Oficina Anticorrupción, ruinoso presente

La antenita, imantada, se adhiere a la bisagra superior de una puerta que no abre. Cuando capta la señal -porque de a ratos resulta una ilusión-, deja ver las señales de la televisión digital abierta (TDA). Y lo poco que llega hay que verlo en una tele gris y cuadrada de principios de los 90, época de la videocassetera que sobrevive a su lado. Ambas reliquias dominan el despacho de quien fue el titular kirchnerista de la Oficina Anticorrupción (OA) hasta hace unos días, Julio Vitobello, que también dejó al marcharse una computadora de hace 10 años a la que nunca actualizaron el sistema operativo y cuyo antivirus está vencido. A su lado, la plantilla sobre la que reposa su mouse... es un almanaque de 2009.

Creada por el gobierno de la Alianza en 1999 para relanzar la ética en la administración pública y ponerle un freno a las tentaciones tras la "fiesta menemista", los tiempos dorados de la Oficina Anticorrupción duraron poco. Su ocaso comenzó incluso antes de la caída de Fernando de la Rúa en 2001, hasta llegar al cuadro actual, casi terminal. Porque el desinterés del kirchnerismo por combatir la corrupción desde las entrañas del Ejecutivo se refleja en la OA. Tanto si se observan sus grandes números, como sus detalles, muchos de los cuales recién ahora salen a la luz.

Cuestión de prioridades, en su último año como presidenta, Cristina Kirchner destinó 140 veces más dinero a Fútbol para Todos que a la Oficina Anticorrupción. En contante y sonante: $1800 millones versus $13 millones. La contundencia de los números no se agota allí. La planta de personal de la Oficina es de 95 empleados, de los que sólo 8 figuran en planta permanente. El resto se reparte entre transitorios y contratados. De hecho, el último concurso para nombrar nuevo personal languideció en 2007 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo dejó sin efecto.

Incluso la distribución de esos pocos empleados resultó sintomática: 6 de los 95 estaban para asistir a Vitobello, ya fueran como secretarias privadas (4) o como choferes (2), en tanto que otros 6 corresponden a maestranza e intendencia. Mientras tanto, el área de Investigaciones contaba con apenas 2 contadores y el área de Transparencia con sólo un "analista contable".

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Entrevista con Poder Ciudadano

Entrevista a Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano: "Los organismos de control fueron desarticulados en estos últimos años".

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Justicia y corrupción: ayer, 2015 y después

Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.

Segundo acto. Semanas después, el operador y el periodista coinciden en la puerta del despacho del mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba entrar, pero opta por dialogar con el operador. El operador le anticipa que en tres meses el juez cerrará "la" causa penal.

Tercer acto. Tres meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. Los fiscales no apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos Inocentes.

Esto que cuento sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio abanico similar, que resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos y oídos del periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han enviado fotos suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. Testigos a los que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.

Peritos que han firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.

También conozco muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por cuestiones de mi trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de pedir coimas ya calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al abogado, al fiscal y al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una investigación penal. Que más que investigación será, por tanto, una parodia.

Hay muchos jueces y fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, de los que hasta mandan señales de complicidad a los acusados mediante el color de las corbatas que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. O un prendedor en la solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el enlace en las sombras para que el acusado al que le han pedido "que se ponga" sepa que el requirente no vende humo, sino que es, efectivamente, un emisario de Su Señoría.

Y así, mientras la Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones de gallinas, se hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, empresarios o sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la billetera, rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.

Así las cosas, ¿no hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien pueda o tenga los billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este panorama?

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Boudou - tres versiones para un Honda

Tres relatos, tres versiones contradictorias. El vicepresidente Amado Boudou presentó ante la Justicia su tercera versión de cómo y cuándo adquirió un pequeño y llamativo automóvil descapotable en los años ’90 y quién o quiénes lo utilizaron desde entonces, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

Boudou ofreció su tercer relato sobre ese auto como parte de un escrito defensivo de 60 carillas que presentó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita el juez federal Ariel Lijo. Además de revelar la existencia de un supuesto campo de 62.000 hectáreas en Paraguay, afirmó que el auto quedó en manos de uno de sus hermanos, que fue el que en realidad lo usó. Pero eso choca con lo que antes dijo ante la Justicia de Mar del Plata, ante otro juez federal, Claudio Bonadío, y ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El centro de la discordia es un Honda CRX Del Sol, modelo 92 [foto, arriba], que en el mercado vale hoy entre 58.000 y 100.000 pesos, según sea su estado y nivel de equipamiento, que puede incluir un techo duro desmontable que lo convierte en descapotable. De color rojo, múltiples testigos recuerdan al hoy vicepresidente mientras lo conducía por las calles de Mar del Plata, aunque también se lo prestaba a Sergio Gustavo Martínez. Es decir, el prófugo de la Justicia de Estados Unidos que luego figuró como el socio minoritario de The Old Fund cuando desembarcó en la ex Ciccone.

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Boudou / 71 = lo que declara ante la OA

En las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción, el vicepresidente Amado Boudou adjudicó a sus acciones en la sociedad Inversiones Inmobiliarias Aspen SA un valor 71 veces más bajo al que le otorgó a esa firma en los balances presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), según consta en los documentos obrantes en ambos organismos.

Esa disparidad, aunque no de tal magnitud, se replica en la otra sociedad que Boudou reconoce: Hábitat Natural. En su última declaración ante la OA, correspondiente a 2011 pero que entregó este año, informó que el valor total de su participación llegaba a $ 140.040. Pero en el balance cerrado a fines de 2010 y con memoria fechada en abril de 2011, indicó que el capital integrado es de $ 720.000 (que divide por mitades con su socio José María Núñez Carmona).

