Máximo, las cuentas y la grieta periodística

Durante los últimos días salieron a la luz datos sobre supuestas cuentas secretas de Máximo Kirchner, el primogénito del matrimonio presidencial. Por Twitter (ver acá) sugerí cautela anoche y ahora hasta Víctor Hugo Morales me cita para defenestrar que existan esas cuentas.

Vamos de nuevo a ver si se entiende:

1. Respeto a Daniel Santoro del diario Clarín como a pocos colegas;

2. Sólo digo que información sobre esas supuestas cuentas circula desde 2011, que desde entonces la tenemos en el diario y que los papeles disponibles muestran inconsistencias;

3. Planteo que hay que moverse con cautela;

4. ¿Pueden existir esas cuentas? Sí, pero la data que circula contiene errores; y

5. Agradezco a Víctor Hugo (al que de verdad le deseo lo mejor) que me cite al aire en su programa como supuesto auditor de calidad de información sobre esas supuestas cuentas. Espero que haga lo mismo al abordar mi trabajo sobre Hotesur, Ciccone, Lázaro Báez, Cristóbal López, Ricardo Jaime, Embajada Paralela, Muertos durante la inundación de La Plata y varias investigaciones más que publiqué durante los últimos años.

Porque si ahora me van a insultar de un lado de la grieta porque me "vendí" al kirchnerismo y que no entiendo nada, y van a responder del otro lado de esa grieta con que soy un cipayo de Héctor Magnetto y un gorilón de doble apellido, la verdad es más simple: me importa un bledo. Seguiré con mi trabajo de periodista como en los tiempos de Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, como ahora con Cristina Fernández y como será, si Dios quiere y me lo permite, con quien venga después.

¿Se entendió ahora mi posición?

salutes,

Lázaro, en el mar de los piratas

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

"Bochi", el puente entre Máximo y Cristóbal

El dueño de todos los secretos inmobiliarios de la familia presidencial Kirchner, Osvaldo Sanfelice, fue el enlace clave para concretar los millonarios contratos de alquiler que unen a la familia Kirchner con el empresario patagónico Cristóbal López, confirmaron a LA NACION fuentes del Grupo Indalo al tanto de la operatoria.

Conocido como "Bochi", Sanfelice es un agente de bienes raíces de 65 años, de Río Gallegos, donde conoció y se convirtió en íntimo amigo del ex presidente Néstor Kirchner. Ya con él en la Casa Rosada, en 2005, se convirtió en socio de Máximo Kirchner en la firma Negocios Inmobiliarios, y en 2008 apareció como socio de López en la firma Talares de Posadas.

López siempre negó ser socio de Sanfelice, aun cuando los documentos así lo consignan. Sostiene que nunca prosperó el proyecto hotelero que evaluaron juntos. Pero el vínculo -Sanfelice también aparece como empleado suyo en la empresa Alcalis de la Patagonia SA- terminó por fructificar en los alquileres de un departamento, una oficina y cinco cocheras que los Kirchner poseen en el complejo Madero Center, de la ciudad de Buenos Aires.

Sólo entre junio de 2014 y enero de este año, López pagó $ 2,8 millones por esos alquileres en Puerto Madero a través de dos de sus empresas, Inversora M&S SA y, otra vez, Alcalis de la Patagonia SA, según reveló LA NACION el domingo pasado. Molesto, el empresario salió al ruedo con una solicitada en la que destacó que la operatoria es legal, y que la nacion y Clarín intentan una "extorsión pública".

Junto al llamado "zar del juego" indicaron a LA NACION, además, que la operatoria comenzó hace dos años "por lo menos". Y que esos contratos con valores pactados en dólares los firmó Máximo Kirchner, por lo que la familia presidencial embolsó varios millones de pesos más por esa operatoria comercial.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro, una víctima política...

Dispuesto a jugar a fondo, el empresario patagónico Lázaro Báez reclamó otra vez a la Justicia que lo sobresea de las acusaciones que afronta por lavado. Para eso, apeló a dos cartas: se colocó en el rol de víctima de una persecución más política que judicial y planteó que aun cuando las maniobras bajo sospecha pueden ser hoy cuestionables, no eran delito cuando ocurrieron.

