En
plena tormenta por el “caso Ciccone”, la cúpula de la Inspección General de
Justicia (IGJ) montó un “cepo informativo” para proteger al vice Amado Boudou y evitar que la información societaria “sensible” que controlaba
el organismo llegara a las manos de jueces, legisladores de la oposición y
periodistas, según surge de documentos y correos electrónicos en que
funcionarios de la IGJ discutieron como implementar ese cerrojo.
La
decisión la tomó el entonces titular de la IGJ, Norberto Berner, quien luego
fue ascendido dentro del Gobierno a secretario de Comunicaciones. Antes, al
frente de la Inspección conformó un grupo de funcionarios que aportaron propuestas
y fundamentos para fundamentar el “acceso a la información contenida en las
bases de datos de la IGJ” y que los reclamos posteriores por la denegatoria
llegaran a la Justicia, de acuerdo a esos documentos, que refrendó uno de sus miembros, el ex
inspector legal del organismo, Fernando Scanavino.
“La
orden era proteger a Boudou, y no dar nada sobre él o sobre el caso Ciccone”,
confirmó Scanavino, quien se desempeñó como inspector legal de sociedades
comerciales en la IGJ hasta fines de 2012, cuando se convirtió en el primer abogado
despedido sin causa del organismo desde los años ’90. Según afirmó durante una
entrevista, por oponerse a las prácticas que implementó La
Cámpora al desembarcar en el organismo.
Scanavino se convirtió así en el
segundo ex funcionario de la IGJ que denuncia, con nombre apellido, los
presuntos delitos e irregularidades que observó dentro del organismo que
depende del Ministerio de Justicia, en línea con lo que dijo la ex directora
del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, que LA NACION publicó el
domingo pasado.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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