Las diferencias en Aspen son más pronunciadas. Ante la OA, Boudou siempre cifró su participación en $ 6000, por su 50%, mientras que la otra mitad le pertenece a Núñez Carmona. Pero ante la ante la IGJ, el ex ministro de Economía estimó que su participación trepaba, por ese mismo 50%, a $ 426.550.

Ambas sociedades destinadas a la actividad inmobiliaria explican el buen pasar económico del vicepresidente, según explicaron sus abogados Diego Pirota y Eduardo Durañona, en un escrito que presentó el viernes ante la Justicia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Ante la IGJ, el funcionario expuso otros datos discordantes sobre Inversiones Inmobiliarias Aspen. Así consta en los balances que solicitó LA NACION a la IGJ, que rechazó su pedido tras argumentar que carecía de "interés legítimo" para obtenerlos. Aun así este diario los consiguió.

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Un cisne negro (o tres visiones K)

Visión 1: el kirchnerismo va por todo. Ya se comió la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción, y ahora va por la Auditoría General de la Nación, para que sea como la Sindicatura General (Sigen) y lo mismo procura en el Consejo de la Magistratura. En suma, esto viene mal. Casi que es el final de los tiempos.

Visión 2: el kirchnerismo sólo avanza hasta donde lo dejan. Hasta donde REALMENTE lo dejan. Porque el radicalismo, solo, solito, se encargó de no renovarle el mandato de Leandro Despouy en la AGN durante 2010 y le ofreció la oportunidad al oficialismo. Lo mismo que ocurrió en el Consejo de la Magistratura con el consejero del PRO (Alejandro Fargosi) que con su voto destrabó el nombramiento de cuatro jueces federales de Comodoro Py. Y puedo continuar con tantísimos ejemplos en esa misma línea. Como antes ocurrió, también entre el radicalismo y el peronismo, con el Pacto de Olivos como epítome.

Visión 3: ¿y si tanto énfasis K en los medios de comunicación que no le son afines no tiene tanto que ver con la libertad de prensa o la información incómoda que ventilan sobre el Gobierno, sino con la necesidad oficialista de encontrar a un tercero, ajeno, al que pueda demonizarse y achacarle las pifiadas propias (como ocurrió, por ejemplo y sólo durante los últimos días, tras los derrapes en Harvard y con los reajustes salariales en las fuerzas de seguridad)?

Meras visiones que se me ocurren. O, para mayor precisión, divagues propios de un "divagante". Mejor volvamos con nuestra programación habitual.

Lo que una declaración jurada no declara

Con sus cuentas pesificadas, como ordenó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el patrimonio del vicepresidente Amado Boudou sumó una nueva moto durante 2011 y llegó a poco más de $ 1 millón. Aumentó así apenas 4,6% con respecto al año anterior según surge de la declaración jurada que presentó el viernes ante la Oficina Anticorrupción.

El patrimonio de Boudou llegó a $ 1.070.836 e incluye un departamento en Puerto Madero, tres motos de colección, un auto Audi A4 modelo 2008, más de $ 230.000 depositados en varias cuentas bancarias y el 50% de dos sociedades anónimas que comparte con su amigo de la infancia, José María "Nariga" Núñez Carmona, cuyo presunto rol en el “caso Ciccone” es investigado desde hace seis meses por la Justicia penal.

A diferencia de 2010, no obstante, Boudou incluyó a su pareja, Agustina Kampfer [foto, juntos, arriba] , como “cónyuge” y debió detallar sus cuentas. Ella aportó otra moto Harley Davidson y otro departamento de 106 metros cuadrados en Palermo. Detalló que lo compró en 2010 por $ 475.200 con “ingresos propios y préstamos” por $ 357.300 (no precisó de qué banco o acreedor), aunque declaró ingresos por $ 72.000 al año como monotributista.

Tras declarar que trabaja 84 horas semanales como vicepresidente –el equivalente a 12 horas cada uno de los siete días de la semana o 14 horas de lunes a sábados–, la presentación de Boudou aportó datos singulares. Entre otros, que cambió la fecha en que dijo haber adquirido su primer auto, que ya le generó una causa penal y un reclamo civil de su ex esposa.

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Boudou - y también por el tutú

El vicepresidente Amado Boudou cosechó ayer una nueva denuncia penal en su contra. Esta vez, por la presunta falsedad del contenido de la declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA). ¿El motivo? Porque habría antedatado la fecha en que compró un automóvil -que hoy puede valer unos $ 50.000- para que apareciera como “bien propio” en vez de “bien ganancial” y así excluirlo de la repartición de bienes de su divorcio.

La denuncia, radicada por el secretario general del Partido Socialista Auténtico (PSA), Mario Mazzitelli, quedó en manos del juez federal Julián Ercolini, quien deberá investigar la presunta omisión maliciosa de datos según el artículo 268 del Código Penal, que prevé penas de 15 días a 2 años de prisión, más inhabilitación especial perpetua para ocupar un cargo público.

Mazzitelli detalló que basó su denuncia en los datos ya verificados en otra causa penal abierta contra el ex ministro de Economía que tramita el juez federal Claudio Bonadío, que investiga a su vez la presunta falsificación de los documentos del automóvil Honda, modelo CRX Del Sol. En ese expediente, entre otros documentos incorporados consta que Boudou afirmó que compró ese descapotable, lo cual resultaba imposible, ya que ni siquiera se encontraba en el país.

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