+586ROS

En público, el Gobierno rechazó las críticas internacionales y negó que la ley de blanqueo de capitales que impulsó a principios de 2009 (y atrajo más de $ 18.000 millones o US$ 5000 millones al tipo de cambio entonces vigente) le abriera las puertas del país al lavado.

En privado, sin embargo, ordenó elevar los controles para calmar a esos mismos observadores y reducir los riesgos. La presión, dos años después, se plasmó en cerca de 600 reportes de operaciones sospechosas (ROS) llegadas desde bancos y otros actores del sistema financiero local.

La primera tanda de esos reportes pasó ya por la Unidad de Información Financiera (UIF), que tras más de un año de revisión y análisis la giró a la Unidad Fiscal de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Ufilavdin) que lidera Raúl Pleé, aunque ninguna de las operaciones giradas a la Justicia encendió una alarma.

La propia UIF aportó, además, los primeros datos sobre el saldo bajo sospecha de la ley de blanqueo y moratoria al responder una consulta formal del bloque de senadores radicales liderados por Gerardo Morales, de junio de 2010.

Detalló que “al día 12 de julio del corriente [por 2010], la Unidad ha recibido un total de 586 ‘reportes de operación sospechosa’”, según consta en la copia de la nota 790/2010 [foto]. Todos los reportes, completó, estaban bajo “exhaustivo tratamiento”.

El volumen global de operaciones bajo sospecha, sin embargo, terminó por estabilizarse en cerca de 600, según confirmaron fuentes oficiales de la UIF. Es decir, por debajo de la proyección inicial que trazó el Banco Central (BCRA) que las operaciones reportadas podrían rondar las 800 según estimaron sus expertos poco después de concluida la ventana para ingresar capitales al país.

Es decir, que desde que se abrió la ventana para blanquear capitales, los bancos enviaron +586ROS (más de 586 reportes de operaciones sospechosas) a la UIF. Su contenido concreto (y sus protagonistas) es, salvo una docena (por demás irrelevante) ya en la Justicia, un misterio.

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