Entrevista a Juan Belikow - narcoEstado y narcoinstituciones

El especialista en crimen y narcotráfico, Juan Belikow, afirma que "hoy el crimen regula a la Policía". Y enfatiza que "en la Argentina tenemos un abandono de las políticas públicas de seguridad de más de 40 años".




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Casa de Moneda: ganancias supuestas; rojo real

Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.

Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.

Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.

Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.

Pero allí no se acaban las sorpresas...

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Lázaro Báez, tras los pasos de Américo Gualtieri

La sombra de Victorio Américo Gualtieri se cierne sobre Lázaro Báez. Al borde del precipicio financiero, el empresario ultrakirchnerista sumó un nuevo problema. La Justicia ordenó embargar sus cuentas por más de $ 12,3 millones en el Banco Nación debido a las deudas que arrastra con la firma que aseguraba los riesgos de trabajo de sus empleados.

La orden de embargo la impartió días atrás el juez subrogante en lo Comercial N° 4, Héctor Vitale, a favor de la aseguradora Provincia ART, que acumuló reclamos por $ 11,8 millones más otros $ 500.000 en concepto de intereses, y terminó por presentarse en Tribunales ante la falta de respuestas de la principal empresa de Báez, Austral Construcciones. Al menos 1100 de los 1800 empleados de la firma recibieron telegramas de despido en los últimos días.

"Por las sumas indicadas precedentemente decrétese embargo preventivo sobre los fondos que tenga el demandado en el Banco de la Nación Argentina", dispuso Vitale.

En su resolución, del 21 de diciembre, el magistrado aclaró que el congelamiento del dinero deberá exceptuar "los fondos que pudieran corresponder a salarios o sueldos".

La orden judicial representa un nuevo traspié para Báez, quien acumula múltiples indicios de problemas económicos y financieros en su grupo de empresas, así como también judiciales y administrativos, que lo dejan cada vez más cerca del concurso de acreedores y de la quiebra, algo que a su lado dicen que quieren evitar.

El otrora empleado raso del Banco de Santa Cruz, no obstante, no es el único empresario ultrakirchnerista que afronta una tormenta financiera desde la salida del poder de la presidenta Cristina Fernández. También el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

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Triple Crimen - Meiszner niega todo

"Son los Tres Chiflados." El ex titular del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner carga furioso contra los sicarios del triple crimen. En especial contra Martín Lanatta, quien lo identificó ante la Justicia como el supuesto eslabón que le permitió llegar al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.

Meiszner niega todo. Incluso que conozca a Martín Lanatta, a su hermano Cristian o al tercer asesino de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Lo niega aun cuando los registros telefónicos muestran que su secretario privado, Alejandro Giancristófaro, se comunicó cientos de veces con Lanatta. "Que la Justicia le pregunte a Giancristóforo sobre esas llamadas, no a mí", se defiende.

Hijo de José Luis Meiszner, uno de los detenidos a pedido de la Justicia de Estados Unidos, que reclama su extradición para juzgarlo por su presunto rol en el FIFAgate, dice que no sabe quién es "la Morsa", califica a Lanatta de "busca" y "mitómano".

-¿Hace cuánto que conoce a los hermanos Lanatta?

-Nunca. No los conozco.

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Stiuso, ¿vuelve?

Antonio Horacio "Jaime" Stiuso quiere volver al país. Y comenzó a trazar sus planes para retornar durante el verano, confirmaron allegados al ex jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante la década kirchnerista a LA NACIÓN.

La decisión de Stiuso es retornar a la Argentina una vez concluida la feria judicial de verano, y presentarse a declarar ante la Justicia, donde afronta varias causas como testigo, pero también como imputado, acusado por las salientes autoridades de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Sin embargo, Stiuso puede aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin quedar detenido. Hasta ahora, la Justicia local sólo requirió a Interpol que librara una circular azul, destinada a localizar su paradero actual.

