viernes, 27 de septiembre de 2013

Nuevo edificio - ¿vida nueva?

Anduve algo desaparecido estos días. Lo sé.

Ocurre que el diario para el cual trabajo, LA NACIÓN, mudó sus oficinas (redacción incluida) de su edificio tradicional a metros del Luna Park a las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Al norte, justo donde comienza Vicente López.

Acá, un video que sintetiza parte de la movida:


¿Qué ocurrirá a partir de ahora? El tiempo y el rodaje acomodarán las piezas. En mi caso, estaré (poco) en Vicente López y (bastante) por el microcentro, en otra oficina, más pequeña (¡GRACIAS a tod@s l@s que ayudaron a concretarlo!).

Así que ahora, ¡vuelta al ruedo!

lunes, 23 de septiembre de 2013

Cancillería - un (ex) funcionario con cobertura

En una tácita admisión de la red de protección que en la cúpula de la Cancillería rodeó al funcionario Hugo Merlo, acusado de racista, las denuncias en su contra y de sus colaboradores se reactivaron sólo horas después de que LA NACION expusiera los presuntos delitos e irregularidades que protagonizaron durante más de un año.

El despertar de esas denuncias, sin embargo, es sólo parcial. Por lo menos un expediente administrativo continúa paralizado en la Secretaría de Cooperación Internacional (Secin) de la Cancillería, que controla Paula Verónica Ferraris, la pareja del funcionario que ya fue removido, según consta en las "hojas de ruta" de las actuaciones.


Esa decisión contrasta con las reacciones que trascendieron desde la Cancillería durante los días que siguieron a las revelaciones periodísticas. Primero se informó que Merlo había presentado su renuncia y que el canciller Héctor Timerman pidió "disculpas en relación con las situaciones denunciadas" desde hace más de un año por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) por "maltrato laboral".

Ferraris, incluso, habría presentado su renuncia ante Timerman, quien no la aceptó, por lo menos por ahora, según trascendió en el Palacio San Martín, a la espera de las conclusiones de los sumarios administrativos que ordenó abrir para deslindar responsabilidades.

Los movimientos en la Cancillería de los expedientes en los que se acumularon las denuncias, desde mediados de 2012, pueden aportar luz para determinar cómo actuaron esos funcionarios.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

jueves, 19 de septiembre de 2013

Contame tu secreto

Si usted siente deseos irrefrenables de contarle a alguien "eso" que quema, yo estoy dispuesto a escucharte. en cualquier horario y día por las siguientes vías:

- Este mismo blog: a través de los comentarios.

- Por email: a secretosdelavalija@gmail.com



- Por Twitter: @halconada

- Por Linkedin: ar.linkedin.com/pub/hugo-alconada-mon/a/121/36a

Desde ya, muchas gracias.

pd: no incluyo números de teléfono y fax porque durante este fin de semana se mudará a otro lado la redacción del diario y... ¡aún ignoro los nuevos números! ¡Cuac!

lunes, 16 de septiembre de 2013

En "la Casa" - encubrimiento en la Cancillería

Una alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores encubrió las denuncias por racismo, acoso laboral, persecución política y otros presuntos delitos e irregularidades que acumuló su pareja, también funcionario de la Cancillería, desde noviembre pasado, sin permitir que avanzaran los expedientes que se abrieron.

El encubrimiento lo lideró la secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional, Paula Verónica Ferraris, que de ese modo protegió a Héctor Hugo Merlo, mientras este avanzaba sobre distintas áreas del Ministerio sobre las que carecía de competencia, como las direcciones de Seguridad e Infraestructura, entre otras.


Desplazado Merlo [foto, arriba] sólo horas después de que LA NACION revelara este domingo sus presuntas conductas delictivas, su encubrimiento continúa vigente. El sumario que ordenó iniciar el canciller Héctor Timerman quedó dentro del área que lidera la propia Ferraris, la responsable máxima de controlar el presupuesto de la Cancillería y, tanto o más importante para los diplomáticos, de la junta examinadora para sus ascensos.

La protección, sin embargo, excede a Merlo, según cuatro diplomáticos y empleados y distintos documentos oficiales de la Cancillería. También beneficia a por lo menos otros dos miembros del entorno de Ferraris.

