Para el fiscal antilavado, "es difícil investigar al poder"

"Es difícil investigar al poder", dice Carlos Gonella.

Y si lo dice él...

Titular de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Gonella es protagonista, para bien o para mal, de algunas de las investigaciones judiciales sobre lavado más sensibles y relevantes que se registraron en el país durante la última década.



En 2009, Gonella logró la primera condena contra el lavado en la historia del país y ahora acaba de lograr el procesamiento de un supuesto narcotraficante y el embargo de sus bienes por $ 750 millones y otros $ 500 millones sobre los de su esposa. Pero ése es su currículum positivo. También arrastra su propio procesamiento, confirmado ya por la Cámara Federal, que consideró probado que protegió a Lázaro Báez cuando estalló el escándalo con el financista Federico Elaskar y el valijero Leonardo Fariña.

Según Gonella, eso no es verdad. "De ninguna manera. Ése es un caso que se ha politizado, un caso resonante que se mediatizó", y destacó que la Procelac actuó de oficio sólo horas después de que Elaskar y Fariña aparecieron en el programa Periodismo para todos, de Jorge Lanata, el domingo 13 de abril de 2013, y envió el material a la Justicia apenas cinco días después. "Se cursó la imputación contra Elaskar y Fariña, y se dejó abierta con respecto al resto de las personas", insistió, en una entrevista dentro del ciclo Conversaciones, de LA NACION.

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Hotesur - un largo camino hacia los Kirchner

El juez federal Claudio Bonadío dejó atrás ayer el primero de los varios escollos que afronta para investigar la operatoria hotelera de la familia Kirchner y la ruta del dinero que la une con dos de los empresarios más controvertidos de la última década: Lázaro Báez y Cristóbal López.

La Cámara de Casación Penal se encargó de ese primer escollo. Lo confirmó al frente del "caso Hotesur" -como se llama la sociedad controlante del hotel Alto Calafate-, a pesar de los esfuerzos por recusarlo por la supuesta vulneración de los derechos de defensa de los imputados.

Sin embargo, el juez afronta aún al menos otros dos desafíos. El primero es un intento que llegó del Sur para quitarle la pesquisa por razones de competencia. El objetivo es que Bonadio se desprenda del expediente y lo envíe a Río Gallegos. El segundo pasa por el rol que debe asumir -o no- el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien semanas atrás se tomó una licencia inesperada.

¿Por qué tantas dificultades alrededor de esta investigación? Porque si Bonadio retiene el expediente, avanzará sobre Máximo Kirchner. Y más tarde o más temprano lo citará a indagatoria.

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Web TV, ¡allá vamos!

Bueno, llegó el día.

A partir de hoy en @lanacioncom comenzamos con #ConversacionesLN, nuestro ciclo de entrevistas por #WebTV

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Un atisbo a las guerras intestinas de la ex Side

Hay un expediente en el que duerme una larga lista de potenciales escándalos: sobornos a jueces, amenazas de carpetazos entre funcionarios, seguimientos a periodistas, vínculos ocultos con barrabravas, testigos falsos en el juicio por la tragedia de Once, el rol del teniente general César Milani en tareas de inteligencia interna, datos sobre el titular de la Corte y cruces de facturas dentro de la ex SIDE, entre otros.

Ese expediente se encuentra en manos del juez federal Sergio Torres. Comenzó hace tres años, incluye 82 carpetas con 16.400 fojas de transcripciones telefónicas que se acumularon hasta agosto pasado y aporta indicios sobre la disputa entre dos referentes de los espías: Antonio "Jaime" Stiuso y Fernando Pocino.

Tras revisar ese material, el fiscal federal Federico Delgado recomendó anteayer al juez que informe de inmediato sobre esos hallazgos al Congreso y a la Casa Rosada para que evalúen qué hacer. También le planteó al juez que archive la causa, pero que extraiga testimonios para que otros jueces investiguen y determinen si se cometieron delitos.

La causa madre se inició en octubre de 2011, cuando la ex SIDE le pidió a Torres que autorizara la intervención de teléfonos y una cuenta de correo electrónico. Todas vinculadas a la firma Dark Star Security, a la que acusó de "desarrollar tareas de espionaje y contraespionaje en beneficio de una potencia extranjera".

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AFIP & Lázaro, una combinación explosiva

El fiscal federal Guillermo Marijuan acusó ayer de manera formal a los máximos responsables de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la supuesta protección delictual que le habrían brindado al empresario patagónico Lázaro Báez durante los últimos años.

Marijuan tomó la decisión de imputar a una decena de funcionarios que cumplen o cumplieron funciones en Buenos Aires -como Ricardo Echegaray y Angel Toninelli, entre otros-, Río Gallegos -donde la jefa de la regional es la cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García- y Comodoro Rivadavia.

Las imputaciones quedaron así formalizadas en dos causas penales que se instruyen de manera simultánea en los tribunales de Comodoro Py. Una está a cargo del juez federal Sebastián Casanello; la otra, en manos de su colega Norberto Oyarbide.

Toninelli (izq.) y Echegaray, juntos por Báez

Ambas investigaciones se iniciaron con presentaciones que radicaron legisladores de la oposición. Oyarbide recibió la denuncia de los diputados nacionales Patricia Bullrich, Federico Pinedo y Laura Alonso, quienes expusieron una presunta "operatoria llevada a cabo desde el organismo recaudador para proteger y encubrir" a Báez.

Casanello, por su parte, tomó la denuncia de la también diputada nacional Margarita Stolbizer, quien sostuvo que la AFIP "únicamente investigó a las empresas emisoras de las facturas falsas" que se detectaron en Bahía Blanca, "evitando cualquier tipo de control sobre la empresa Austral Construcciones".

