Entrevista a Don Miguel Bonasso

Periodista, escritor, político, Miguel Bonasso es un hombre que vivió 50 vidas (y va por la 51°): Daniel Scioli, Carlos Zannini, Mauricio Macri, las mafias, la impunidad, la corrupción, el kirchnerismo y una visión de futuro.


pd: el link a la entrevista en LA NACIÓN, acá.

Se viene, se viene... nuevo libro

¡Aaaaaaatención! Se viene, se viene... nuevo libro...

Lázaro Báez y otra usina de facturas truchas

Austral Construcciones, la nave insignia del empresario Lázaro Báez, sumó un nuevo proveedor de facturas truchas a su historial. Ahora es una firma rosarina que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) identifica como "usina" desde hace años, según confirmó el propio organismo a la justicia en lo penal tributario.

Su nueva proveedora de facturas apócrifas es Conde Marketing SRL, una agencia de publicidad que acumula incidentes que llegan hasta Panamá y Bahía Blanca, con otro proveedor de facturas truchas, el bahiense Juan Ignacio Suris, el amigo de Leonardo Fariña que espera detenido en prisión un juicio oral por narcotráfico.

Austral Construcciones acumuló facturas de Conde Marketing durante al menos dos años -2011 y 2012-, por lo que la AFIP le reclamó más de $ 520.000 en sus rendiciones por IVA y Ganancias, más una tasa. Y la empresa de Báez pagó, aunque bajo reserva.

Con los informes de la AFIP en sus manos, sin embargo, el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart dio por cerrada la impugnación fiscal, ya que "el monto evadido" no superó los $ 400.000 "por tributo y por ejercicio anual" que exige la ley para iniciar una pesquisa por evasión tributaria simple. Eso salvó a Báez de otra causa penal, porque al momento en que acumuló esas facturas ese piso mínimo era de $ 100.000 y el accionar de Báez era delito.

Aun así, el hallazgo de Conde Marketing SRL en sus libros contables significa para el ex empleado bancario patagónico un nuevo contratiempo. Sumó otra marca al listado de sus empresas con facturas truchas que acumularon cientos de millones de pesos durante años, al tiempo que la justicia federal investiga si Báez integra una "asociación ilícita fiscal" junto a funcionarios de la AFIP, incluido su titular, Ricardo Echegaray.

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IGJ, Lázaro y sus seis firmas "inactivas"

Siete meses atrás, bajo acusaciones de que protegía a la sociedad presidencial Hotesur, la Inspección General de Justicia (IGJ) anunció la creación del Registro de Entidades Inactivas (REI). Y prometió que para fines de abril de este año abarcaría a todas las firmas paralizadas o fantasmas bajo su órbita, las que procedería a liquidar.

De ese modo, con una iniciativa general que bloqueó las acusaciones de favoritismo, las autoridades de la IGJ les permitieron a los Kirchner acomodar los papeles de su hotel Alto Calafate. Pero los creadores del REI nunca imaginaron con qué se toparían: ahora tienen que impulsar la muerte jurídica de seis empresas de Lázaro Báez, entre ellas, la constructora Gotti Hermanos y Epelco, la firma con la que el ex empleado bancario compró la casa de los Kirchner en Río Gallegos.

Sin embargo, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia, hasta ahora no dio orden alguna para proceder al cierre de las empresas en las cuales encontró irregularidades.

La lista de firmas afectadas es por demás sensible, según pudo corroborar LA NACION durante las últimas semanas. Incluye también las financieras Invernes y Credisol, de Ernesto Clarens, uno de los operadores de los "fondos de Santa Cruz". Y aparece Austral Agro SA, con la que Báez, que comparte negocios con la familia presidencial, escrituró estancias que quedarán bajo el agua con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic. O sus hermanas Austral Desarrollos Inmobiliarios SA y Austral Atlántica SA, con las que pagó alquileres a los Kirchner por varios inmuebles situados en la capital santacruceña.

A esas sociedades inactivas -y a los problemas de la nave insignia de Báez, Austral Construcciones con otra usina más de facturas truchas (ver aparte)-, se suma una sexta firma del empresario de renombre público. Se trata de Top Air SA, la empresa de taxis aéreos cuyos pilotos declararon ante la Justicia que llevaron al "valijero" Leonardo Fariña al menos una vez hasta Río Gallegos.

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Memoria Activa - Justicia, Justicia perseguirás

Entrevista a dos referentes de Memoria Activa, Adriana Reisfeld y Diana Malamud, que aún pugnan por Justicia a 21 años del atentado contra la AMIA y buscan a sus autores, sus cómplices y sus encubridores.



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AFIP confirma negocios entre los Kirchner y Lázaro

Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadío hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.

Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.

Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.

¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.

Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.

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Galeano: "La información no tenía precio"

Entrevista al destituido juez federal Juan José Galeano. A tres semanas de afrontar un juicio oral por encubrimiento, reafirma que para él, el testimonio de Carlos Telleldín "no tenía precio"... Pero se tasó en US$ 400.000 y se pagó...

