Ley de Medios - freno de un juez

El juez en lo contencioso administrativo N° 1 de La Plata, Luis Arias, congeló ayer el avance del Gobierno sobre la ley de medios y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), al hacer lugar a una medida precautelar que solicitó el delegado de ese organismo en La Plata.

Arias dictó "la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia" de la Afsca, mientras el jefe de Gabinete nacional, Marcos Peña, anunciaba su inminente fusión con la Agencia Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) y la reforma de la ley de medios.

La decisión de Arias (foto, arriba) retrotrajo la situación al martes último, por lo que el Gobierno -que anoche confirmó a LA NACION que apelará el fallo- no podrá avanzar con la fusión de los organismos ni la reforma legislativa por decreto, aunque sólo se repondrá en sus cargos a los últimos directores desplazados de la Afsca.

Distinto será el caso de Martín Sabbatella, quien no fue beneficiado por el fallo de Arias y, por lo tanto, no recuperará su puesto al frente del organismo, ya que su salida se concretó antes del martes.

"Todo vuelve al 29 de diciembre", explicó Arias. "La intervención sigue. No implica ni el cese de la intervención ni el regreso de las autoridades anteriores", abundó, pero "cualquier acto que se haya tomado con posterioridad [al 29] queda suspendido automáticamente".

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Facturas truchas: Lázaro mete a Cristóbal

Dispuesto a todo para defenderse, el empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez señaló a otro ícono de la última década, Cristóbal López, como un eslabón más en la red vinculada a las facturas truchas desde Bahía Blanca, según consta en un escrito que presentó Báez ante la justicia federal y cuya copia obtuvo LA NACION.

Baéz señaló a una de las empresas más queridas por el "zar del juego", Tsuyoi SA, en su intento de defender los números de Austral Construcciones, sospechada de acumular decenas de millones de pesos en facturas truchas emitidas por diversas firmas bahienses, tanto de Juan Ignacio Suris, como de las que pertenecen a las familias Ferreyra y Ficcadenti. 

Acompañado por sus abogados Gabriel Gandolfo y Nicolás Guzmán, Báez presentó un escrito ante el juez Sebastián Casanello en el que identificó a Tsuyoi y a otras seis empresas como proveedoras de la firma bahiense Grupo Penta, a la que tanto la AFIP como la Justicia tienen bajo la lupa por emitir facturas truchas que terminaron en los balances de Austral.

El argumento de Báez es sencillo: Grupo Penta existe, tiene una larga lista de empresas que le "abastecieron recursos materiales para el desarrollo de las tareas" -como Tsuyoi-, realizó diversos trabajos reales para Austral Construcciones (ACSA) y, por tanto, las facturas que emitió Penta son reales.

Tsuyoi es una de las empresas más queridas por Cristóbal López. La creó en 1994 junto con su esposa e hijos, y se convirtió en la primera concesionaria de la marca Toyota en la Patagonia. Allí Carlos Zannini, compró su camioneta, según consta en la última declaración jurada patrimonial que presentó ante la Oficina Anticorrupción.

El planteo defensivo de Báez choca, sin embargo, con las declaraciones del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En octubre de 2014, un día después de que LA NACION reveló la operatoria bajo sospecha, convocó a una conferencia de prensa y confirmó que Grupo Penta y otra firma bahiense de los Ficcadenti, Calvento SA, se encontraban bajo fiscalización. 

Durante aquella conferencia de prensa, sin embargo, Echegaray evitó detallar los resultados de la pesquisa de sus sabuesos locales.

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Ciccone: Moneta se abre la ruta del dinero

Casi cuatro años después de que estalló el "caso Ciccone", el supuesto financista Raúl Moneta se abrió de la operatoria y complicó aún más las defensas del ex vicepresidente Amado Boudou y su presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele.

Moneta desistió de su amparo contra el Estado nacional que tramitaba en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y dejó así de reclamar los millones de pesos que tanto él como Vandenbroele sostenían hasta entonces que habían servido para financiar la resurrección de la ex Ciccone Calcográfica por parte de la sociedad The Old Fund.