Uno de ellos es Héctor Bogado, quien mintió al declarar que había cursado el bachillerato en una escuela de Lanús que, en realidad, jamás pisó. Pero lejos de ordenar una sanción y radicar una denuncia penal desde que se le informó en noviembre pasado, Ferraris lo reacomodó a su lado. Desde entonces, Bogado trabaja como el cafetero de Ferraris, con un salario de bolsillo de $ 8600 por mes.

pd: el resto del material publicado hoy en LA NACION, acá y acá.

miércoles, 11 de septiembre de 2013

Lázaro, yo y una estupidez

Hace un rato me avisaron que en el diario del señor Lázaro Báez, “Prensa Libre”, escribieron sobre mí. Así que me fijé y encontré el texto “Cuando La Nación también miente”, en el que alguien escribió que el diario y yo habríamos "inducido a abogados para realizar denuncias en medio de la campaña electoral y adquirido documentación reservada de manos de funcionarios del Gobierno nacional” (el texto completo, acá).

¿Qué sostiene ese artículo?
-          Que yo “habría recibido información calificada y reservada por parte de Eduardo De Simone, vocero de la titular del Banco Central”;
-          Que yo “habría inducido a un estudio de abogados a denunciar al grupo empresario de Santa Cruz, para luego escribir al respecto en el diario”;
-          Que el abogado denunciante, “Sánchez Kalbermatten, reconociera que quien le suministró copia de los estados contables de Austral” fui yo.  
-          Que “cierta información a la que accedió el periodista del diario porteño es privada y confidencial, y para acceder a ella hay requerimientos formales que de ninguna manera” hice.
-         Que dado que el vocero del BCRA me pasó esa info (comunicaciones secretas sobre Lázaro y su grupo por lavado), yo la “adquirí” de manera “irregular”.
-         Y que el diario para el cual trabajo y yo, en particular, vamos “contra el más básico manual de ética periodística”; entre otros puntos.

Visto lo cual, sólo diré que se trata de una estupidez.

¿Por qué?
1.      No hablo de mis fuentes periodísticas, pero en este caso creo que vale clarificar tres puntos:
-          Al vocero jefe del BCRA lo conozco, sí, pero lamento avisarles a los muchachos que no es amigo, informante, fuente o topo;
-          Al abogado Sánchez Kalbermatten ni lo conozco, no lo he visto en mi vida, jamás intercambié mails o llamadas o mensajes de texto con él, y ni siquiera tengo sus datos de contacto. Así que mucho menos pude haberle pasado información. Y un detallecito: ese letrado no necesitaba que yo le pasara los artículos que se publicaron en el diario. Le bastaba con comprar un par de ejemplares y recortar los textos donde aludo a esos balances (ver acá, acá y acá, entre otros) o, más sencillo y gratis, imprimirlos de Internet.
-          Sobre eso de que “adquirí” la info: yo no compro información. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Decenas de personas durante los últimos quince años pueden atestiguarlo cada vez que los saqué carpiendo cuando me la ofrecieron. Pero eso sí: busco y busco y busco hasta que, a veces (y a pesar de los "cepos" como en la IGJ) la consigo. De eso se trata el periodismo, ¿no?


2.      Lo que sí me queda claro es que:
-          Les está doliendo lo que comienza a salir a la luz;
-          No tienen mis teléfonos y mails pinchados (si no, no habrían errado por tanto los tiros; están más desorientados que Adán en el Día de la Madre);
-          ¡No tienen idea cómo trabajo y cómo consigo la información, incluso cuando es secreta (basta con recordar lo que he revelado sobre la unidad antilavado, fraudes corporativos, bancos piratas, narcotraficantes, cuentas bancarias y registros societarios en paraísos fiscales alrededor del mundo, etcétera)!

Y, por último, muchachos, si tenían una duda sobre mí o sobre cómo trabajo, no tenían que esforzarse demasiado. Bastaba con que le consultaran al vocero del señor Baez, quien sí me conoce desde hace más años que el vocero del BCRA y con quien tengo una respetuosa relación.

Volvamos, pues, a nuestra programación habitual.

pd: no deja de ser llamativo que Báez se tire contra la titular del BCRA, cuando ella nombró como asesor y abogado ultra-senior en la entidad a Nicolás Guzmán, que ahora patrocina en el sector privado y en sede penal (caso Fariña) a... Báez. 

martes, 10 de septiembre de 2013

Lázaro suma una nueva denuncia penal (y van...)

Tres meses después de la primera publicación en LA NACIÓN, Lázaro Báez sumó ayer una nueva causa penal en su contra.

La Justicia investigará si utilizó su nave insignia, la empresa Austral Construcciones, para evadir impuestos y lavar dinero por medio de facturas truchas y la adulteración de los balances contables.

