Sadous, diplomacia paralela & mundo del revés

"Poder es impunidad", sintetizó Alfredo Yabrán, cuando ya se encontraba en el centro de la tormenta por el crimen de José Luis Cabezas y había perdido su activo más preciado: su anonimato. Ahora, la evolución del dogma continúa. Porque no sólo hay que mantenerse impunes, sino castigar en la Justicia a los denunciantes, testigos y arrepentidos.

Eso es, en suma, lo que ocurre por estos días con el embajador Eduardo Sadous, que relató ante la Justicia y ante el Congreso lo que muchos antes había reportado a sus superiores en la Cancillería: sus sospechas e indicios sobre actos de "corrupción" en la relación bileteral con Venezuela. En especial, en los ámbitos comerciales que quedaban bajo la órbita del ministro Julio de Vido.

Su relato se complementó luego con advertencias en la misma línea de un subsecretario de Estado de la Cancillería, Eduardo Sigal, quien redactó varios cables diplomáticos (ver acá y acá; ver imagen abajo) con detalles, nombres y empresas involucradas o perjudicadas por la diplomacia "paralela" de la banda de De Vido (con Claudio Uberti, el del caso Antonini, y José María Olazagasti en primera fila). 

Esa situación también la expuso, en su propio cable, la entonces embajadora en Caracas, Alicia Castro (ver acá); y la relataron numerosos empresarios a LA NACION -en particular, a mí, ver acá-, con precisiones sobre intermediarios, cuentas, montos y porcentajes.

Pero, claro, contarlo en off the record a un periodista (como pasó con muchos de esos empresarios y funcionarios) no es lo mismo que testificar bajo juramento ante la Justicia. Y en un contexto en que denunciantes y testigos como Mario Pontaquarto (en Coimas en el Senado) o el propio Sadous pasaron de denunciantes a denunciados, ¿quién come vidrio?

Conclusión: quien contó la verdad, Sadous, fue ahora procesado por falso testimonio porque nadie salió a corroborar sus dichos entre los funcionarios, diplomáticos y empresarios consultados (obvio: si varios de ellos se hubieran autoincriminado si confirmaban al ex embajador). De hecho, luego un diplomático fue premiado con una embajada, que no le correspondía por su rango.

Sadous ya apeló su procesamiento. Veremos qué ocurre con él. Quizá deba recordarse que, como él, Sigal también fue desplazado de su cargo por quejarse por escrito de la diplomacia "paralela". Y el canciller Jorge Taiana renunció, luego de un reclamo de la Presidenta porque no impidió (¿cómo podía hacerlo?) que Sadous testificara ante el Congreso.

Porque, además, y si a alguien le interesa saberlo, la diplomacia paralela continúa, de la mano del tándem Olazagasti - De Vido. Pero también con una banda de abogados y empresarios que deambulan por los meandros del poder político. Acaso Diego Armando Maradona, por ejemplo, pueda contar ciertos detalles de cómo llegó hasta el presidente Nicolás Maduro (ver acá y acá).

Yabrán era un perejil (y que se prepare Pontaquarto, porque ahora intentarán ir por él y por la causa "Coimas en el Senado)...

pd: más datos sobre el procesamiento de Sadous, acá y acá.

El caso Ciccone y las "pavadas" de Boudou

"Pavadas". A eso se resume, según el vicepresidente, Amado Boudou, el "caso Ciccone".

El video no tiene desperdicio. Le adjudica al fin de las AFJP todo el enchastre que lo tiene como protagonista (en ese caso, ¿por qué con él y no con las figuras determinantes de aquella iniciativa?). Dice que se presentó ante el Juzgado (no aclara que por escrito, no en persona) y que dio sus explicaciones (no aclara que lo hizo de manera tan confusa y errónea que tuvo que presentar un escrito aclaratorio cuando su versión sobre las tierras paraguayas de su abuelo, por ejemplo, amenazaban con embarrarlo aún más). Y que todo es, en suma, "pavadas que se dicen".

Para disfrutar, en especial, entre los minutos 2 y 4.

"Pavadas", pues. Pero todo lo que sube, baja; basta con preguntarles a Ricardo Jaime y, en especial, a María Julia Alsogaray y a Felisa Miceli...

