Más problemas para la misteriosa The Old Fund. Tras revisar
cientos de páginas de documentos, la sindicatura que controla el resurgimiento
de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica alertó que el contrato que une a
ambas sociedades debió contar con una autorización judicial previa ya que, por
sus características singulares, podría encontrarse prohibido.
(Así las cosas, el contrato tiene más dudas que la Chiqui Legrand: "¿Lo digo o no lo digo? Hmmm").
El planteo de la sindicatura se centra en el contrato que
sellaron The Old Fund y la ex Ciccone, por el que a cambio de recibir $ 50
millones la imprenta cedió todos sus derechos de cobro sobre toda su
facturación a la sociedad cuyo único rostro visible desde que estalló el
escándalo es Alejandro Vandenbroele, al que la Justicia investiga como presunto
testaferro del vicepresidente Amado Boudou.
La conclusión de la sindicatura sumó así otra complicación para The Old Fund –cuyos verdaderos dueños y el origen de esos $ 50 millones aún permanecen en las sombras–, luego de que LA NACION reveló en su edición de ayer que su legajo societario de desapareció –o alguien se lo robó– de la Inspección General de Justicia (IGJ), el órgano dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación que está a cargo de controlar las sociedades en el ámbito nacional y porteño.
pd: el resto de la notita publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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