La decisión la tomó el fiscal en lo Penal Tributario, Claudio Navas Rial, tras evaluar la denuncia que presentó un abogado en base a una serie de notas que publicó el diario a partir de junio. El fiscal estimó que corresponde investigar si Báez y un grupo de familiares y colaboradores recurrieron a Austral Construcciones para evadir cientos de millones de pesos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).


LA NACION había revelado cómo Báez ocultó pérdidas por más de $ 250 millones y recurrió a diversas técnicas de contabilidad creativa en los balances de Austral Construcciones entre los años 2008 y 2011.

Entre otras inconsistencias que ahora deberá evaluar el juez del fuero, Javier López Biscayart, figuró el ingreso extraordinario de $ 254,3 millones que en teoría arribaron desde Uruguay y Belice durante 2011, aunque también incluyó supuestos aportes recibidos desde otras de sus empresas, o incluso la suma errónea de $ 32 millones de más durante el ejercicio de 2008.

La investigación penal abarcará así a Báez y a dos de sus hijos, Martín y Leandro, como así también al presidente de la constructora, Julio Mendoza, y a los contadores Daniel Pérez Gadín -también investigado por su actuación en la financiera SGI, conocida como "La Rosadita"- y César Andrés.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá; algunas de las notas que derivaron en la denuncia y la investigación penal, acá y acá y acá.

lunes, 9 de septiembre de 2013

Cristóbal compra con los impuestos (que licúa)

El empresario patagónico Cristóbal López compró los activos de Petrobras en la Argentina y fondeó su holding de compañías con más de$1200 millones en impuestos que dejó de pagar a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo durante más de un año y luego incluyó esta deuda tributaria en un plan de pagos a 10 años, que licua lo adeudado gracias a una tasa de interés inferior a la inflación.

La compra de Petrobra Argentina por parte de López repitió así la estrategia con que la familia Eskenazi, también de estrecho vínculo con el kirchnerismo, ingresó en YPF, cuando pagó a Repsol con las utilidades futuras de la propia petrolera. En el caso de López, acordó pagar en cuotas a 30, 60 y 90 días que solventó, no con las ganancias de la refinería y las estaciones de servicio que recibió el 2 de mayo de 2011, sino con los impuestos que no giró a la AFIP.


López y su socio Fabián de Sousa también usaron el fondeo generado por esos impuestos impagos para financiar empresas del Grupo Indalo, entre otras, la Inversora M&S y Oil M&S, con las que pagaron los salarios en Paraná Metal y completaron la llegada al Banco Finansur y a medios que eran del empresario Daniel Hadad.

La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de Oil Combustibles, según verificó la nacion. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario subió a $ 179,9 millones, y saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.

pd: el resto de la investigación publicada hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

domingo, 8 de septiembre de 2013

Un antisemita suelto en la Cancillería

Pese a los reclamos de diplomáticos, funcionarios y delegados gremiales, el canciller Héctor Timerman mantiene dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores a un alto funcionario que paga las delaciones entre los empleados, da órdenes como jefe de ciertas áreas que se encuentran fuera de su órbita y, más grave aún, categoriza al personal como "el viejo", "el cuestionador" o "la judía".

Los comentarios racistas y despectivos del director Hugo Merlo constan en un cuaderno de anotaciones personales que ese controvertido funcionario olvidó en una oficina de la Cancillería, donde su hallazgo fortuito y posterior difusión desató un escándalo interno y cuya copia obtuvo LA NACION.

Timerman se encuentra al tanto de las acciones de Merlo, quien arribó al Ministerio de la mano de su pareja, la secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional, Paula Verónica Ferraris, de creciente poder e influencia en desmedro del canciller.

Merlo comparte el poder de Ferraris. Además de lanzarle al personal preguntas como: "¿A vos te gusta ver a [Jorge] Lanata?", antes de definir su futuro laboral, el funcionario avanzó sobre las áreas de Compras, Administración, Infraestructura, Recursos Humanos y Seguridad del Ministerio, sin que nadie lo pare, según consta en documentos oficiales y privados, y fuentes diplomáticas que dialogaron con LA NACION.


Sin embargo, Merlo cometió un error: olvidó un cuaderno con sus anotaciones personales en una oficina de la Cancillería, según surge de un video que así lo registra y el reporte posterior que se labró en esa repartición. Entre las frases inconexas y repletas de faltas de ortografía que redactó, también detalló los pagos de incentivos salariales a los empleados que delatan a sus compañeros y calificó a otros con apodos.