Báez jugó las dos cartas mediante un par de escritos que presentó ante el juez Sebastián Casanello, quien investiga el presunto lavado de fondos a través de la compra de un campo en Mendoza que negoció el valijero Leonardo Fariña.

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"Aunque fuera cierto que el «hombre en las sombras» en la compra del campo de Mendoza hubiese sido" Báez, dijeron sus abogados defensores, Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, "ello no podría configurar el delito de lavado de dinero, pues esa compra se llevó a cabo en diciembre de 2010 y, como es sabido, el denominado «autolavado de dinero» recién adquirió estatus de tipo penal al año siguiente".

Sin la opción del autolavado, avanzaron sus abogados, tanto el fiscal Guillermo Marijuan como el juez Casanello deberían buscar el "delito precedente" por el cual Báez habría obtenido ese dinero negro que luego habría lavado Fariña. Pero, insistieron, "no existe hipótesis de delito previo que pueda imputársele" a Báez.

A partir de allí, el dueño de Austral Construcciones cargó contra quienes considera que lo llevaron al banquillo de acusados, con "denuncias de, por lo general, un mismo grupo de personas vinculadas a cierto sector de la política y cierto sector de la prensa".

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá

"El Cani" y los bigotes del Tigre

"Yo no soy soldado de La Cámpora ni de nadie -frena el juez federal Rodolfo Canicoba Corral-. Desmiento terminantemente que yo sea el emisario del Gobierno para negociar una tregua con [los jueces federales de] Comodoro Py y además, soldado... como mínimo, soy general."

Célebre en el Poder Judicial por su lengua irónica y filosa como pocas, Canicoba Corral se ríe de su propia ocurrencia. Pero deja claro, también, que considera injusto que lo señalen como interlocutor entre los jueces y fiscales federales y la Casa Rosada. "Yo sólo soy un veterano que aconseja en tiempos agitados", dice.

Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 desde que Carlos Menem firmó su decreto de designación el 16 de junio de 1993, Canicoba Corral lleva la cuenta de cuántos han pasado por la Rosada: "Ya he visto pasar a siete presidentes y voy a ver pasar la octava", remacha.

Pero esta vez el juez está molesto. Lo está desde el domingo pasado, cuando LA NACION reveló que el Gobierno negocia una tregua hasta diciembre con Comodoro Py y lo incluyó como protagonista de esos intentos de tender puentes. Y, más aún, por detallar que lo llamó al fiscal federal Gerardo Pollicita para avisarle que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el desistimiento de la denuncia contra la Presidenta que firmó el juez Daniel Rafecas por el supuesto encubrimiento a Irán en el caso AMIA.

"Hablé con Pollicita, sí. Pero fue para darle un consejo, no para transmitirle una amenaza o un apriete", se ataja Canicoba Corral ante lo que considera una tergiversación de lo ocurrido.

-¿Qué le dijo al fiscal?

-Le dije: "Hacé lo que tengas que hacer y tené cuidado".

-¿Cuidado? ¿Por qué? ¿De qué o de quién debería cuidarse?

-No me venga con chicanas.

pd: el resto del reportaje publicado en LA NACIÓN, acá.

Cristóbal y la sucesión de Néstor Kirchner

A los millones que los Kirchner recibieron del "zar del juego", Cristóbal López,  por los alquileres de Puerto Madero se suma otra fuente de ingresos: el Grupo Indalo también alquila el histórico departamento de la familia presidencial en el barrio porteño de Recoleta. Y la operación tiene una particularidad: se factura a través de la sucesión aún abierta del ex presidente Néstor Kirchner, según documentos, recibos y testimonios que obtuvo y verificó LA NACION.

Los Kirchner embolsaron más de $ 200.000 en ocho meses gracias a este nuevo alquiler -a razón de 26.000 pesos mensuales por un contrato con precios pactados en dólares-, aunque el vínculo comercial por esa propiedad lleva al menos dos años, según informaron voceros del Grupo Indalo. Se suma así a los otros $ 2,8 millones que cobró la familia presidencial, también en apenas ocho meses, por los inmuebles de Puerto Madero.