Ciccone - ahí les va esta denuncia

Ahora sí, la guerra es casi, casi, total. (Qué lindo cuando al fin vuelen los tortazos, si es que eso algún día ocurre).

Sólo días después de que la familia Ciccone acudió a la Justicia con un amparo contra la expropiación de la imprenta llegó la respuesta del Gobierno. Radicó una denuncia por el presunto vaciamiento de la compañía cuando ya afrontaba el concurso preventivo de acreedores, como así también un supuesto lavado millonario de activos ilícitos.

La denuncia se centra en cuatro grandes operaciones comerciales y financieras por varios millones de dólares ocurridas entre fines de 2007 y principios de 2010, es decir, antes de que irrumpiera en escena The Old Fund, con el abogado Alejandro Vandenbroele.

El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, radicó la denuncia como interventor de la empresa, rebautizada Compañía de Valores Sudamericana (CVS), a la que consideró que los Ciccone intentaron vaciar con prácticas propias de una supuesta administración fraudulenta.

Algunos nombres ya quedaron bajo la lupa. En su denuncia, el Gobierno apuntó a la presidenta de la imprenta –Olga Beatriz Ciccone, hija de uno de los hermanos fundadores, Nicolás Ciccone–, al contador y al síndico de la empresa, y a los tres ejecutivos que celebraron aquellas operaciones bajo sospecha. Esos ejecutivos son Roberto Molina, un abogado ya fallecido que era de extrema confianza de la familia fundadora, Pablo Amato, esposo de Olga y yerno de Nicolás, y Federico Schmid.

Ahora, con la denuncia penal del Gobierno llegó el último capítulo en los Tribunales, aunque fuera de la presentación oficial quedaron Vandenbroele, “nuevo accionista” y luego sólo presidente de The Old Fund, y el supuesto dueño de ese fondo, Guillermo Reinwick, el otro yerno de Nicolás Ciccone. 

Desde que estalló el escándalo, Reinwick se mantiene en silencio. Sólo apareció en una solicitada pública, el 29 de febrero de 2012, que él dejó trascender que jamás firmó.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

"¡Cerrame la IGJ!"

“¡Cerrame la cuatro!”, es uno de los gritos que, no sé por qué, más me gusta desde que era un tierno gurrumín cada vez que iba a un restaurante. (Acaso porque no iba mucho a comer afuera de chico… ja ja ja).

Ahora, en la misma línea, se vino la movida sobre lo que, en teoría, es un registro público.

El primer cerrojo fue en respuesta al “caso Ciccone”; el segundo candado llegó ahora, por el “caso Báez”. La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves inconsistencias e irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos tras las revelaciones periodísticas. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

O dicho de otro modo: “¡Cerrame la IGJ!”.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Báez y otro regalo por $ 254 millones

Austral Construcciones, la nave insignia del emporio de Lázaro Báez, registró un ingreso extraordinario por más de $ 254,3 millones durante 2011, a través de un misterioso fideicomiso radicado en Uruguay y un agente fiduciario de raigambre holandesa por una supuesta inversión en Belice que no prosperó, según surge del balance de la compañía correspondiente a ese año cuya copia obtuvo LA NACION.

Esa inyección multimillonaria de fondos desde dos paraísos fiscales de América Latina llegó a Austral Construcciones en el momento más indicado. Le permitió mantener a flote sus números y evitar un déficit que de otro modo habría trepado hasta los $ 217,8 millones, en momentos en que gestionaba distintos préstamos del Banco de la Nación Argentina (BNA).

El misterioso flujo de fondos arroja, sin embargo, nuevas sombras sobre las finanzas de la compañía del ex socio del fallecido presidente Néstor Kirchner, que se suman a los problemas ya registrados en otras de sus compañías. Entre ellas, Badial SA, con valijas transportadas desde Uruguay, Gotti Hermanos, con facturas truchas por más de $ 400 millones, y los reportes de operaciones sospechosas (ROS) recibidos por Epsur, Kank y Costilla, y las propias Austral Construcciones y Gotti, como reveló LA NACION el lunes pasado.