En ambos casos, Marijuan consideró que existen méritos suficientes para abrir las investigaciones, disponer las primeras medidas de prueba e imputar los presuntos delitos a los funcionarios que habrían intervenido.

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IGJ - el legajo no aparece (irregularidades sobran)

La misteriosa desaparición del legajo societario de The Old Fund dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) en pleno estallido del caso Ciccone es un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. Ahora, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) reveló las múltiples fallas que detectó en el sumario que abrió ese organismo para determinar cómo ocurrió el robo o extravío, pero que terminó por reflejar los esfuerzos oficiales por tapar todo.

"Deberá volver a reconstruirse el legajo, ya que la reconstrucción no se ha realizado correctamente, según informes que surgen del propio sumario", alertó la Fiscalía, que indicó que el legajo "tendría que tener 22 hojas, mientras que el trámite por el que se tiene por reconstruido cuenta sólo de tres hojas", remarcó uno de los fiscales que integran la FIA, Ricardo Renom, y analizó las actuaciones.

Las objeciones de Renom constan en un informe de la Fiscalía, el órgano de la Procuración que por ley debe investigar actos de corrupción y las irregularidades cometidas por el personal de la administración pública, cuya copia obtuvo LA NACIÓN.

El informe aparece fechado el 19 de noviembre pasado, pero sólo se conoció ahora y de manera fortuita, anexado a un expediente que, a su vez, obtuvo la Justicia durante su investigación sobre la IGJ, el organismo que debe controlar a las sociedades locales o extranjeras, asociaciones y fundaciones que se registran en la ciudad de Buenos Aires, pero que dependen del Ministerio de Justicia nacional.

A lo largo de 12 carillas, el fiscal Renom reflejó inconsistencias, lagunas y faltantes en el sumario interno de la IGJ, y reclamó respuestas rápidas. "Esta FIA considera de vital importancia que se imprima la máxima urgencia a la reconstrucción, practicando las averiguaciones conducentes a ese fin para lograrla", exhortó.

Cuatro meses y medio después del dictamen de la Fiscalía, sin embargo, la IGJ no siguió sus recomendaciones ni corrigió el sumario. Por el contrario, se presentó ante la Justicia, donde pidió ser querellante en la investigación sobre las desapariciones de ese legajo y el de la ex Ciccone, por los que responsabiliza a la ex directora del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez -quien ya colaboró con la Justicia en dos investigaciones y asesora a la diputada Margarita Stolbizer-; al jefe del Archivo, Guillermo Agüero, y a otro empleado de esa área.

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El exilio de Stiuso, que teme y espera

Antonio "Jaime" Stiuso calla y espera. Quienes aún mantienen contacto con él afirman que el hombre que dominó los hilos de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante todo el kirchnerismo espera el momento adecuado para iniciar lo que mejor sabe hacer desde hace décadas: operaciones de contraofensiva.

El Gobierno lo citó para que pasado mañana se presente en la sede de la central de inteligencia para "dar explicaciones" sobre su vínculo con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Pero muy pocos creen que lo vaya a hacer. Casi todos aseguran que no está en el país, tal como afirmó su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. Y dicen que por ahora no piensa volver, ¿desde Miami? Otros se preguntan si se cuida solo o, como cuentan sus allegados, acaso como maniobra de distracción, lo custodian servicios extranjeros con los que supo trabar buena relación.

Stiuso está convencido de que si reaparece ahora, el Gobierno buscará meterlo preso. También teme terminar muerto. Como Pedro "el Lauchón" Viale, otro agente de la ex SIDE de su máxima confianza, que murió regado de balas del Grupo Halcón, de la policía bonaerense, en un operativo de julio de 2013 que la Justicia sospecha que fue un asesinato apenas disimulado.

Stiuso, "Jaime" o "Aldo Stiles" -su nombre oficial como espía-, ahora ex director general de Operaciones de la SIDE, sabe mucho de todas estas cosas, dicen seis fuentes que lo conocen -tres de las cuales aún mantienen contacto con él- y que accedieron a dialogar con LA NACIÓN bajo estricta reserva de sus nombres.

Sabe de operativos legales y de los inconfesables, de aprietes y de muertes. Por eso calla y espera su momento, cuando sólo pasaron unos días desde que la Cámara Federal confirmó la desestimación de la denuncia de Nisman contra la Presidenta y otros funcionarios por el pacto con Irán.

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La purga de la ex SIDE llegò a la AFIP

Sin respaldo ya de la ex Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), estaba al caer. Y cayó. Andrés Vázquez, el funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se encargó durante años de proteger a empresarios cercanos al poder, como Lázaro Báez y Cristóbal López, fue desplazado este lunes de la estratégica Regional Sur Metropolitana del organismo.

El titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenó su desplazamiento como parte de una "rotación de directores" que comunicó mediante la resolución 158/15. La presentó como una cuestión de "decisión estratégica de gestión y administración de los recursos humanos de la organización". Y el primer nombre de la breve lista de cinco funcionarios es Vázquez.

Echegaray mantuvo siempre una tensa relación con Vázquez, quien solía ufanarse de puentear si era necesario al jefe de la AFIP y responder sólo a órdenes de "Presidencia", con escala en la ex SIDE de Francisco Larcher y Antonio "Jaime" Stiuso. Ahora, la Regional Sur Metropolitana quedará en manos de otro hombre de "la Casa", Néstor del Cuadro, quien tras casi un cuarto de siglo en el organismo registra su último paso por el área de auditoría.

Tanto Báez como Vázquez integraron durante años un complejo entramado con múltiples ramificaciones, en el que también aparecen Ernesto Clarens, el financista de confianza de Néstor Kirchner, y el tributarista Horacio Díaz Sieiro, según reconstruyó LA NACION dentro de la AFIP, del Tribunal Fiscal y del sector financiero.

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