"Hoy a la tarde, Angel autorizo [sic] ha [sic] la judia [sic] Goldemberg y Marina Dominguez ha [sic] una capacitacion [sic] al personal bajando una linea [sic] propia", redactó, por ejemplo, el 28 de agosto de 2012, cuando centró sus dardos en el director general de Infraestructura, Ángel Cammilleri, según consta en la copia de ese cuaderno que obtuvo LA NACION (ver imagen).

El hallazgo de ese cuaderno causó un terremoto dentro del Palacio San Martín. 

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Sadous - ir contra el poder tiene su precio

Abrir la boca contra el poder siempre conlleva consecuencias. Bien lo sabe Eduardo Sadous. La Cámara Federal desestimó la apelación del ex embajador argentino en Venezuela y confirmó su procesamiento por falso testimonio agravado, ya que no se pudieron comprobar sus denuncias de presuntos ilícitos en operaciones comerciales entre Argentina y Venezuela.


El procesamiento lo dispuso el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y lo apeló el abogado Alejandro Carrió defensor del diplomático que había alertado sobre la “corrupción” en los negocios bilaterales.

Ahora, la sala II de la Cámara Federal confirmó su procesamiento, aunque sólo de manera parcial, ya que revocó varios ejes de su procesamiento original, como así también dejó sin efecto un embargo por 10.000 pesos. Más aún, ordenó nuevas medidas de prueba que podrían confirmar su testimonio.

Sadous [dibujado, arriba, por el maestro Sábat junto a Franz Kafka] había dicho que funcionarios argentinos exigían dinero para concretar negocios con el gobierno venezolano durante la gestión del fallecido Hugo Chávez, lo que provocó una denuncia contra el embajador del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Algún día, acaso, se haga VERDADERA justicia.

martes, 3 de septiembre de 2013

Cristóbal & Petrobras - facturas que hacen agua

Las facturas y contratos firmados por el intermediario clave en la presunta compra con sobornos de los activos en la Argentina de la petrolera estatal brasileña Petrobras por el empresario Cristóbal López presentan serias inconsistencias y contradicciones evidentes, según surge de la revisión de tres contadores forenses a los que consultó LA NACION.

Las supuestas irregularidades se centran en los documentos que firmó el operador Jorge Rottemberg, quien cobró al menos US$ 8,8 millones de López, pero que en 24 horas transfirió sus derechos de cobrar esa fortuna a terceros mediante un “contrato de cesión de derechos al cobro”.

Ex colaborador de José Luis Manzano y muy vinculado al actual ministro de Agricultura, Norberto Yahuar, Rottemberg completó esa cesión a través de su firma uruguaya Millfox Trading a un estudio brasileño. Todo eso, según los contadores, debería disparar una revisión profunda por sabuesos de la Administración Federal de Ingresos (AFIP).


Desde el Grupo Indalo, sin embargo, desmintieron posibles irregularidades en la operación. Consideran la denuncia como parte de una “interna” entre políticos y ejecutivos brasileños de Petrobras que los tiene como terceros afectados. Y ante el pedido de LA NACION, entregaron copias de facturas y recibos de la operación y balances de la empresa Oil Combustibles SA.

Para el presidente de la ONG “Contadores Forenses”, Alfredo Popritkin, no obstante, algunas de las “contradicciones” se encuentran en ese “contrato de cesión”. Rottemberg lo firmó con el estudio vinculado al operador Joao Augusto Henriques, quien admitió los sobornos ante la revista brasileña Época.

Para empezar, afirmó Popritkin, porque en ese contrato “no se describe mínimamente el tipo de servicios y honorarios que generan comisiones y honorarios por hasta 10 millones de dólares, suma que representa más del 20% de la operación principal”.

Ex perito contador de la Corte Suprema, Popritkin también remarcó que, según ese contrato de cesión “cuanto más baja resulte el precio de la transacción, mayor es la comisión y honorarios, lo que resulta inusual en operaciones legítimas”. También, porque establece que Rottemberg no percibiría una retribución si no se concretaba la operación “lo que hace pensar que no se trata de un trabajo profesional sino de un pago con destino final a quienes aprueben la venta de la refinería y estaciones de servicio”.

Un segundo perito contador forense también expuso que en ese contrato de cesión falta la constancia de pago del impuesto de sellos en la ciudad de Buenos Aires, donde se consigna que se firmó, y que le daría fecha cierta.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.