Presionada por la investigación de la Defensoría del Pueblo, la Cancillería terminó por contestar, por escrito, que “el tratado [bilateral firmado por la Argentina y Venezuela] no ha atribuido funciones de gestor de negocio o agente de comercio exterior a persona física alguna”.
Eso se contrapone, como bien remarca una gran periodista, Luciana Geuna, con el email que la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas (Cafma) envió a sus asociados. Les comunicó que debían aceptar, en una virtual imposición, a la intermediaria Palmat que, sin explicar para qué, les fijó una comisión del 15 por ciento.
Esa respuesta de la Cancillería, remarca Luciana, tomó su tiempo y sus vueltas previas. Sólo luego, en tiempos del ministro Jorge Taiana, y bajo presión, reconoció lo que reconoció.
pd: más datos, acá.
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