El aporte por 254.399.692 pesos figura en el balance general de Austral Construcciones que cerró el 31 de diciembre de 2011 y que debió presentarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que cerró aún más sus grifos de información.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Los Ciccone, un amparo y el Club de la Pelea

Cada día, un paso más. Y de a poquito, esto se asemeja (y eso espero) a una remake del "Club de la Pelea". Ojalá algún día vuelen los tortazos y alguno cuente siquiera un poco de la verdad (y si se cae todo, mucho mejor).

Ahora, lo noticioso puro va por este lado:

La familia fundadora de la ex Ciccone Calcográfica reclamó ahora a la Justicia que suspenda la expropiación y congele todos los bienes que pasarían a la Casa de Moneda tras considerar que el Gobierno avanza de un modo “arbitrario, inconstitucional e ilegal”.

El reclamo de la familia Ciccone tomó esta vez la forma de un amparo, que presentó en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, en un intento contrarreloj para que se designe a un veedor judicial e impedir lo que calificó como una “confiscación” que le causaría un “daño irreparable” para su patrimonio y la empresa.

El amparo de la familia Ciccone, que retiene el 30% de las acciones de la imprenta, se concretó apenas 36 horas después de que en otro fuero, el Comercial, rechazara que el Gobierno pretenda avanzar con una expropiación selectiva de algunos bienes físicos por $ 275 millones.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Ciccone - vale $ 300 millones (¿o nada?)

Tras nueve meses en un limbo, el Gobierno corrió el velo a uno de los grandes misterios del “caso Ciccone”: cuánto vale la imprenta que protagoniza uno de los grandes escándalos de la última década. Le comunicó a la Justicia que la tasó en $ 300 millones. Pero que la redujo a $ 275 millones y se la quedará sin poner un centavo. El anuncio, como era de esperar, forzó la reacción de la familia fundadora, que sostiene que ése valor debe ser el piso y no el techo de la indemnización, y le reclamó a la Justicia una medida cautelar para protegerse.

La puja entre el Gobierno y la familia Ciccone –que aún retiene el 30% de las acciones–, sumó otro giro inesperado, con la reaparición ante la Justicia en lo Comercial de Alejandro Vandenbroele, el único rostro visible de The Old Fund, el misterioso fondo que aún controla el 70% restante. También solicitó una medida cautelar.

El Gobierno comunicó el valor oficial de la ex Ciccone a través de un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el que expuso las conclusiones del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El organismo, que depende del Ministerio de Planificación Federal –es decir, de Julio de Vido– lo fijó en 300.301.800 pesos.

Según la AFIP, ese valor corresponde a la suma de distintos bienes físicos: tres terrenos, edificios y mejoras, instalaciones, maquinarias, herramientas y muebles, bienes de cambio utilizables, y vehículos.

La AFIP también aclaró que la normativa aprobada para el “caso Ciccone” le imponía compensar el valor de la empresa con lo que esta adeuda en impuestos por un total de $ 275 millones, entre capital e intereses acumulados durante años. Por eso, añadió, decidieron avanzar con la expropiación de casi todos los bienes físicos, pero no todos, hasta llegar a un monto similar.

pd: el resto de la nota publicada por LA NACIÓN, acá.

Ciccone - diciéndole no a Boudou

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de sobreseimiento que presentó el vicepresidente Amado Boudou en el “caso Ciccone”.

A través de su abogado, Diego Pirota, Boudou esgrimió el planteo de “excepción por falta de acción”. Es decir, le pidió al juez que decida de antemano sobre el caso porque consideró que es inútil seguir adelante ya que está demostrado cuál será la decisión final o porque no hay modo legal de seguir adelante.

El fiscal federal Jorge Di Lello ya había expresado su opinión negativa sobre el argumento de Boudou al entender que las cuestiones que mencionaba Boudou hacían al fondo de la acusación y que en estos momentos de la pesquisa no podía adelantar criterio.

Lijo entendió, en tanto, que el intento de Boudou –que ya a mediados de 2012 intentó demoler la causa pidiendo su nulidad, lo que rechazó la Cámara Federal– apuntaba a una vía excepcional, sólo reservada para aquellos casos en los que la investiga se centra en hechos manifiestamente atípicos.

