Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.

Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

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Scioli - la Justicia analiza anular su sobreseimiento

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata analizará si anula el sobreseimiento exprés del ex gobernador y ex candidato a presidente Daniel Scioli, en la polémica causa que afrontó por presunto enriquecimiento ilícito.

Esa pesquisa incluye múltiples posibles anormalidades. No se ordenó un peritaje contable, pero tampoco una valuación de los bienes de Scioli, ni se convocó a su pareja, Karina Rabolini, ni a su hija, Lorena, ni se analizó a su entorno directo o la verdad material de sus declaraciones juradas, entre otras prácticas habituales en investigaciones de delitos económicos, según cotejó LA NACION, que accedió al expediente tras una búsqueda de seis meses.

Resguardado con celo por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, que lo mantenía en la caja fuerte de su despacho, el expediente 16.230/15 llegó a la Cámara tras la presentación de un abogado particular, Marcelo Peña, quien pidió acceder a la investigación y también la nulidad del sobreseimiento -dispuesto entre las primarias de agosto y la primera vuelta electoral de octubre-, por considerar que no se había completado una verdadera investigación.

El juez Raele rechazó la petición del letrado, tras considerar que carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, pero Peña apeló ante la Cámara. Recayó en la Sala IV, donde ya hubo un primer movimiento: uno de los camaristas, Carlos Ocampo, se excusó de intervenir por ser el suegro de Raele.

El expediente, sin embargo, salió de la esfera controlada por el magistrado de primera instancia, y ahora se encuentra en manos de los camaristas, que afrontarán una disyuntiva.

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"Spotlight" y el verdadero periodismo de investigación

"¿Cómo es el trabajo diario de un periodista de investigación?" Antes o después, la pregunta suele aflorar en las conversaciones en las que algunos colegas y yo solemos participar. La respuesta siempre sorprende a la audiencia. Porque nuestro trabajo tiene muy poco del romanticismo o el misterio que tantas veces retrata el cine y mucho de perseverancia. Se trata de picar piedras hasta encontrar algo valioso en esa cantera.

Por supuesto, solemos vivir momentos inusuales. Para obtener los cables secretos de WikiLeaks, por ejemplo, el primer paso fue hallar a un muchacho de traje gris y zapatillas azules en una estación de subte en Londres. Y para acceder a la información sensible del caso Siemens, pasé muchos días dentro de una habitación de hotel, en Munich, a la espera de una llamada.

El día a día de una investigación periodística, sin embargo, se acerca más a lo que reflejaSpotlight (En primera planaen la traducción local) que a los clichés que presenta cualquier película de espías. Debemos llamar a las fuentes potenciales sabiendo que el 90 por ciento de ellas se negarán a responder, hasta que alguien decida romper el silencio. Debemos golpear todas las puertas sabiendo que incluso las víctimas, en principio interesadas en difundir lo que han padecido, muchas veces -por temor o desconfianza- callan, mientras sus victimarios se siembran datos falsos, cazan fuentes, amenazan a víctimas o compran abogados, fiscales y jueces. Ocurre.

A menudo, también, el mayor desafío del periodismo de investigación es simplemente aguantar la presión. Ya sea la ejercida por los anunciantes (si la pesquisa los compromete) o el propio medio periodístico, cuando para anticiparse a la competencia decide quemar una investigación antes de que esté convenientemente cerrada, o cuando prefiere matar el caso por temor o cálculo político o económico. Aunque la peor de todas es la presión social.

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Corte + escuchas = más poder para Comodoro Py

La Corte Suprema de Justicia evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña, lo que en la práctica implicará darle aún más poder a los tribunales de Comodoro Py, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti (foto, abajo), ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero, en la que también se abordaron otras opciones destinadas a incluir otras cámaras del interior del país o con asiento en la ciudad de Buenos Aires, como la Cámara en lo Penal Económico.

La opción más firme, sin embargo, pasa por la Cámara Federal porteña, al punto de que Lorenzetti también le adelantó ese plan a la procuradora, Alejandra Gils Carbó. También le pidió que mantenga a su personal dentro del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) hasta que el nuevo equipo complete su capacitación.

La Corte podría respetar de ese modo el eje central del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre pasado -que transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal del país-, pero sin asumir de manera directa un área que podría generarle dolores de cabeza.

En rigor, el objetivo de Macri y sus colaboradores con ese decreto fue quitarle poder y recortarle facultades a Gils Carbó, a quien consideran demasiado afín al kirchnerismo, al mismo tiempo que buscaron reforzar los vasos comunicantes con Lorenzetti.

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