"Está en Miami, Estados Unidos", precisó a LA NACIÓN un asiduo interlocutor de Jaime. "Está viniendo [a la Argentina], quizás a mediados o fines de febrero próximo y se presentará ante la Justicia a declarar", abundó.

Consultado por este diario, su abogado defensor, Santiago Blanco Bermúdez, evitó confirmar o desmentir esa posibilidad. "No puedo comentar nada al respecto", indicó el letrado, quien también se encuentra en el exterior, pero de vacaciones.

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Triple Crimen - Pérez Corradi, prófugo protegido

Prófugo desde hace 3 años y 10 meses, el eslabón clave para desentrañar el triple crimen, Ibar Pérez Corradi goza de algún tipo de protección oficial. Algunos apuntan a la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE); otros, a la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA). Pero todos sospechan que el ex socio, acreedor y enemigo de Sebastián Forza goza de una cobertura que podría ir más allá de un organismo estatal, argentino o extranjero, indicaron a LA NACION funcionarios y abogados que siguieron sus pasos durante estos años.

Juan Ignacio Bidone, el fiscal de Mercedes que instruyó la investigación que terminó con las condenas de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, sospecha que Pérez Corradi recibe una "cobertura" de la policía, pero no descarta a la ex SIDE, dado todos los indicios y datos que recolectó durante su pesquisa. Pero el investigador mira más allá en lo que define como una "conjetura": "Pérez Corradi puede estar representado y siendo protegido por un grupo que es más grande que un funcionario", indicó a LA NACION.

Desde la Procuración federal suman sospechas. "Si después de casi cuatro años nadie logra detenerlo o siquiera rastrearlo, es porque algún tipo de protección tiene. ¿Cómo se financió en la supuesta «clandestinidad» a lo largo de todo este tiempo?", planteó una fuente oficial, que tampoco descarta a la DEA, que en las reuniones de trabajo bilaterales trascendió que nunca pregunta por él. No es prioridad.

Lo último certero que se sabe de Pérez Corradi, por lo pronto, se remonta a diciembre de 2011, cuando la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación en una causa que instruía el juez federal Norberto Oyarbide, mientras que su par en San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, también dispuso su liberación tras más de 3 años en prisión preventiva sin que se completara su extradición, como requería Estados Unidos.

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Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

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Diego Iglesias: "El narcotráfico va por todo"

Entrevista a Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para el ciclo Conversaciones. ¿Temas? Penetración del narco en el poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad; el desembarco de los carteles colombianos y mexicanos en la Argentina; las herramientas que faltan para combatirlos; la Triple Fuga...



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UIF - avanzan las postulaciones

El proceso para designar a las nuevas autoridades de la unidad antilavado (UIF) avanzó otro paso. Cuando falta sólo una semana para que venza el plazo de presentación, el Ministerio de Justicia recibió ya más de 200 notas de personas y entidades que apoyan a los candidatos a reemplazar a José Sbattella y otras 25 que los objetan, según datos oficiales de esa cartera.

El plazo para apoyar u observar las postulaciones de Mariano Federici, ex abogado senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de María Eugenia Talerico, una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia, vence el viernes. Tres días después, el 18, se celebrará la audiencia pública para evaluar sus antecedentes, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas. A partir de allí, el ministro de Justicia, Germán Garavano, deberá elevar un informe a Mauricio Macri para que, si superan las observaciones, los designe al frente de la UIF.

Hasta ahora, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentó la impugnación más fuerte. Alertó sobre un potencial "conflicto de interés" que calificó de "alevoso y grosero" debido a los antecedentes laborales que les adjudicó a Federici y Talerico. "Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos", estimó.

En el caso de Talerico, el Cipce la caracterizó como "abogada defensora del banco HSBC", en tanto que objetó la labor de Federici como "asesor externo" de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) -que preside el ex representante argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau-, a la que le endilgan "agrupar al conjunto de profesionales que junto con Marteau se dedican a brindar asesoramiento a personas y empresas investigadas por lavado". Entre otras, el JP Morgan, el banco Masventas o el Grupo Clarín.