Nota al margen: si algo logró la petición de Boudou fue defenestrar el argumento que aún manejan algunos que sostiene que "Boudou no está ni imputado en la causa Ciccone"... en fin... Resulta insólito aún tener que explicar eso. ¿Si el vicepresidente no está imputado (lo menos) porque pidió su sobreseimiento (lo más)?

En suma, la investigación sigue abierta.

pd: más información, acá y acá; el fallo completo, en el portal CIJ, acá.

Lázaro - una manito amiga II (en la UIF)

La Unidad de Información Financiera (UIF), el máximo organismo oficial de lucha contra el lavado de dinero, evitó denunciar ante la Justicia durante los últimos dos años y medio a dos empresas de Lázaro Báez. Ambas habían sido reportadas por “actividades sospechosas” y se verificó que arrastraban serias anomalías societarias, confirmaron fuentes oficiales.

La polémica actuación de la UIF se concentró en la petrolera Epsur SA y en la firma Austral Construcciones SA, que operan con especial fuerza en la Patagonia. Ambas figuran, además, en la cartera de clientes que mostraba el contador y dueño de la financiera “La Rosadita”, Daniel Pérez Gadín [foto, abajo, izquierda], en su currículum disponible en Internet.

La alerta sobre Epsur y Austral Construcciones, sin embargo, no es la única vinculada con Báez [foto, arriba, derecha] dentro de la UIF. Ya contaba con una, de 2006, proveniente de Liechtenstein, y varias de 2005, por las firmas Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA, dos empresas del socio del ex presidente Néstor Kirchner, según reconstruyó LA NACION.

En el caso de Epsur y Austral Construcciones, la UIF comenzó a moverse tras recibir el reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010 y solicitó la colaboración de la Inspección General de Justicia (IGJ), que debe controlar a las sociedades en la ciudad de Buenos Aires.

Pero la petrolera Epsur y Austral Construcciones no son las únicas empresas de Báez reportadas ante la UIF por alertas llegados desde dentro y fuera del país, incluso desde Liechtenstein. También las constructoras Kank y Costilla SA y Gotti Hermanos SA arrastraban varias alarmas desde 2005.

pd1: el resto de las dos notas publicadas hoy en LA NACIÓN, acá y acá.

pd2: bonus track: allá por agosto de 2012, revelé que la UIF protegía a Lázaro Báez y me tiraron con munición gruesa; ahora, salen más datos a la luz. Para quien quiera leer aquellas notas, acá y acá.

Lázaro - una manito amiga I (en la IGJ)

Tres empresas de Lázaro Báez recibieron una protección especial dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ), que evitó responder a pedidos de informes realizados por la Justicia.

La polémica actuación del organismo, que depende del Ministerio de Justicia, se centró en Austral Construcciones y en las petroleras Epsur y Misahar, que comenzaron a recibir una protección especial desde el 21 de junio del año pasado, cuando la Justicia requirió datos sobre ambas empresas.

La demora permitió que esas firmas comenzaron a ordenar y completar sus legajos societarios, según consta en los registros oficiales del organismo y confirmaron fuentes dentro de la propia IGJ.

Dentro de la IGJ, los oficios judiciales que llegaron el 21 de junio pasado sobre Austral Construcciones y Misahar se encuentran "bajo proceso de análisis". Lo mismo ocurre con el oficio "reiteratorio" que, en el caso de la primera, llegó el 28 de marzo de este año. Las autoridades de la IGJ no respondieron ninguno aún.

pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.

De valijeros, Lázaro & Amado

Lázaro Báez, la AFIP, Amado Boudou, el lavado de activos, la impunidad y el Poder Judicial fueron parte del ida y vuelta que mantuve el lunes por la noche con Roberto García en su programa "La mirada" por  Canal 26.

Para quien le interese, aquí está el video:

pd: GRACIAS, Roberto y producción, por el convite.