Las rentas por el departamento de la esquina de las calles Uruguay y Juncal aportan además un nuevo vínculo comercial que une a los Kirchner con Cristóbal López, uno de los empresarios que más crecieron durante la última década, con ramificaciones en las industrias del juego, petrolera, inmobiliaria y de medios de comunicación, entre otras.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Los Kirchner y Cristóbal, negocios en marcha

Lázaro Báez no está solo a la hora de pagar millones a la familia presidencial. El "zar del juego", Cristóbal López, también mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, según consta en documentos que obtuvo LA NACION.

Como resultado de ese vínculo comercial, hasta ahora secreto, la Presidenta y sus hijos recibieron al menos $ 2,8 millones de López durante los últimos ocho meses, aunque la operatoria y los pagos a los Kirchner comenzaron mucho antes, hace por lo menos dos años.

La operatoria abarca un departamento, una oficina y cinco cocheras en la meca del kirchnerismo, el complejo de lujo Madero Center. Allí compraron los Kirchner, vive el vicepresidente Amado Boudou y funcionó "La Rosadita", la financiera por la que se sospecha que Báez sacó decenas de millones de dólares de la Argentina.

Para facturar esos ingresos millonarios, la familia presidencial recurrió a la sociedad Los Sauces SA, mientras que López -uno de los empresarios que más se expandieron durante la última década- dividió los pagos entre dos de sus empresas, Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, en las que también aparecen su socio y lugarteniente, Fabián de Sousa. 

Consultados por LA NACION, los voceros del Grupo Indalo confirmaron los alquileres, pero le restaron relevancia. "Sí, en efecto, esos alquileres comenzaron hace al menos dos años, cuando Máximo y De Sousa firmaron el contrato", precisaron.

El propio De Sousa resultó un factor decisivo en la operatoria. Él vivió en uno de esos departamentos de los Kirchner, según indicaron vecinos y el servicio de seguridad del complejo, como también voceros del Grupo Indalo que controlan López y De Sousa, quien ya no vive allí.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Canicoba Corral y los bigotes del tigre

"Yo no soy soldado de La Cámpora ni de nadie -frena el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Desmiento terminantemente que yo sea el emisario del Gobierno para negociar una tregua con [los jueces federales de] Comodoro Py y además, soldado como mínimo, soy general."

Célebre en el Poder Judicial por su lengua irónica y filosa como pocas, Canicoba Corral se ríe de su propia ocurrencia. Pero deja claro, también, que considera injusto que lo señalen como interlocutor entre los jueces y fiscales federales y la Casa Rosada. "Yo sólo soy un veterano que aconseja en tiempos agitados", dice.

Titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 6 desde que Carlos Menem firmó su decreto de designación el 16 de junio de 1993, Canicoba Corral lleva la cuenta de cuántos han pasado por la Rosada: "Ya he visto pasar a siete presidentes y voy a ver pasar la octava", remacha.

Pero esta vez el juez está molesto. Lo está desde el domingo pasado, cuando LA NACION reveló que el Gobierno negocia una tregua hasta diciembre con Comodoro Py y lo incluyó como protagonista de esos intentos de tender puentes. Y, más aún, por detallar que lo llamó al fiscal federal Gerardo Pollicita para avisarle que "los muchachos" estaban dispuestos a tirarle con un "carpetazo" si apelaba el desistimiento de la denuncia contra la Presidenta que firmó el juez Daniel Rafecas por el supuesto encubrimiento a Irán en el caso AMIA.

"Hablé con Pollicita, sí. Pero fue para darle un consejo, no para transmitirle una amenaza o un apriete", se ataja

pd: el resto del reportaje publicado hoy en LA NACIÓN, acá.

Contado con liqui - la City, de fiesta

La Cámara en lo Penal Económico concluyó que las operaciones de contado con liquidación con que miles de ahorristas e inversores escapan del cepo cambiario no constituyen un delito, como sostiene el Gobierno desde hace años en un intento de detener o desacelerar la fuga de divisas.