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Irán en la Casación - la trama secreta

Después de largos meses cajoneado en el máximo tribunal penal del país, el expediente al fin se acercaba a la sentencia. Uno de los camaristas, Juan Carlos Gemignani, iba a afirmar que el cuestionado pacto entre la Casa Rosada y el régimen de Teherán violaba la Constitución Nacional. Su colega Ana María Figueroa sostendría lo contrario. Y el tercero y decisivo camarista, Luis María Cabral, el único de los tres que era subrogante, sólo buscaba ganar tiempo, mientras negociaba con el Gobierno. En especial, con el secretario de Justicia, Julián Álvarez. Hasta que cometió un error. Para él, que salió eyectado de la Cámara de Casación, y para el expediente, que ahora quedó bajo el control de una Sala reformulada según el gusto del oficialismo.

Ésta es la historia secreta de cómo durante más de doce meses la Cámara de Casación manejó con parámetros políticos en vez de jurídicos uno de los expedientes más sensibles para el Gobierno de los últimos años. ¿Su objetivo? Postergar el fallo hasta después de las elecciones de octubre, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los testimonios de seis actores principales o secundarios de esa causa -incluidos el propio Cabral y otros dos camaristas-, en la que funcionarios del Ejecutivo se involucraron de lleno.

Parte de la trama es pública; lo relevante, no. En diciembre de 2013, el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó el amparo que habían presentado la AMIA y la DAIA contra el memorándum con Irán. Pero por razones formales, sin definir si era constitucional. Seis meses después, en mayo de 2014, la Cámara Federal porteña sí se metió de lleno y concluyó que no lo era, por lo que el Gobierno apeló y el expediente quedó en la Sala II de la Casación.

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Gil Lavedra, el hombre de los tres poderes

Entrevista a Ricardo Gil Lavedra, una de las pocas figuras públicas que pasó por los tres poderes del Estado: Judicial (fue camarista federal y participó en el Juicio a las Juntas), Ejecutivo (fue secretario y Ministro) y Legislativo (fue diputado y titular del bloque de la UCR).

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¿Espías anti-golpes de mercado?

La doctrina nacional de inteligencia que anunció ayer el Gobierno no es una gran novedad, ni es única en su tipo alrededor del mundo. También Estados Unidos, Venezuela y hasta Holanda, entre otros varios países, señalan a la economía como uno de sus objetivos prevalentes de seguridad nacional. Así que el problema no es el "qué", sino "quiénes", "cuándo" y "cómo" se encargarán de estas tareas.

¿Los agentes de "la Casa" ayudarán a evitar una corrida bancaria? ¿Alertarán a la Casa Rosada sobre los posibles desabastecimientos? ¿Analizarán la suba del dólar? ¿Detectarán "golpes de mercado"? ¿O sólo buscarán confirmar con datos selectivos los preconceptos que la Presidenta ya esbozó sobre esos temas durante los últimos años, como en su momento hicieron Antonio "Jaime" Stiuso y sus colaboradores? ¿Otra vez la alimentarán con informes tendenciosos y tremendistas?

Si algo demuestra la nueva doctrina, sin embargo, es que el dólar es una obsesión recurrente para este gobierno que se evidencia cada vez que su cotización pega un respingo. Por eso, durante los últimos años intentó controlarlo por distintas vías, siempre con magros resultados: desde montar un cepo hasta desarrollar operativos de la Gendarmería en la city porteña. Pero como eso resultó infructuoso, va por más. Ahora lo intentará con la vieja Secretaría de Inteligencia (SIDE), aunque con nuevo nombre: la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

¿Sus agentes están en condiciones operativas de desarrollar investigaciones complejas sobre delitos económicos? ¿O de eso se encargarán los más de 200 militantes que ingresaron a la AFI durante los primeros meses de este año y que recibieron una instrucción tan acelerada como acotada en la Escuela Nacional de Inteligencia?

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AFA: la Justicia aprieta clavijas

Se terminó el libre albedrío bancario y financiero para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A partir de ahora, deberá informarle a la Justicia, con 48 horas de antelación, sobre cada peso que pretenda gastar de los cientos de millones que recibe del Gobierno por Fútbol para Todos.

La orden la dio la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, que fue más drástica aún y dejó a la AFA al borde de la intervención si se detectaran nuevas irregularidades. Por eso, dispuso que la AFA deberá abrir una cuenta en el Banco Nación "con destino exclusivo" para recibir y gastar ese dinero con mayores controles, confirmaron fuentes judiciales al tanto de lo ocurrido durante las últimas 48 horas a La Nacion.

No sólo eso: cada centavo que salga de esa nueva cuenta bancaria será a través de una transferencia electrónica que deberá contar con todos los datos de su destinatario o mediante "cheques cruzados y librados no a la orden" con los nombres de la persona o la empresa que recibirá ese pago.

O dicho de otro modo: adiós a los pagos al contado y por ventanilla con fondos de Fútbol para Todos. O a los cheques voladores que terminaban, con suerte, en cuevas de la City porteña o el conurbano bonaerense.

La lupa de Servini de Cubría llegó a la AFA -y por vía indirecta también a la Casa Rosada- junto con sus veedores Alicia López y Alberto Piotti, quienes ingresaron anteayer en la sede de la calle Viamonte con una larga lista de pedidos. En tanto, el tercer veedor, Horacio Della Rocca, no fue a la AFA, pero también afila su lápiz.

Los pedidos apuntan a revisar qué hicieron las autoridades de la AFA con el dinero de Fútbol para Todos desde que sellaron un acuerdo con la Casa Rosada en agosto de 2009 hasta hoy, pero también elevar los controles hasta que concluya la labor de los veedores, sea porque Servini de Cubría no prorroga sus tareas o, por el contrario, los convierte en interventores.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.