Las facturas y contratos
firmados por el intermediario clave en la presunta compra con sobornos de los
activos en la Argentina de la petrolera estatal brasileña Petrobras por el
empresario Cristóbal López presentan serias inconsistencias y contradicciones evidentes,
según surge de la revisión de tres contadores forenses a los que consultó LA
NACION.
Las supuestas irregularidades se centran en los documentos que firmó el
operador Jorge Rottemberg, quien cobró al menos US$ 8,8 millones de López, pero
que en 24 horas transfirió sus derechos de cobrar esa fortuna a terceros mediante un “contrato de cesión de derechos al cobro”.
Ex colaborador de José Luis Manzano y muy vinculado al actual ministro
de Agricultura, Norberto Yahuar, Rottemberg completó esa cesión a través de su
firma uruguaya Millfox Trading a un estudio brasileño. Todo eso, según los
contadores, debería disparar una revisión profunda por sabuesos de la
Administración Federal de Ingresos (AFIP).
Desde el Grupo Indalo, sin embargo, desmintieron posibles
irregularidades en la operación. Consideran la denuncia como parte de una
“interna” entre políticos y ejecutivos brasileños de Petrobras que los tiene
como terceros afectados. Y ante el pedido de LA NACION, entregaron copias de
facturas y recibos de la operación y balances de la empresa Oil Combustibles SA.
Para el presidente de la ONG “Contadores Forenses”, Alfredo Popritkin,
no obstante, algunas de las “contradicciones” se encuentran en ese “contrato de
cesión”. Rottemberg lo firmó con el estudio vinculado al operador Joao Augusto
Henriques, quien admitió los sobornos ante la revista brasileña Época.
Para empezar, afirmó Popritkin, porque en ese contrato “no se describe
mínimamente el tipo de servicios y honorarios que generan comisiones y
honorarios por hasta 10 millones de dólares, suma que representa más del 20% de
la operación principal”.
Ex perito contador de la Corte Suprema, Popritkin también remarcó que,
según ese contrato de cesión “cuanto más baja resulte el precio de la
transacción, mayor es la comisión y honorarios, lo que resulta inusual en
operaciones legítimas”. También, porque establece que Rottemberg no percibiría
una retribución si no se concretaba la operación “lo que hace pensar que no se
trata de un trabajo profesional sino de un pago con destino final a quienes
aprueben la venta de la refinería y estaciones de servicio”.
Un segundo perito contador forense también expuso que en ese contrato de
cesión falta la constancia de pago del impuesto de sellos en la ciudad de
Buenos Aires, donde se consigna que se firmó, y que le daría fecha cierta.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