La Sala B de esa cámara consideró, mediante un fallo unánime de sus tres integrantes, que aplicarle el régimen penal cambiario a ese tipo de operaciones financieras viola el principio de legalidad establecido en el artículo 18 de la Constitución nacional.

El fallo -que se firmó el miércoles, pero recién trascendió anoche- resulta un traspié para el Gobierno, que ya anticipó que lo apelará ante la Cámara de Casación Penal. Considera que su denuncia contra el banco BBVA Francés es un "caso testigo" de una operatoria sistémica delictual que permitió la fuga de miles de millones de dólares durante los últimos años.

"El llamado «contado con liqui» es una maniobra lícita en principio y si se trata de una operación aislada, individual; pero cuando resulta parte de un patrón conductual, sistemático y sostenido en el tiempo, consideramos que se trata de un abuso, un fraude a la ley", indicaron desde la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a LA NACION.

Sin embargo, con el voto decisivo del camarista Roberto Hornos -al cual suscribieron sus colegas Marcos Gravibker y Nicanor Repetto-, la Sala B consideró que las operaciones bajo sospecha no pueden considerarse delito mediante "una interpretación extensiva y una aplicación analógica" de las leyes penales vigentes.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Moldes, 1 cucurucho y 0 en diplomacia

El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, confirmó ayer la existencia de "presiones, sugerencias y llamados" desde la Casa Rosada a jueces y fiscales de los tribunales de Comodoro Py, al tiempo que reconoció que protagonizó un fuerte contrapunto con un emisario del kirchnerismo, como reveló LA NACION este domingo.

"Hace 20 años que soy fiscal de la Cámara. No sé si se pueden llamar presiones, pero sugerencias y llamados se tienen todos los días", sostuvo Moldes en declaraciones radiales. "La verdad es que a esta altura de la tournée, esto de las presiones, ya uno tiene el cuero duro", abundó.

Moldes confirmó además que recibió un ofrecimiento del Gobierno para impulsar el pliego de su hijo para juez si no mantenía la apelación que presentó su colega de primera instancia, Gerardo Pollicita, para revocar el desistimiento de la denuncia contra la Presidenta por presunto encubrimiento a Irán.

El fiscal, que se convirtió en uno de los organizadores de la marcha en homenaje a Alberto Nisman del 18 de febrero pasado, rechazó esa opción en duros términos. "Hagan un cucurucho con ese papel y métanselo en el orto", respondió, según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en la edición de este domingo de LA NACION.

Al ser consultado ayer por Radio Mitre sobre su dura respuesta al ofrecimiento oficial, Moldes la confirmó con una ironía: "Alconada Mon cortó de cuajo todas mis aspiraciones a la carrera diplomática, ahí ya no me van a aceptar".

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Rosada + Py = un acuerdo "inmoral"

La Asociación de Magistrados consideró ayer que sería "inmoral", un "escándalo" y un acto de "corrupción" que los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py acuerden una tregua con el Gobierno hasta diciembre, tal como reveló LA NACION anteayer.

"Los jueces no pueden negociar" con la Casa Rosada, señaló el titular de la Asociación, Ricardo Recondo, al ser consultado sobre las negociaciones que la Casa Rosada impulsa a través de diversos operadores. "Los jueces van a ser creíbles cuando sean profesionales y actúen con responsabilidad y con conciencia de los efectos de los fallos que están dictando, pero eso no tiene nada que ver con negociar", añadió Recondo [foto, abajo]. "Si es cierto [por las negociaciones], lo condenaremos, pero son cosas indemostrables", argumentó.

El vicepresidente de la Asociación, Alejandro Sudera, en tanto, también criticó en duros términos que jueces y fiscales busquen un acuerdo con el Poder Ejecutivo. "No serían negociaciones políticas; eso es corrupción", consideró.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, intentó desmentir la existencia de esas negociaciones, al tiempo que concentró sus críticas sobre algunos jueces y fiscales. "Hay un grupo chico [de magistrados] que se destaca por querer jugar a la política y tratar de gobernar cuando no les corresponde", sostuvo durante su conferencia de prensa matinal.