El abandono de Moneta -quien afronta muy serios problemas de salud y cuenta ahora con una curadora judicial- reavivó así los dos grandes misterios detrás de la empresa que imprimió millones de billetes de 100 pesos junto a la Casa de Moneda: ¿quiénes son los verdaderos dueños detrás de The Old Fund?, ¿quién aportó el dinero para ese polémico desembarco?

La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. La investigación judicial avanzó ya sobre ambas preguntas. Según el juez federal Ariel Lijo -y confirmó luego la Cámara Federal porteña-, el verdadero dueño detrás de The Old Fund sería Boudou. En tanto, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió varias medidas de prueba para determinar si el titular del Banco Macro, Jorge Brito, o su hijo homónimo, fueron los financistas que aún permanecen en las sombras.

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Espionaje ilegal en tiempos K

La puja por las escuchas excede a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Apunta a los doce años previos del kirchnerismo en el poder y a la forma en que manejaron las intervenciones telefónicas (y los carpetazos) cuando las manejaba (y manipulaba) la Secretaria de Inteligencia (ex SIDE).

Fueron años en que el entonces presidente Néstor Kirchner se movió a gusto con la información que le pasaban los espías liderados por Antonio Horacio "Jaime" Stiuso, al que los santacruceños mimaron y potenciaron durante una decada.

CFK, Pocino y Stiuso

Fueron años, además, en los que el kirchnerismo disfrutó de montar operaciones de desprestigio en cada campaña electoral, como las que padecieron Enrique Olivera o Francisco de Narváez, entre otros. Y fueron años en los que las escuchas (las legales y las otras) quedaron bajo la órbita de la infame "Ojota" de la ex SIDE, que se ganó su apodo gracias a sus iniciales formales: O. J.

Ese statu quo sólo comenzó a cambiar cuando, ya en su último año en la Casa Rosada, el kirchnerismo rompió con sus socios para los trabajos desagradables. Y no rompió por un súbito ataque de conciencia. La causa fue más práctica: la entonces presidenta Cristina Kirchner sospechó que los muchachos eran más fieles a si mismos que a ella y su poder.

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Oficina Anticorrupción, ruinoso presente

La antenita, imantada, se adhiere a la bisagra superior de una puerta que no abre. Cuando capta la señal -porque de a ratos resulta una ilusión-, deja ver las señales de la televisión digital abierta (TDA). Y lo poco que llega hay que verlo en una tele gris y cuadrada de principios de los 90, época de la videocassetera que sobrevive a su lado. Ambas reliquias dominan el despacho de quien fue el titular kirchnerista de la Oficina Anticorrupción (OA) hasta hace unos días, Julio Vitobello, que también dejó al marcharse una computadora de hace 10 años a la que nunca actualizaron el sistema operativo y cuyo antivirus está vencido. A su lado, la plantilla sobre la que reposa su mouse... es un almanaque de 2009.

Creada por el gobierno de la Alianza en 1999 para relanzar la ética en la administración pública y ponerle un freno a las tentaciones tras la "fiesta menemista", los tiempos dorados de la Oficina Anticorrupción duraron poco. Su ocaso comenzó incluso antes de la caída de Fernando de la Rúa en 2001, hasta llegar al cuadro actual, casi terminal. Porque el desinterés del kirchnerismo por combatir la corrupción desde las entrañas del Ejecutivo se refleja en la OA. Tanto si se observan sus grandes números, como sus detalles, muchos de los cuales recién ahora salen a la luz.

Cuestión de prioridades, en su último año como presidenta, Cristina Kirchner destinó 140 veces más dinero a Fútbol para Todos que a la Oficina Anticorrupción. En contante y sonante: $1800 millones versus $13 millones. La contundencia de los números no se agota allí. La planta de personal de la Oficina es de 95 empleados, de los que sólo 8 figuran en planta permanente. El resto se reparte entre transitorios y contratados. De hecho, el último concurso para nombrar nuevo personal languideció en 2007 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo dejó sin efecto.

