Hotesur - contadores de Lázaro al mando

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas.

Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Pero no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate. También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

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IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

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Hotesur - sin reporte antilavado desde IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad de la familia Kirchner Hotesur SA, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Pero para el organismo que depende del Ministerio de Justicia se trató de apenas una "falta administrativa leve", punible con una multa.

La obligación de emitir esa alerta surge de dos resoluciones de la UIF y de un manual de procedimientos que emitió la IGJ. Las tres normativas imponen reportar a las autoridades antilavado cuando una sociedad oculta información interna que está obligada a entregar o entrega datos falsos. Por ejemplo, sobre su domicilio, sus balances o sus beneficiarios finales.

Ese reporte de operación sospechosa (ROS) debió abarcar a la sociedad en sí, Hotesur SA, como también a sus accionistas, de modo de abrirle la puerta a la UIF para que analizara por su cuenta si correspondía iniciar una investigación por presunto lavado.

La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una "persona políticamente expuesta", como la presidenta Cristina Kirchner y sus familiares.

Sin embargo, la posición oficial sobre la sociedad hotelera de la familia Kirchner es una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", según la caracterizó anteayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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Hotesur irregular; Máximo protagonista

El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.

"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

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Hotesur & IGJ - inconsistencias expuestas

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.

La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.

Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.

Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.

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Hotesur - una firma clave, en una trama millonaria

Dos son las sociedades clave para entender el entramado de negocios y sospechas que une a Cristina Kirchner con el empresario patagónico Lázaro Báez. Una es Hotesur; la otra, Valle Mitre. Y ambas se encuentran bajo la lupa judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria, y otras figuras que se ciernen sobre los funcionarios que deberían controlarlas.

Hotesur SA es la firma que con que la familia Kirchner controla sus hoteles en el Sur. El más importante es el Alto Calafate. Pero sus números se mantienen en las sombras. Entre otros motivos, porque incumplió con varias exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debe controlar a las sociedades creadas o domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, y que depende del Ministerio de Justicia.

Valle Mitre SA, en tanto, pertenece a Báez. ¿Por qué es relevante esa firma? Porque durante años se encargó de gerenciar los hoteles de la Presidenta y garantizarle ingresos multimillonarios a través de los contratos que firmaron al menos ocho empresas del propio Báez para pagar cientos de habitaciones sin jamás usarlas, tal como reveló LA NACION en diciembre y enero pasados.

¿Cómo era esa operatoria? Ocho firmas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta superar las 1100 habitaciones por mes durante años, que él pagó, sin obtener una tarifa corporativa ni descuento alguno y sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas o si se trataba de temporada alta o baja.

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Di Pietro: "Poner lo que hay que poner"

Hubo un tiempo en que Antonio Di Pietro anduvo por el mundo con otro nombre. "Marco Canale" decía su otro pasaporte, con el que se escondió durante meses en Costa Rica, lejos de las amenazas de muerte de aquellos que asesinaron a dos amigos: los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Los tres, junto a un puñado de jueces y fiscales más, habían dado forma al Mani Pulite, la investigación que marcó a Italia para siempre.

"Fue un alineamiento astral", sintetiza Di Pietro. "En aquel contexto histórico, se dio una situación única, sin egoísmos ni celos, donde cada uno tenía su propio espacio", resume, café de por medio con LA NACION. Unidos decidieron avanzar, en 1992, sobre la corrupta clase dirigente de políticos y empresarios que protagonizaron lo que en Italia se llamó "tangentópoli" o "la ciudad de los sobornos". En cuestión de sólo unos meses comenzaron las amenazas y los asesinatos, pero también el derrumbe estrepitoso de toda la partidocracia peninsular.

De paso por Buenos Aires, Di Pietro observa similares rasgos de "cleptocracia" en la dirigencia local. Por eso, plantea que la sociedad argentina debe presionar a los precandidatos presidenciales para que combatan la corrupción. Y a los fiscales y jueces criollos, para que pongan "lo que hay que poner".

"La lucha contra la corrupción impone múltiples factores. Lo primero es fijar penas adecuadas para los delitos de corrupción, balances falsos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros", enumera. "La pena prevista en el artículo 256 de su Código Penal es ridícula", ejemplifica con el "cohecho", que va de 1 a 6 años. "Con eso sólo se genera la certeza de la impunidad."

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Lázaro y EEUU - se abre una incógnita

La justicia argentina lanzó una botella al mar. Le pidió a Estados Unidos que le informe si el empresario Lázaro Báez, su familia y sus colaboradores poseen bienes, sociedades o cuentas bancarias en ese país. Es muy difícil que así sea. O que la operatoria de Báez en la superpotencia sea tan evidente. O, incluso así, que Washington alguna vez responda ese pedido.

¿Por qué son tan bajas las expectativas? Porque dependerá de múltiples factores. El más relevante de todos, que Báez y su entorno hayan cometido algún error grosero.

Por supuesto, siempre existe esa última y devastadora opción: que Estados Unidos sí le conteste a la Justicia argentina, que informe que Báez o su círculo íntimo sí registra allí bienes, sociedades o cuentas -algo que una y otra vez sus voceros desmienten de manera categórica-. Y encima que Estados Unidos exponga que Lázaro ha sido tan torpe como para dejar sus dedos pegados. Pero es casi imposible. Aunque nunca se sabe.

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Vaca Muerta: la jurisdicción extranjera

Las petroleras YPF y Chevron acordaron que cualquier reclamo o disputa que pueda generarse entre ellas vinculada con las operaciones conjuntas en el yacimiento Vaca Muerta no se discutirá en los tribunales locales. Se definirá en Nueva York o en París, según consta en los documentos confidenciales que firmaron ambas compañías y que obtuvo LA NACION.