Fernández reclamó que esos jueces y fiscales "vuelvan a su cauce y se dediquen a lo que tienen que dedicarse", al tiempo que elogió a otros magistrados que, comentó, "han hecho un trabajo encomiable", pero a los que no identificó por sus nombres.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Rosada y Py, tregua en marcha

La Casa Rosada negocia con los jueces y fiscales de los tribunales federales de Comodoro Py. Su objetivo es sellar una tregua con todos los magistrados que sea posible y por un plazo determinado: el 10 de diciembre próximo, día en que expirará el mandato de la presidenta Cristina Kirchner.

El secretario Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini, lidera la negociación, que en la práctica quedó en manos del secretario de Justicia, Julián Álvarez, y otros funcionarios y operadores. Entre ellos, el número dos de la ex SIDE, Juan Martín Mena, y un estrecho colaborador del ministro Julio De Vido, José María Olazagasti, a quien también señalan con funciones dentro del área de Inteligencia.

Desde Comodoro Py, dos jueces aparecen como interlocutores o "amigables componedores" con el kirchnerismo. El primero es Rodolfo Canicoba Corral; la otra, María Servini de Cubría, confirmaron a LA NACION siete jueces y fiscales. "A nadie le interesa una guerra, porque en toda guerra hay muertos de ambos lados", resumió una de las fuentes judiciales ubicadas en la primera línea de negociación. "No les sirve ni a ellos [por el Gobierno] ni a nosotros."

Los esfuerzos del Gobierno se centran, casi en exclusividad, en los expedientes que afectan a la Presidenta. Es decir, la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal Alberto Nisman y la pesquisa sobre la sociedad Hotesur, con Máximo Kirchner y Lázaro Báez como primeros actores (ver aparte). Pero el plan es acordar una tregua con el mayor número posible de jueces y fiscales de Comodoro Py, y aislar a los más díscolos. Entre otros, el fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, uno de los referentes de la marcha del 18 de febrero.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

El complicado cuadro judicial de Vandenbroele

Alejandro Vandenbroele no imaginó jamás que afrontaría el panorama judicial que hoy padece. Detenido en una celda sin luz natural desde el viernes 20 de febrero, la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por su presunto rol en el caso Ciccone. Y afronta tres citaciones a indagatoria simultáneas en la Argentina y en Uruguay, que reclama su inmediata extradición.

Pero sus problemas no comenzaron ahora. Tampoco cuando estalló el caso Ciccone, en febrero de 2012. Su suerte empezó a cambiar hace casi seis años, cuando se reconectó con José María Núñez Carmona, el ex novio de una prima suya de Mar del Plata que ensayaba múltiples negocios de la mano de su íntimo amigo y socio, Amado Boudou, por entonces ministro de Economía.

Vandenbroele se sumó entonces como "operativo", mezcla entre abogado y gestor, a esos proyectos de "Nariga". Juntos movieron dinero dentro y fuera del país; juntos contactaron al gobierno de Formosa; y juntos se involucraron en la resurrección de la ex Ciccone.

Los dos años siguientes a su reencuentro con Núñez Carmona se asemejaron a un sueño. Vandenbroele pasó a presidir la máquina de hacer billetes de $ 100 de la Argentina, mientras Núñez Carmona viajaba por el mundo y Boudou asumía como vicepresidente.

Con el estallido del caso Ciccone, sin embargo, el sueño expiró.

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El "caso Antonini" mira a la Corte Suprema

El "caso Antonini", pese a todo lo que se dijo durante las últimas dos semanas, sigue vivo. La fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Gabriela Baigún, abrió la puerta para que sea la Corte Suprema la que defina si debe continuar abierta la investigación que durante años sacudió a los gobiernos de la Argentina y Venezuela.

