Báez, parado, a la izquierda de la imagen, con fajos en su mano.

Pero Martín Báez no se quedó quieto. Porque ese mismo viernes 2, voló otra vez rumbo a Río Gallegos, a bordo del jet LV-ZSZ, que también utilizó el valijero Leonardo Fariña y que tiempo después terminaría por incendiarse.

Esto, en rigor, no debiera ser una sorpresa. Porque el viaje que compartieron los Toninelli y el hijo de Lázaro Báez consta en documentos que recabó la Justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuán incluso aludió a esos periplos cuando le pidió al juez Sebastián Casanello que citara a los Báez a indagatoria.

“Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares”, sostuvo Marijuán, “se demostraría la vinculación entre Jorge Leonardo Fariña, Ángel Rubén Toninelli, Federico Toninelli, Martín Báez y Melina Báez; y todos ellos con el imputado Lázaro Antonio Báez”.

La relación entre los Toninelli y los Báez también comenzó a salir a la luz años atrás, cuando en LA NACION expusimos varios puntos de contacto. Y vale aclarar, Echegaray (hoy en la AGN) siempre reafirmó en su cargo. Entre otros:

- Báez constituyó su domicilio legal para litigar contra la AFIP ante el Tribunal Fiscal en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

- la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, también consignó como el teléfono de su estudio jurídico en ese expediente un número que en algunas guías telefónicas aún figuraba a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

- Báez y su letrada Martínez Naifleisch fijaron su domicilio legal en las oficinas de Toninelli en el expediente administrativo de la AFIP en el que el propio Báez... detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras.

Ángel Toninelli

Molesto con las publicaciones de LA NACION, Toninelli envió entonces una carta al diario, en la que se desligó de cualquier vínculo con los Báez y sostuvo que ignoraba cuál era la cartera de clientes de su hijo, cuya esposa trabajaba a su vez dentro de la AFIP... en el área de litigios.

¿Un par de perlas más?

- el Learjet en que los Toninelli con Martín Báez tiene su propia historia singular. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez lo compró en 2007. Pagó US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión.

- ese mismo avión entraría luego en un cono de sombras cuando Fariña y el ex dueño de “La Rosadita” detallaron cómo se utilizaba para transportar bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay.

- ese mismo avión terminó inutilizado por un incendio.

Y, de remate, dos datos más: Toninelli también aparece en el entramado de las facturas truchas que rodean a Lázaro Báez en Bahía Blanca y que terminaron con el cierre... de la regional Bahía Blanca de la AFIP durante varios meses, Y también, según los datos que empiezan a salir a la luz, resultó decisivo en el entramado que le permitió a Cristóbal López acumular $ 8000 millones de deuda fiscal.

Cristóbal López, $ 8000 millones y la AFIP

Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

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EEUU vs UIF (Sbattella) x Nisman

El corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.

El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.

Washington considera lo ocurrido como un "incidente serio", más aún porque no se trató de un incidente aislado, sino de una conducta reincidente del kirchnerismo. En 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia que la FinCen había enviado a la UIF sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario entonces oficialista Página 12, por lo que cortó relaciones con la unidad, que estaba a cargo de Rosa Falduto.

Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.

El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.

Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como "secreta" llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.

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UIF: otra vez chispas con la FinCen

Por segunda vez en apenas seis años, la unidad antilavado estadounidense (FinCen, en inglés) cortó todo tipo de colaboración con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF). Tomó esa decisión tras verificar que la información confidencial que envió a las entonces autoridades del organismo en Buenos Aires, liderado por José Sbattella, terminó por filtrarse para otros fines.

La cooperación bilateral se cortó en junio de 2015, pero continúa vigente hasta hoy, según reveló ayer el propio gobierno de Estados Unidos al presentar su Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, en inglés).

La FinCen, precisó ese informe, "suspendió el intercambio de información con la UIF debido a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina que la FinCen había compartido con la UIF", y anticipó que Washington evalúa sus "próximos pasos" ante lo que definieron como una "ofensa seria".

Ese mismo informe, elaborado por el Departamento de Estado, recordó que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidente bilateral: "La primera suspensión ocurrió en julio de 2009, y se prolongó durante tres años y medio".

En aquella ocasión, el cortocircuito se produjo cuando información que la FinCen había enviado a la unidad antilavado local sobre el empresario y candidato opositor Francisco de Narváez se publicó en el diario oficialista Página 12, según reveló entonces LA NACION.

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