Pero tanto Federici -que recibió 104 adhesiones, incluida la del actual presidente del Grupo Egmont, la red que agrupa a todas las unidades antilavado del mundo, y 11 impugnaciones-, como Talerico -100 y 14 notas, respectivamente- consideran "injustas" las objeciones.

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Jefe de los espías... y operador futbolístico

El flamante director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, es uno de los protagonistas centrales detrás de la cuestionada triangulación que debería terminar con el delantero de Boca, Jonathan Calleri, en el club Inter .

Escribano de profesión, pero dedicado a los negocios del fútbol desde hace años, Arribas recomendó al club uruguayo Deportivo Maldonado que contratara a Calleri y se desempeñó como asesor de esa sociedad anónima deportiva (SAD) uruguaya hasta el 9 de diciembre del año pasado, es decir, seis días después de que el presidente Mauricio Macri anunciara que Arribas sería su hombre en la ex SIDE.

Desde la AFI indicaron, sin embargo, que Arribas ya "no forma parte" de las negociaciones en marcha entre los inversores que gerencian el club uruguayo y Boca por el polémico pase del futbolista, que ahora se encuentra bajo la lupa de la unidad antilavado local (UIF).

Calleri no es, a su vez, el único jugador cuya transferencia pasó por las manos de Arribas. También intervino en la adquisición del joven arquero de Estudiantes de La Plata, Gerónimo Rulli, baio una operatoria similar.

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Boudou + Senado = 2035 ñoquis (por lo menos)

La escoba llegó al Senado de la Nación. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los polémicos nombramientos en planta permanente de 2035 empleados que su antecesor Amado Boudou designó a lo largo de 2015 y que colocaron en rojo las cuentas de la Cámara. Entre ellos, un protagonista del "caso Ciccone" y amigos varios del marplatense.

Michetti también decidió avanzar sobre otro cuestionado legado de Boudou: 2317 recategorizaciones de personal que el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner firmó en la recta final de su mandato, y que ahora serán analizadas, una por una, por una comisión revisora. 

"Hablamos con los presidentes de distintos bloques del Senado y acordamos que no convalidaremos el despilfarro del dinero público", indicó Michetti a LA NACION, minutos antes de comunicar la depuración, que comenzó con la firma de un decreto durante las últimas horas de 2015. "Estamos hablando de más de 1000 millones de pesos que se gastarían en sueldos que podrían y deberían destinarse a otros fines", afirmó la vicepresidenta. Continúa en la página 12

Los nombramientos objetados se acumularon en tres decretos que firmó Boudou, pero que jamás se publicaron en la página oficial del Senado en Internet. Durante meses, LA NACION buscó y solicitó de manera formal las copias de esos textos, pero el ex vicepresidente se negó a entregarlas. Son los decretos 128 y 129, del 26 de enero del año pasado, y el 1682, del 3 de noviembre último.

Mediante esos tres decretos, Boudou designó o recategorizó a miles de personas que engrosaron la plantilla del Senado. La mayoría figura desde enero de 2015 -los restantes, desde el 1° de octubre-, aunque no se descarta que el ex vicepresidente haya conservado bajo llave esos decretos para así incluir de manera retroactiva en sus anexos a los diversos candidatos que se sumaron a lo largo de 2015.

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Adiós a "Coimas en el Senado"

Quince años y meses después de que estalló el escándalo, la causa penal por las "coimas en el Senado" es historia. Se cerró por el mero transcurso del tiempo, cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción (OA).

El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.

Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.

De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de 6 años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. "No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena", planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.

El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que LA NACION revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley "de Reforma Laboral".

Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir "para los senadores tengo la Banelco"-, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.

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Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

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