Chevron consiguió así el cambio de jurisdicción. Por un lado, estableció junto con la petrolera argentina que cualquier "reclamo, controversia, disputa o causa de acción (ya sea contractual, extracontractual o de otro tipo" se regiría "por las leyes del estado de Nueva York". Es decir, la justicia estatal, distinta de la federal, en la que Thomas Griesa lidia desde hace años con el canje de la deuda argentina y los bonistas que lo rechazaron y los fondos buitre.

No sólo eso. Como parte de la negociación, YPF también aceptó que "toda controversia" vinculada con "los documentos del préstamo" debería resolverse "exclusivamente mediante un arbitraje definitivo y vinculante realizado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", con sede en París. Así consta en el documento "estrictamente confidencial" titulado "Garantía", que obtuvo LA NACION. Esa fianza ya expiró, pero la capital francesa continúa como la sede prevista ante un eventual arbitraje, según confirmaron altos ejecutivos de la compañía a este diario.

Las petroleras detallaron algunas pautas ante un posible arbitraje. Especificaron que el laudo "será definitivo, vinculante e inapelable", y que "podrá ser homologado por cualquier tribunal competente", con lo que Chevron evitaría así tener que presentarse ante un juzgado argentino para exigir la ejecución -exequátur- de ese laudo, tal y como el gobierno argentino les ha planteado a las empresas que salieron victoriosas en el Ciadi del Grupo Banco Mundial. Las definiciones sobre cómo sería un arbitraje en la capital francesa también alcanzan a la "divisa de la sentencia", que se fijó en dólares, a tal punto que no se daría por cumplido el laudo si YPF intentara pagarlo en otra moneda, como pesos argentinos.

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Vaca Muerta: las sociedades off shore

Las petroleras YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones de la inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador, según surge de documentos que obtuvo LA NACION y del relato de altos ejecutivos de la compañía local que participaron de las negociaciones.

Datos y precisiones sobre ese entramado quedaron expuestos en tres documentos identificados como "estrictamente confidenciales" que ambas compañías firmaron en abril de 2013. En ellos se detalla, por ejemplo, que para cerrar las negociaciones con Chevron YPF recurrió a dos sociedades constituidas en Delaware, estado conocido como un paraíso fiscal y corporativo dentro de Estados Unidos.

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En Delaware creó las compañías YPF Shale Oil Investment I y II, a las que a su vez otorgó el 90 y el 10 por ciento de una sociedad de responsabilidad limitada creada en la Argentina, Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL.

Esa SRL, a su vez, se convirtió en el "subconcesionario" de las operaciones pactadas con Chevron, que por su parte operó a través de Chevron Overseas Finance I Limited, otra SRL con domicilio en las islas Bermudas, un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte.

Los fondos invertidos por Chevron podrían haber sido objeto de embargo por la española Repsol, enfrascada en una durísima disputa con el gobierno argentino, que la había echado de YPF quitándole el control de la compañía. Además, la ingeniería societaria intentaba evitar un eventual embargo de los abogados de los pueblos originarios de Ecuador, que ya habían promovido una acción de clase contra Chevron, llegando a embargar el flujo de caja de la filial argentina de esa petrolera.

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Vaca Muerta: las condiciones de Chevron

El gigante petrolero norteamericano Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo LA NACION.

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Pero fuentes de la empresa señalaron que las normativas no generan derechos exclusivos para Chevron, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración petrolera.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento, pero es por ley una sociedad anónima. Además, el acuerdo estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.

Los términos de la negociación surgen de tres documentos, redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que ambas petroleras firmaron a mediados de 2013 y cuyas copias obtuvo LA NACION. Son los identificados como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración". Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de Inversión para Proyecto"- continúa bajo llave.

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"Aimè" y "el Negro", dos viejos rivales

Se conocen desde hace 30 años y se recelan desde entonces. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acumulan chicanas, zancadillas y acusaciones cruzadas por negocios indebidos, según reconstruyó LA NACION de allegados a ambos funcionarios durante meses.

Ambos militaban en Mar del Plata, dentro de la UPAU, pero con perfiles muy distintos. "El Negro" descollaba en la Facultad de Derecho por sus frases incendiarias. Y "Aimé" dividía su tiempo entre la Facultad de Ciencias Económicas y su pasión por pasar música en boliches.

Echegaray se recibió de abogado y enfiló hacia Punta Alta, donde debió sobrellevar su primera tormenta por el llamado Grupo Los Cóndores. El cabecilla, Roberto Nicolás Lucero, se fugó con los ahorros y tiempo después la Justicia lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión. Y Echegaray enfiló luego hacia el Sur, donde pronto se contactó con Rudy Ulloa y ejerció como abogado de Gotti Hermanos, la firma que luego adquirió Lázaro Báez y que terminó siendo investigada por la AFIP por facturación falsa por más de $ 400 millones.

Boudou, mientras tanto, sobrellevó sus propios contratiempos en Mar del Plata, donde además de trabajar como disc-jockey asumió como gerente y luego gerente general de la empresa monopólica de recolección de basura de la ciudad, Venturino, que terminó por quebrar. Pero ya recibido, él siguió su camino entre el Municipio de la Costa -donde afrontó sus primeros traspiés con la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense-, y la Anses.

El punto de inflexión -y de reencuentro- para ambos llegó con el kirchnerismo, al que ninguno de los dos adscribía.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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