Incluso la distribución de esos pocos empleados resultó sintomática: 6 de los 95 estaban para asistir a Vitobello, ya fueran como secretarias privadas (4) o como choferes (2), en tanto que otros 6 corresponden a maestranza e intendencia. Mientras tanto, el área de Investigaciones contaba con apenas 2 contadores y el área de Transparencia con sólo un "analista contable".

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Y ahora la Justicia denuncia a la AFIP

Las denuncias hasta ahora las radicaban particulares, empresarios o políticos opositores que acusaban a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -y en particular a su anterior titular, Ricardo Echegaray- de montar supuestas operaciones de desprestigio o de persecución política. Pero ahora, por primera vez, la denuncia la emitió uno de los magistrados más conocidos del Poder Judicial de la Nación.

El juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, efectuó la denuncia tras cerrar un expediente en el que halló indicios de que la AFIP facilitó una "operación mediática" contra la dirigente Lilita Carrió en plena campaña electoral de 2013, basada en la compra de un lote en un country de Capilla del Señor. Ahora será el juez federal Daniel Rafecas quien deberá investigar lo ocurrido.

Esa campaña de desprestigio, según reconstruyó López Biscayart durante los últimos meses y terminó por plasmar en una resolución que firmó este lunes, tuvo a la AFIP como protagonista. Se habría servido de dos causas penales simultáneas -una en su Juzgado; la otra en Campana- para filtrar información fiscal con que buscó afectar la imagen de la referente de la Coalición Cívica.

"A criterio de este estrado -resumió López Biscayart-, existen constancias suficientes de que se utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador (téngase en cuenta, en aquel momento, la inminencia de las elecciones del año 2013) y que, habiéndose afectado derechos de terceros mediante actividad intrusiva como los allanamientos practicados, podría constituir delitos", afirmó.

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No tan amado, ni por propios ni extraños...

"Poder es impunidad", es la máxima que cinceló para siempre Alfredo Yabrán, que mucho sabía sobre eso. Y a las evidencias hay que remitirse: las investigaciones judiciales sobre corrupción en la Argentina tardan, en promedio, una década en llegar a la instancia de juicio oral; la mayoría de esas causas se cierra por prescripción; y apenas el 3% de los involucrados en 750 grandes casos locales de corrupción analizados durante un cuarto de siglo terminaron condenados.

El problema para el ya ex vicepresidente Amado Boudou es, sin embargo, que él podría ayudar a engordar ese escuálido porcentaje. ¿Por qué?

Porque varios indicios apuntan en esa dirección. Primero, porque a lo largo de estos años acumuló demasiadas causas penales. Segundo, porque se convirtió en uno de los funcionarios kirchneristas que genera más tirria pública. Tercero, porque sembró enemigos que esperaban su oportunidad para cobrársela. Cuarto, porque el peronismo no lo defenderá, porque no lo siente propio. Y quinto, porque llegó demasiado alto, sin una red propia de protección. Es decir, los mismos factores que convirtieron a María Julia Alsogaray en el ícono máximo del menemismo a la hora de recorrer los Tribunales.

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Fin de ciclo: balance del kirchnerismo y Justicia

Néstor Kirchner miró a la cámara y pidió, por cadena nacional, que el Congreso hiciera su "aporte a la calidad institucional" tras la crisis de 2001. Planteó que la "mayoría automática" de la Corte de Carlos Menem debía marcharse, pero estableció un límite: "No es nuestro deseo contar con una Corte adicta". Fue el 4 de junio de 2003. Era el noveno día del kirchnerismo en el poder. Doce años y medio después, el balance muestra claroscuros, zonas grises, reformas positivas y múltiples intentos de avasallar al Poder Judicial para garantizar impunidad a funcionarios investigados por corrupción.

El kirchnerismo planteó dos visiones contrapuestas sobre el Poder Judicial: muchos jueces se definieron como parte de un contrapoder constitucional y se reconocen como un límite republicano a la Casa Rosada; pero otros y muchos kirchneristas, incluida la Presidenta, entienden que integran una corporación elitista que por momentos actuó como un "partido judicial" y que en otros flirteó con promover un "golpismo judicial".

