Boudou & Báez - la IGJ retacea lo que sabe

La Inspección General de Justicia (IGJ) es un organismo politizado, que maneja de manera arbitraria, mediante el miedo, la información que controla sobre miles de sociedades comerciales. Así, puede negarle (o al menos retrasar) las respuestas requeridas a jueces, fiscales, legisladores y periodistas, pese a que debería ser un registro público de comercio.

Así lo afirma Silvina Alejandra Martínez, quien hasta mediados del año pasado fue la directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Ocupó ese cargo desde febrero de 2010 y hasta que se enfrentó con sus superiores por negarse a acatar ciertas órdenes que, para ella, podían configurar delitos. ¿Resultado? Le redujeron el salario y luego la echaron. Por eso presentó un amparo, que ahora tramita en la Justicia.

Las irregularidades dentro de la IGJ abarcan un amplio abanico, según reconstruyó LA NACION durante el último año. ¿Por qué? Para proteger, entre otros, al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. A Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. O, en estos momentos, acotar la información disponible sobre las sociedades de Lázaro Báez.

 “Los oficios que se consideraban de alguna manera ‘complicados’ porque tenían repercusiones mediáticas o involucraban a determinados funcionarios del Gobierno nacional o porque ellos los consideraran distintos eran frenados”, denuncia Martínez. “Tenían que ser evaluados por Varela y por la gente que trabaja con él en el Ministerio”.

-¿Recuerda algún ejemplo?
-Sí, particularmente todo lo que tenía que ver con el caso Ciccone.

 pd: el resto de la entrevista publicada ayer en LA NACION, acá.