Mensalao - la encrucijada brasileña

Cinco años después de haber recibido la denuncia, el Tribunal Supremo brasileño ha empezado este miércoles a dirimir el caso de corrupción conocido como "mensalao" (la mensualidad), que a punto estuvo de costarle el cargo al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2005. Se trata del mayor caso de corrupción política en la historia democrática del país, que juzga supuestos desvíos de fondos públicos para sobornos en el Congreso y financiación ilegal de campañas.

Entre los implicados figura el poderoso Partido de los Trabajadores (PT), en el que militan el propio Lula y la actual presidenta, Dilma Rousseff. Aunque el tribunal todavía no había dictado el fallo, la mayoría de los once magistrados del colegio ya habían pronunciado anoche su voto de condena para los cinco acusados sometidos a juicio en esta primera fase del proceso. En total, hay 38 personas sentadas en el banquillo.

Los procesados formaban parte, en palabras del Procurador General de la República, Roberto Gurgel, del “más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y de desvío de dinero público de la historia de Brasil”. Gurgel remitió al Supremo 44.265 páginas repletas de lo que considera como “pruebas documentales” para solicitar la apertura del juicio. 

Lo que se juzga es el escándalo político-financiero bautizado como mensalão (mensualidad).El caso fue destapado por el exdiputado Roberto Jefferson, otro de los acusados y actual presidente del Partido Laborista Brasileño, quien en junio de 2005 hizo público que el PT le había pagado cuatro millones de reales (1,6 millones de euros) por apoyar esa formación al Gobierno de Lula.

Según varios analistas, del resultado de la sentencia puede depender el futuro de Brasil, o, como ha escrito el sociólogo y expresidente Fernando Henrique Cardoso, puede suponer un cambio “en la cultura del país”. El exmandatario apunta que una condena contra los acusados, o por lo menos contra los más importantes y representativos —entre ellos toda la antigua cúpula del gobernante Partido de los Trabajadores—, pondrá un punto final a la cultura de la corrupción y de la impunidad política que aflige al país. Por el contrario, la absolución enviaría a la sociedad el mensaje de que en política vale todo, incluso adueñarse de millones de euros procedentes de las arcas públicas para comprar votos en el Congreso y el Senado.

pd: más datos en dos artículos publicados en El País, acá y acá.