Hoy, en el suplemento Enfoques salió el adelanto del libro. El texto principal, no obstante, es sólo una síntesis del caso (y no la reproducción de algún capítulo). Y dice:
Muy bien, ¿por qué no se identifica para el registro? -lo invitó el juez federal del distrito de Washington DC, Richard J. Leon.
-Mi nombre es Peter Solmssen. Soy miembro del directorio ejecutivo de Siemens AG y su consejero general.
Eran las 10 del lunes 15 de diciembre de 2008 y junto a Solmssen juró también Niels Hartwig, el abogado de la compañía a cargo de la investigación interna.
-Muy bien. Y usted está aquí en representación de Siemens Argentina, Siemens Bangladesh y Siemens Venezuela. ¿Es correcto?
-Sí.
Durante los 45 minutos que siguieron, Solmssen y Hartwig dieron un paso sin antecedentes en esa o ninguna otra gran multinacional alrededor del mundo. Acompañados por funcionarios del Departamento de Justicia, de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de la Comisión de Valores (SEC), le informaron al juez Leon que Siemens se declaraba culpable de actos de corrupción y violación de sus registros contables en múltiples países. Entre ellos, y con un apartado especial, figuró la Argentina.
La presencia criolla en el listado de la infamia confirmó lo que hasta entonces había ocupado numerosas páginas de los diarios locales y denuncias ante la Justicia de algunos legisladores opositores que corrían el riesgo de ser archivadas o, peor, concluir con el sobreseimiento de todos los imputados.
Con la admisión de Siemens, no obstante, la investigación del juez federal Ariel Lijo cobró nueva fuerza. En especial, cuando las copias de la auditoría interna y de la investigación de la Fiscalía de Munich llegaron a Buenos Aires y Lijo citó a indagatoria a 22 empresarios argentinos y alemanes. Según el resultado de estas indagatorias, que aún no han concluido, podría convocar a los políticos sospechados por el negocio de los US$ 1200 millones. Entre ellos, el ex presidente Carlos Menem, su ministro del Interior, Carlos Corach, y el interventor en Migraciones, Hugo Franco.
La trama, sin embargo, había comenzado mucho antes, en 1994, cuando tras la voladura de la AMIA, el gobierno de Menem buscó tranquilizar a los argentinos y a varios gobiernos extranjeros ante el temor a un tercer atentado. Lanzó para eso la licitación internacional de lo que con pompa llamó "Sistema Integral de Identificación de Personas, Control Migratorio e Información Eleccionaria", más conocido como "Proyecto DNI".
Así, el "Proyecto DNI" ofrece una fotografía casi perfecta de cómo son las relaciones entre numerosas grandes empresas -no sólo Siemens- y muchos funcionarios en la Argentina. Así lo reflejan otros escándalos que involucraron a IBM, Thales y Ferrostaal, o la interminable lista de empresas que, como Skanska, admitieron ante la Justicia que dibujaron sus balances con facturas truchas para evadir impuestos o esconder sobornos.
El "caso Siemens" permite comprender una metodología corrupta que excede los nombres particulares de un gobierno o una empresa, y que también incluyó presiones desembozadas del canciller alemán, Gerard Schröder, y del Fondo Monetario Internacional (FMI), entonces liderado por Horst Köhler, luego presidente germano. Refleja una metodología de trabajo, una "cultura" que resulta difícil -y hasta traumático- revertir y que se extendió hasta su relación con el kirchnerismo.
pd: el resto del artículo publicado en Enfoques, acá.
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