La discusión política que instaló el Gobierno sobre el rol del Poder Judicial obligó a jueces y fiscales a mostrarse como actores políticos, con intereses propios. Los obligó a dejar el bronce y mezclarse en el barro de la lucha política. Y los mostró capaces de salir a la calle para defenderse u honrar a los suyos, como en las marchas por los fiscales José María Campagnoli y Alberto Nisman.

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Fin de ciclo K: la mudanza

Algunos pugnan por acomodarse en un nuevo cargo público; otros, por no ir a la cárcel. Algunos evalúan irse del país; otros, volver. Y mientras muchos dicen que necesitan trabajar para llegar a fin de mes -y hasta alguno volvería hacerlo en su ferretería-, otros lo harán para blanquear parte del dinero que acumularon. Son los funcionarios nacionales que, tras más de una década de kirchnerismo en el poder, encaran el final.

La mayoría de ellos, según reconstruyó lanacion durante las últimas semanas, quiere además continuar en la política profesional o, al menos, en la militancia, aunque también hay varios que dan por cerrado ese capítulo. Y no son pocos los que, por las dudas, borran todas las huellas incómodas o comprometedoras.

De hecho, las máquinas trituradoras funcionan a pleno en algunas oficinas de la Casa Rosada, al igual que los procedimientos para eliminar archivos informáticos. También en el Ministerio de Economía -donde las bolsas con papel triturado y los canastos de mudanza son ya algo común-, la Casa de Moneda -donde también se acumulan bolsas gigantescas de papel trozado, al igual que en la unidad antilavado (UIF)- y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según testimonios coincidentes de funcionarios, empleados y testigos casuales que acumuló LA NACION. También en el PAMI, según denunció la legisladora porteña Graciela Ocaña.

En múltiples organismos, como el Senado, la Inspección General de Justicia (IGJ), Migraciones o los ministerios de Salud y Agricultura, entre otros, se acumulan las designaciones masivas de nuevos empleados. Y se suma la reubicación de personas que saben demasiado. ¿Un ejemplo? A varias secretarias privadas las mudaron a dependencias satelitales, para que "los nuevos" no puedan preguntarles nada ni ellas tampoco puedan contar lo que vieron o escucharon durante estos años. ¿Otros dos ejemplos? En el PAMI, varios funcionarios de carrera se encontraron con que se habían borrado todos sus mails o incluso que les habían cambiado sus computadoras. Y en el Ministerio de Justicia, que ciertos discos rígidos fueron eliminados.

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Macri corta los puentes con Gils Carbó

El gobierno del presidente electo, Mauricio Macri, abortó durante los últimos días los puentes de comunicación que buscó tender la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, para trazar pautas de trabajo sobre la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos sensibles, confirmaron a LA NACION fuentes de ambos sectores.

La decisión de cortar esos puentes la tomó el futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, quien recibió a dos emisarios de la procuradora, pero les comunicó que Macri ya había indicado que su posición era buscar la salida o destitución de Gils Carbó.

El desencuentro se dio en dos fases, según reconstruyó LA NACION. Garavano mantuvo un primer contacto con un interlocutor de Gils Carbó, con quien abordó algunos puntos de cómo debería completarse la transferencia de ciertas competencias jurisdiccionales de órbita nacional a la porteña.

El segundo emisario que llegó desde la Procuración, sin embargo, buscó dar otro paso y, carpeta en mano, conversar "para adelante" cómo coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico entre el gobierno macrista y el Ministerio Público. Fue entonces cuando encontró el freno. Desde la Procuración afirmaron a LA NACION que Garavano indicó que no había nada para conversar porque Gils Carbó "no llega a fin de año" y que la única discusión posible era si presentaba su renuncia o si debía buscarse su eventual destitución.

Voceros del futuro ministro de Justicia confirmaron los encuentros, pero le bajaron el tono a su mensaje. "Garavano sólo le comunicó al colaborador de Gils Carbó que no hay temas que conversar «para adelante» porque él tiene la misma posición que el presidente", en alusión a Macri, y le transmitió que sí está dispuesto a "colaborar para que no sea una «salida traumática» y, por el contrario, sea lo más «prolija» e «institucional» posible".

