La séptima víctima del Caso Ciccone

Un ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

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Lázaro & Bahía Blanca, ¿delito precedente?

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

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Ministerio de Justicia, de ambos lados del mostrador

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el "caso Ciccone", según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio liderado por Julio Alak (foto) como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

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Santa Navidad

Para todos y todas.

Lázaro Báez - indagatoria en puerta

Sólo 24 horas después de que la Cámara Federal porteña reclamó una investigación "integral y completa" sobre Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la indagatoria del empresario ultrakirchnerista por presuntas maniobras de lavado de activos por millones de dólares.

Marijuan consideró que Báez actuó como inversor en las sombras cuando el supuesto empresario Leonardo Fariña compró "en comisión" la estancia mendocina de El Carrizalejo, por US$ 5 millones, una de las maniobras a las que habría recurrido el dueño de Austral Construcciones para lavar decenas de millones de dólares. El arribo de Báez a los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse de los cargos por lavado de activos, sin embargo, podría demorarse durante meses o incluso extenderse más allá de 2015, ya que el propio fiscal solicitó también una larga lista de medidas de pruebas previas, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, apuntará ahora a completar esas medidas previas, y para eso podría delegar parte de la labor en el propio fiscal Marijuan, y así repartir la carga entre ambos, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION. El objetivo clave es determinar cuál sería el delito precedente de esas maniobras de activos. Es decir determinar, si Báez lavó dinero negro, ¿de dónde provinieron esos fondos que buscó blanquear? En esa línea, y sólo un par de horas después de recibir su escrito, Casanello accedió a una de las medidas que pidió el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco Supervielle, se encargó de mover los US$ 5 millones con una serie de operaciones bajo sospecha.

Una segunda hipótesis pasa por la facturación falsa detectada en varias empresas de Báez, según adelantaban anoche los investigadores de Comodoro Py. La última vez fue cuando LA NACION reveló a fines de octubre pasado cómo tres grupos de empresas de Bahía Blanca -de las familias de Silvio Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza- emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que así pudo evadir impuestos, pagar sobornos u otras acciones irregulares.

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Scioli y un avioncito incómodo

Deseoso de terminar con lo que considera una "operación" en su contra, el equipo de colaboradores del gobernador Daniel Scioli sostiene que el vuelo en avión privado que generó tanto ruido durante la semana no fue gratuito -por lo que no configuraría el delito de dádivas-, y que costó 400.000 pesos.

Pero ese monto también recibe cuestionamientos por resultar demasiado bajo y alentar las sospechas de subfacturación.

Scioli voló junto a su esposa Karina Rabolini y algunos colaboradores en un avión del empresario y piloto Gustavo Carmona, quien ante la consulta LA NACION indicó primero que cobró "38.000 dólares", para luego elevar la suma a "40.000 dólares", para un día después llevarla a "47.000 dólares".

Ambas cifras, las declaradas por la gobernación bonaerense y Carmona, resultan inferiores a las de mercado, donde estiman que un vuelo de esas características ronda entre los 75.000 y 150.000 dólares, aunque aclaran que ese valor puede variar según las características del avión que se utilice y otros costos, como los seguros, escalas, combustible y viáticos para la tripulación. A eso se suma el 35% que impone la resolución 3550 de la AFIP.

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Formosa - Ministro vs Vicepresidente

Sin llamar la atención a su paso por los pasillos, como a lo largo de toda su gestión en el Palacio de Hacienda, el ex ministro de Economía Carlos Fernández declaró anteayer en los tribunales de Comodoro Py. Pero, bajo juramento, dejó contra las cuerdas al vicepresidente Amado Boudou en la causa por el canje de la deuda de Formosa con el fisco nacional.

Fernández declaró que era innecesario que la sociedad The Old Fund, cuyo único rostro visible es Alejandro Vandenbroele, participara como consultora en la negociación que la provincia de Formosa completó cuando Boudou ya lo había reemplazado como ministro.

El ex funcionario declaró como testigo a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, por su experiencia en la administración bonaerense y nacional durante dos décadas. Comenzó en 1989 como director nacional de Coordinación Fiscal con las provincias durante la presidencia de Carlos Menem, y terminó en julio de 2009 con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando renunció como ministro de Economía (había asumido en abril de 2008).

Fernández planteó que durante su gestión ninguna provincia contrató a una consultora para negociar su deuda, ni era necesario. "Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional", explicó, y diferenció ese tipo de negociaciones con el frente exterior. "Distinto es la emisión de un bono internacional, donde ahí participan otros actores, como bancos colocadores, estudios jurídicos, calificadoras de riesgo, allí es distinto", indicó.

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2015 - ¿quiénes recaudarán los $1000M (por cabeza)?

Si hay que recaudar $ 1000 millones (o más) para competir en las elecciones de 2015, los presidenciables saben que es clave definir quiénes serán sus recaudadores. Un rol insustituible que no conoce ideologías ni sellos partidarios para Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri o cualquier otro que quiera sentarse en el Sillón de Rivadavia.

Funcionarios, operadores, amigos, empresarios y más. Muchos están dispuestos a recaudar para un candidato, pero pocos cuentan con esa bendición, según el relevamiento realizado por LA NACION entre 40 informantes, incluidos recaudadores de las actuales y anteriores campañas.

