Pese a todas las intimaciones judiciales, el misterio
continúa. La ex Ciccone Calcográfica se resiste a aportar información clave al
juzgado en lo comercial que supervisa su salida de la quiebra. En el último
escrito que presentó anteayer en ese expediente ahondó su resistencia. Omitió,
entre otros datos sensibles, precisar cuánto paga por mes por la moratoria
excepcionalísima que le concedió la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) o cuánto le cobró a la Casa de Moneda por el alquiler de sus instalaciones
para imprimir hasta 50.000 millones de pesos en billetes de 100.
La resistencia de la empresa -cuyos verdaderos dueños, a
tres meses del escándalo, todavía continúan en las sombras- provocó ya
fricciones con el juez en lo Comercial Javier Cosentino, que ayer le fijó
límites precisos por segunda vez en cuatro semanas, ya que sus respuestas
combinaron críticas a la cobertura periodística por el "caso
Ciccone", que involucra al vicepresidente Amado Boudou, con pedidos para
acotar la información que debería presentar en el expediente.
El contrapunto llegó a una situación casi límite el jueves,
cuando el juez le dio 48 horas a la firma para que aportara esa información. Si
no lo hace, podría separar a la administración -es decir, a su presidente,
Alejandro Vandenbroele, y su equipo- de la gestión de la imprenta.
La reacción de la ex Ciccone fue inmediata. Aportó algunos
datos anteayer e indicó que otro tramo de la información se la entregó al
síndico, en lugar de hacerlo al juez, porque lo consideró
"innecesario". Y sostuvo que había puesto a disposición el resto, pero
en la sede de la imprenta, en vez de en el expediente, para salvaguardar así su
secreto fiscal y bancario.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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