Fechado el lunes 8 de noviembre de 2010, el dictamen del
director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José
Guillermo Capdevila, fue contundente. Tanto al oponerse a que el ministro Amado
Boudou opinara sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone Calcográfica como
al consignar que los datos con los que avanzaba la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) eran, cuando menos, escasos e insuficientes.
Capdevila detalló, entre otros faltantes, que en el
expediente de la AFIP no constaba el dictamen del área jurídica del propio
organismo recaudador, el testimonio o una copia certificada de la sentencia que
verificara sus créditos en el expediente judicial de la quiebra, o siquiera
"un informe sobre el estado de la causa". Por lo tanto, estimó,
"la opinión a verter se encuentra limitada".
A lo largo de los siguientes doce párrafos del dictamen DGAJ
222.012, Capdevila expuso además la incompetencia de Boudou para opinar sobre
Ciccone y las facultades propias con las que contaba Echegaray para decidir por
sí solo.
pd: el resto de la nota publicada ayer en LA NACIÓN, acá.
No hay comentarios:
Publicar un comentario