Sadous, diplomacia paralela & mundo del revés

"Poder es impunidad", sintetizó Alfredo Yabrán, cuando ya se encontraba en el centro de la tormenta por el crimen de José Luis Cabezas y había perdido su activo más preciado: su anonimato. Ahora, la evolución del dogma continúa. Porque no sólo hay que mantenerse impunes, sino castigar en la Justicia a los denunciantes, testigos y arrepentidos.

Eso es, en suma, lo que ocurre por estos días con el embajador Eduardo Sadous, que relató ante la Justicia y ante el Congreso lo que muchos antes había reportado a sus superiores en la Cancillería: sus sospechas e indicios sobre actos de "corrupción" en la relación bileteral con Venezuela. En especial, en los ámbitos comerciales que quedaban bajo la órbita del ministro Julio de Vido.

Su relato se complementó luego con advertencias en la misma línea de un subsecretario de Estado de la Cancillería, Eduardo Sigal, quien redactó varios cables diplomáticos (ver acá y acá; ver imagen abajo) con detalles, nombres y empresas involucradas o perjudicadas por la diplomacia "paralela" de la banda de De Vido (con Claudio Uberti, el del caso Antonini, y José María Olazagasti en primera fila). 

Esa situación también la expuso, en su propio cable, la entonces embajadora en Caracas, Alicia Castro (ver acá); y la relataron numerosos empresarios a LA NACION -en particular, a mí, ver acá-, con precisiones sobre intermediarios, cuentas, montos y porcentajes.

Pero, claro, contarlo en off the record a un periodista (como pasó con muchos de esos empresarios y funcionarios) no es lo mismo que testificar bajo juramento ante la Justicia. Y en un contexto en que denunciantes y testigos como Mario Pontaquarto (en Coimas en el Senado) o el propio Sadous pasaron de denunciantes a denunciados, ¿quién come vidrio?

Conclusión: quien contó la verdad, Sadous, fue ahora procesado por falso testimonio porque nadie salió a corroborar sus dichos entre los funcionarios, diplomáticos y empresarios consultados (obvio: si varios de ellos se hubieran autoincriminado si confirmaban al ex embajador). De hecho, luego un diplomático fue premiado con una embajada, que no le correspondía por su rango.

Sadous ya apeló su procesamiento. Veremos qué ocurre con él. Quizá deba recordarse que, como él, Sigal también fue desplazado de su cargo por quejarse por escrito de la diplomacia "paralela". Y el canciller Jorge Taiana renunció, luego de un reclamo de la Presidenta porque no impidió (¿cómo podía hacerlo?) que Sadous testificara ante el Congreso.

Porque, además, y si a alguien le interesa saberlo, la diplomacia paralela continúa, de la mano del tándem Olazagasti - De Vido. Pero también con una banda de abogados y empresarios que deambulan por los meandros del poder político. Acaso Diego Armando Maradona, por ejemplo, pueda contar ciertos detalles de cómo llegó hasta el presidente Nicolás Maduro (ver acá y acá).

Yabrán era un perejil (y que se prepare Pontaquarto, porque ahora intentarán ir por él y por la causa "Coimas en el Senado)...

pd: más datos sobre el procesamiento de Sadous, acá y acá.

El caso Ciccone y las "pavadas" de Boudou

"Pavadas". A eso se resume, según el vicepresidente, Amado Boudou, el "caso Ciccone".

El video no tiene desperdicio. Le adjudica al fin de las AFJP todo el enchastre que lo tiene como protagonista (en ese caso, ¿por qué con él y no con las figuras determinantes de aquella iniciativa?). Dice que se presentó ante el Juzgado (no aclara que por escrito, no en persona) y que dio sus explicaciones (no aclara que lo hizo de manera tan confusa y errónea que tuvo que presentar un escrito aclaratorio cuando su versión sobre las tierras paraguayas de su abuelo, por ejemplo, amenazaban con embarrarlo aún más). Y que todo es, en suma, "pavadas que se dicen".

Para disfrutar, en especial, entre los minutos 2 y 4.

"Pavadas", pues. Pero todo lo que sube, baja; basta con preguntarles a Ricardo Jaime y, en especial, a María Julia Alsogaray y a Felisa Miceli...

Ciccone - ahí les va esta denuncia

Ahora sí, la guerra es casi, casi, total. (Qué lindo cuando al fin vuelen los tortazos, si es que eso algún día ocurre).

Sólo días después de que la familia Ciccone acudió a la Justicia con un amparo contra la expropiación de la imprenta llegó la respuesta del Gobierno. Radicó una denuncia por el presunto vaciamiento de la compañía cuando ya afrontaba el concurso preventivo de acreedores, como así también un supuesto lavado millonario de activos ilícitos.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó la denuncia como interventor de la empresa, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a la que consideró que los Ciccone intentaron vaciar con prácticas propias de una supuesta administración fraudulenta.

Algunos nombres ya quedaron bajo la lupa. En su denuncia, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta –Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los hermanos fundadores, Nicolás Ciccone–, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones bajo sospecha. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado ya fallecido que era de extrema confianza de la familia fundadora, Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Schmid.

Ahora, con la denuncia penal del Gobierno llegó el último capítulo en los Tribunales, aunque fuera de la presentación oficial quedaron Vandenbroele, “nuevo accionista” y luego sólo presidente de The Old Fund, y el supuesto dueño de ese fondo, Guillermo Reinwick, el otro yerno de Nicolás Ciccone. 

Desde que estalló el escándalo, Reinwick se mantiene en silencio. Sólo apareció en una solicitada pública, el 29 de febrero de 2012, que él dejó trascender que jamás firmó.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

"¡Cerrame la IGJ!"

“¡Cerrame la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).

Ahora, en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro público.

El primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

O dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.