A la hora de pelear por sus impuestos, el empresario
kirchnerista Lázaro Báez corre con el caballo del comisario. Su abogada
constituyó su domicilio legal para litigar contra la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) en las oficinas privadas del propio titular de la
Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente
interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.
La insólita situación tiene como protagonistas a la abogada
de Báez, Paola Martínez Naifleisch, y al titular de la DGI, Angel Toninelli.
Pero hay más: la letrada difunde como teléfono de su estudio jurídico una línea
que aún figura, en algunas guías telefónicas, a nombre del hijo del
funcionario, el también abogado Federico Toninelli.
Al tanto de los rumores que dentro de la AFIP lo vinculaban
a Báez y otros empresarios patagónicos, Toninelli los calificó de
"disparate" al asumir al frente de la DGI, en agosto de 2008.
"No tengo ningún tipo de relación con las empresas, no los conozco",
añadió ante la consulta de la prensa.
Martínez Naifleisch fijó, sin embargo, su domicilio legal en
las oficinas comerciales de Toninelli en un asunto por demás sensible para la
AFIP. Fue en el expediente administrativo en el que Báez detalló cómo traían
valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar
Badial SA, una de sus firmas constructoras, según reveló LA NACION este jueves.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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