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La ex SIDE - Macri pone a sus alfiles

El presidente electo Mauricio Macri designó ayer al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a Gustavo Héctor Arribas, un escribano de su "extrema confianza" que durante los últimos años ganó notoriedad como representante de futbolistas, pero que carece de experiencia aparente en el mundo del espionaje.

La designación de Arribas resultó una de las mayores sorpresas del gabinete macrista, en el que restaba completar pocas vacantes de tanta sensibilidad política, y para el que sonaban otros nombres, según reconstruyó LA NACION. Entre ellos, los del ministro saliente de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro -designado embajador en Uruguay-, el del apoderado electoral de Cambiemos, José Torello, quien continuará como asesor del presidente electo, y el del ex titular de la SIDE, el peronista Miguel Angel Toma.

"El negro" Arribas se convertirá así en el nuevo "Señor Cinco", en tanto que como subdirectora de la AFI -"Señora Ocho", en la jerga de los espías"-, asumirá la diputada de Pro Silvia Madjdalani, quien durante los últimos años integró la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia.

A los 57 años, Arribas es un escribano que se ganó la confianza de Macri durante su gestión al frente del club Boca Juniors, aunque la vinculación entre ambos fue siempre económica, al ritmo de los negocios. Dedicado al mundo de los pases de jugadores de fútbol, Arribas figura por ejemplo como uno de los supuestos rostros visibles de un grupo inversor que compraría al futbolista Jonathan Calleri por US$ 14 millones.

Tanto Arribas como Majdalani, sin embargo, arrastran cuestionamientos previos. En el caso del designado titular de la AFI, quedó bajo la lupa hace 10 años por el cuestionado rol de la firma HAZ Sport Agency SA en el pase de Carlos Tévez de Boca al club brasileño Corinthians. Majdalani, por su parte, arrastra al menos dos denuncias penales que pasaron por los tribunales federales de Comodoro Py, al tiempo que ganó sus primeros pasos en la prensa como una férrea defensora del ex presidente Carlos Menem, por quien ofreció propiedades como garantía para que pudiera obtener una fianza judicial.

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Entrevista a Federico Di Pasquale

"La lucha contra la corrupción es responsabilidad de todos los ciudadanos", afirma el ex director de la Unidad Fiscal Antilavado, Federico di Pasquale. "La ley del arrepentido sirve", añade, aunque aclara que para investigar al poder se necesita transparencia.

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Otro desafío judicial a CFK: ahora por el Tribunal Fiscal

La Justicia sumó otro desafío al kirchnerismo que se va. Ahora suspendió el concurso para llenar las vacantes en el estratégico Tribunal Fiscal, sólo horas antes de que la presidenta Cristina Kirchner firmara las designaciones pendientes de nueve jueces y se publicaran en el Boletín Oficial. La jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, Macarena Marra, le impuso ese brusco freno a la Casa Rosada, al admitir la petición de otro concursante que reclamaba transparentar el concurso y que el Gobierno explicara cómo escogió a los ganadores.

Marra tomó su decisión días antes del ballottage del domingo 22, ante el riesgo concreto de que las designaciones para el Tribunal Fiscal se publicaran el lunes 23 o el martes 24 en el Boletín Oficial, mientras que el país concentraba su atención en los resultados electorales.

La decisión de Marra provocó la reacción inmediata del Ministerio de Economía, que pretende apurar los tiempos procesales al mínimo y levantar la medida cautelar antes del 10 de este mes. De ese modo, la Presidenta podría colocar a los candidatos que ella desea en el Tribunal Fiscal en vez de dejarle esa oportunidad a Mauricio Macri.

La urgencia del kirchnerismo con el Tribunal Fiscal tiene una explicación. Ese organismo funciona como ámbito de apelación de las decisiones que toma la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por presunta evasión o discusiones impositivas y aduaneras, ya sea con personas o empresas, a menudo con consecuencias multimillonarias.

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