El fiscal José María Campagnoli lo hizo otra vez. Primero
acumuló evidencias sobre cómo se habrían sacado 50 millones de euros negros de
la Argentina a través de la financiera SGI. También reconstruyó cómo su dueño,
Federico Elaskar, cedió sus acciones bajo amenazas del entorno del empresario
ultrakirchnerista Lázaro Báez. Y, ahora, completó la tarea: detalló cómo ese
grupo habría repatriado su equivalente en dólares, 65 millones, ya blanqueados,
y los reinsertó en el circuito legal a través de una cuenta bancaria de su nave
insignia, Austral Construcciones.
El presunto círculo del lavado se cerró del modo más
polémico, según surge de la ruta del dinero ya lavado. Porque entre fines de
2012 y abril de este año retornó al país en forma de títulos de la deuda pública
argentina y se depositó en una cuenta del Banco Nación, frente a la Plaza de
Mayo y la Casa Rosada, ante la pasividad de su área antilavado y de la Unidad
de Información Financiera (UIF).
Campagnoli expuso esos hallazgos en un escrito que
presentó el miércoles en la causa que instruye la jueza María Gabriela Lanz por
la presunta extorsión padecida por Elaskar para que entregara el control de la
financiera, conocida en el mundillo financiero como “La Rosadita”, y que corre
en paralelo a la investigación por presunto lavado de activos que instruye el
juez federal Sebastián Casanello.
El fiscal solicitó, además, que se cite a prestar
declaración indagatoria al hijo del empresario, Martín Báez, al igual que a dos
miembros de la sociedad suiza que tomó el control de SGI, Helvetic Services
Group, Verena Úrsula Fontana y Claudio Fontana. Los consideró protagonistas de
toda la presunta operatoria de lavado desarrollada por lo que calificó como la
“armada de valijeros y testaferros de Lázaro Báez y sus socios”.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
como siempre, excelentes notas..
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