La fiscal recurrió la decisión de la Sala II de la Casación, que el 2 de febrero pasado había considerado "inadmisible" un planteo que había llegado del fuero penal económico para impedir que prescribiera la causa. Baigún consideró que la Casación se equivocó y presentó un recurso -que continúa pendiente- para que sea la Corte la que defina si la investigación debe mantenerse abierta.

La pesquisa se inició el 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) María del Luján Telpuk detectó en el Aeroparque al menos US$ 800.000 dentro de un maletín que se le adjudicó a Guido Alejandro Antonini Wilson, un empresario de doble nacionalidad venezolana y estadounidense.

Antonini Wilson integraba una comitiva de funcionarios chavistas y argentinos que poco antes de aterrizar se identificó ante la torre de control como un vuelo de "Presidencia argentina". Y 60 horas después del decomiso, el supuesto "valijero" ingresó a la Casa Rosada, con la ayuda de funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, para participar en un acto de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez.

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Nueva SIDE, nuevas escuchas, nuevas denuncias

La nueva "dueña" de las escuchas telefónicas en la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Josefina Kelly Neira, acumuló las primeras dos denuncias penales en su contra. Ambas, por las supuestas trabas que un fiscal federal afirma que le interpuso mientras investigaba secuestros extorsivos en el conurbano.

El fiscal federal Paul Starc la denunció la semana pasada tras considerar que, como flamante jefa de la Dirección de Observaciones Judiciales, Kelly Neira "se negó" a cumplir con su labor. Es decir, se resistió a pinchar dos teléfonos -"o al menos demoró su cumplimiento"- durante la investigación de uno de los secuestros e impidió el acceso a dos policías designados para unas "escuchas directas" durante el segundo secuestro.

Starc también pidió ayuda a su jefa máxima, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para que "inste" a las nuevas autoridades de la ex SIDE, tanto Kelly Neira como su superior, Oscar Parrilli, "a abstenerse de realizar conductas tales como la denunciada", lo que consideró que causó "un injustificado retardo" para avanzar con sus investigaciones.

Con un paso previo en el Ministerio de Justicia, Kelly Neira llegó a la dirección conocida en la jerga tribunalicia y de los servicios como "Ojota" tras la asunción de Parrilli como nuevo titular de la ex SIDE, al igual que otros militantes de La Cámpora. De buena sintonía con el referente de esa agrupación y actual secretario general de la Presidencia, Wado de Pedro, Kelly Neira concentró el fastidio del fiscal Starc por su actuación durante los últimos días de febrero.

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Casación y una disputa por el pacto con Irán

El máximo tribunal penal del país protagoniza una sorda disputa interna desde hace semanas para definir si es constitucional o no el acuerdo que el Gobierno firmó con Irán. Deben definirlo tres jueces enfrentados entre sí por las repercusiones que ese fallo podrían tener sobre la causa AMIA y la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman.

Los protagonistas son tres camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal: Ángela Ledesma, Juan Carlos Gemignani y el subrogante Luis María Cabral. Juntos deben resolver si confirman el fallo de la Cámara Federal porteña, que en mayo del año pasado determinó que ese acuerdo violaba la Constitución.

Las diferencias de criterio entre los tres son conocidas entre sus pares, según fuentes judiciales. Por un lado, Gemignani se muestra proclive a ratificar que el pacto con Irán es inconstitucional, mientras que Cabral -de buen diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti- se ubica en una posición más ambigua.

El tercer y decisivo voto es, por ahora, el de Ledesma, quien también considera endeble la posición de la Casa Rosada, pero con la que mantiene una buena sintonía. Y por ese motivo busca postergar la decisión o apartarse del expediente que se encuentra desde noviembre pasado a la espera de que la propia Ledesma -como presidenta de la sala- convoque a la audiencia prevista en el Código Procesal Penal para ese recurso.

La tensión entre los camaristas llegó a tal punto que Ledesma solicitó una licencia por "estudios" por cuatro meses que Lorenzetti le concedió el 23 del mes pasado -con una velocidad inusual-, pero efectiva recién desde el próximo martes, por lo que Ledesma decidió también enviar una consulta a las Naciones Unidas (ONU) que podría postergar el fallo durante meses o, incluso, años.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.