En el equipo de Mauricio Macri, el jefe es su ministro de Medio Ambiente porteño, Edgardo Cenzón, aunque el empresario Nicolás Caputo, centro de los dardos envenenados de los rivales de Pro, colabora con el incipiente operativo. Puertas adentro lo denominan un "facilitador", más que un "recaudador". El equipo general de campaña se reúne todos los lunes por la tarde y los jueves por la mañana en un local de la calle Balcarce 412, a cuatro cuadras de la Rosada.

En el equipo de Daniel Scioli, en tanto, aparecen Rafael Perelmiter, el contador de confianza histórica de su familia; el ex hombre fuerte en la Lotería bonaerense, Luis "Chiche" Peluso, y el de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella. E incluso un operador que apareció en el caso Ciccone, Lautaro Mauro. Otros marcan a su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, como interlocutor, y hasta a su hermano José "Pepe" Scioli, con un latiguillo que le adjudican al ex motonauta ante la consulta empresaria: "Dale a José".

En el equipo de Sergio Massa, aparecen como operadores: el ex intendente Juan José Álvarez y el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, en la faceta internacional, mientras que desde otras campañas suman a José Luis Manzano, algo que Massa desmiente tajante. Pero en cualquier caso, según relatan varios empresarios, el jugador clave es el propio ex intendente de Tigre.

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2015 - las campañas de los 1000 millones

Todos lo negarán. Porque hay cifras que no se pueden pronunciar en voz alta. Pero los principales aspirantes a la Prtesidencia gastarán el año próximo un mínimo de $500 millones. Eso, para hacer una campaña aceptable, porque los que se vean con chances ciertas de ganar superarán los $1000 millones. 

¿Y el techo? El cielo es el límite, según los cálculos de los candidatos, operadores, funcionarios, empresarios que ya aportaron -o al menos ya comenzaron a ser abordados- y recaudadores de las actuales y anteriores campañas que dialogaron con LA NACION en los últimos tres meses.

Las cifras pueden parecer un despropósito para el lector desprevendio. Pero basta con recordar que la campaña de 1999 de la Alianza rondó los US$100 millones. ¿A cuánto equivale aquella cifra hoy, sea dólar oficial o blue? ¿O ajustada por inflación -Indec o real- o por el crecimeinto del producto bruto interno (PBI)?

El monto, claro está, resulta muy superior a las cuentas oficiales de cada campaña que verifica la justicia electoral. Pero ninguno de los más de 40 informantes consultados por LA NACION tomó esas rendiciones en serio. Las consideran una formalidad sin asidero en la realidad.

¿Y cómo se maneja tanto dinero sin registro? Mucho, en bolsos; otro tanto, con cheques que se cobran en cuevas, como implementó el Frente para la Victoria (FPV) en 2007, con el dinero de Sebastián Forza, entre otros.

En los papeles y para la contienda de 2013, el FPV declaró gastos por $ 22,5 millones en el territorio bonaerense frente a los $ 12,2 millones que declaró el por entonces candidato a diputado nacional Sergio Massa. Pero la realidad fue muy distinta: uno de los candidatos distribuyó más de $ 15 millones sólo entre sus fiscales pagos -que complementaron a los voluntarios- para cubrir las cerca de 35.000 mesas de la provincia, ejemplificó uno de los armadores de aquellas elecciones. Y esa cifra no incluyó lo que destinó a viandas y transporte.

¿Otro ejemplo? Durante el último mes de aquella campaña caliente, el FPV gastó $ 9,6 millones en carteles en la vía pública, según una auditoría de la Cámara Nacional Electoral, aunque el oficialismo declaró $ 2,6 millones en ese rubro para toda su campaña.

Aquella contienda de 2013 apenas será un canapé, sin embargo, comparada con 2015. Fue una elección de mitad de mandato y en una provincia, la de Buenos Aires, que, aunque sea la más importante y habitada del país, no se compara con una puja nacional. Por eso las cuentas se potenciarán aún más en los próximos meses, adelantan todos los consultados por LA NACION, cuando se abarque todo el país y esté en juego la Casa Rosada. Por eso es que los que afilan lápices estiman que sólo en fiscales cada candidato podría consumir hasta 100 millones de pesos.

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Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

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Porque bien vale una quijoteada

Más de una vez me han preguntado por qué hago lo que hago. Y no importa qué responda (y siempre respondo lo mismo; ver, por ejemplo, acá), el retruque que recibo va por este lado: ¿Y para qué? Si total...

Anoche, al leer la intervención de Arturo Pérez-Reverte, uno de mis escritores favoritos, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encontré la mejor síntesis para cantarle "vale 4" a ese retruque pesimista, cargado de frustración y/o cinismo.

Es el siguiente: “Yo creo que los malos siempre ganan. Y tú puedes asociarte al malo o, de una forma más quijotesca, tratar de hacer que el malo no duerma bien, que sepa que en cualquier momento alguien se puede levantar y cortarle el sueño, o el negocio. Que el malo sepa que no es tan fácil ser malo, y que incluso puede ser peligroso”.

Gracias, don Arturo. Gracias don Miguel. Gracias don Quijote.

pd: el artículo de El País de España donde se lo cita, acá.

Báez - control total sobre los hoteles K

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario gerenció los hoteles Alto Calafate y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. 

Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

pd: el resto de la nota publicada ayer en LA NACIÓN, acá.