La Plata - una morgue anómala

En los días que siguieron a la gran lluvia del 2 de abril, ocurrió de todo en la morgue principal de la ciudad de La Plata. Y así consta en su libro de registros, donde surgen múltiples inconsistencias. Se anotaron, por ejemplo, a 27 personas que aparecen en el listado oficial de muertos por la inundación y a por lo menos otras 10 “víctimas”, pero que aún así quedaron fuera de la lista que difundió el gobierno de Daniel Scioli.

Las anomalías del libro forense de la morgue, frente al cementerio público de la ciudad, no se agotan allí. Aparecen, también, los nombres de personas que continúan “desaparecidas” desde el diluvio y varios cadáveres sin identificar.

Esas presuntas irregularidades profundizan el cono de sombras sobre la cantidad de personas que murieron durante la debacle del martes 2 de abril pasado y los dos días posteriores, en línea con las sospechas que LA NACION reveló el jueves pasado sobre más de 90 muertes registradas durante esos días y que se sumarían a las 60 que figuran en el listado oficial.

Las desprolijidades detectadas en el libro forense se concentran, en particular, en las primeras horas y días que siguieron a la inundación, decenas de cuerpos comenzaron a arribar a la morgue como paso previo para su judicialización, entierro o cremación. Y, en particular, que estaban allí el jueves 4 de abril.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.

Una UIF reloaded

En plena tormenta política y judicial por el presunto cajoneo de los reportes de operaciones sospechosas de lavado que recibió durante los últimos años sobre Lázaro Báez, Leonardo Fariña y otros supuestos valijeros, financistas y banqueros, el Gobierno jerarquizó y potenció ayer a la Unidad de Información Financiera (UIF), con cargos más altos, más presupuesto y más áreas.

La reforma y ampliación de la UIF se plasmó en el decreto 269/2013, que se publicó en el Boletín Oficial con el fin declamado de otorgarle a la unidad "una estructura organizativa que le permita alcanzar los objetivos de su creación". Es decir, "prevenir e impedir los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo".

El decreto, que lleva la firma de la Presidenta, elevó además al jefe de la UIF, José Sbattella, al rango de secretario de Estado, aunque en la práctica se mueve con plena autonomía de su superior jerárquico, el ministro de Justicia, Julio Alak. Llegados ambos de La Plata, donde aún residen, Sbattella mantiene una sorda disputa con Alak, al igual que con el titular de la (AFIP), Ricardo Echegaray, con quien puja por el control de las bases de datos bancarias, financieras, patrimoniales y tributarias.

En la práctica, el decreto representa, además, un claro respaldo presidencial a Sbattella, quien arrastra varias denuncias penales y una investigación en manos del fiscal federal Carlos Stornelli por la presunta politización del organismo, la designación de familiares y amigos, la selección discrecional de las investigaciones para perseguir a "enemigos" del Gobierno y proteger a distintos aliados.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro Báez y la confluencia de las casualidades

Lázaro Báez contó con ayuda para ingresar valijas repletas de dinero en la Argentina. Y las ramificaciones de esas ayudas, que él mismo detalló, llegan a tocarse con algunos de los mayores escándalos de los últimos años en el país: el “caso Ciccone”, la gestión de los préstamos garantizados de la Anses y hasta la “causa Armas”, según surge de documentos judiciales, de la Administración de Ingresos Públicos (AFIP) y del Tribunal Fiscal.

La suma de casualidades es notoria. Abarca como uno de los protagonistas al hijo del traficante de armas Diego Palleros, también al ladero de Ernesto Clarens, un financista clave para comprender los manejos de los fondos patagónicos de las últimas décadas, y hasta a la sociedad bursátil Facimex, vinculada al banquero Jorge Brito, que es la misma que participó en el “caso Ciccone” para traer $ 2,4 millones de Uruguay de una sociedad que opera con acciones al portador.

Todos esos factores confluyeron alrededor de Badial SA, una de las constructoras del emporio Báez. Los sabuesos de la AFIP comenzaron a investigarla cuando detectaron ingresos millonarios en sus cuentas sin justificación y sospecharon que podía esconder operaciones de lavado de dinero proveniente de ilícitos locales.

Forzado a dar explicaciones, el ex cajero del Banco de Santa Cruz devenido en multimillonario afirmó que esos millones no provenían del mercado interno, sino que llegaban desde Uruguay en auto, avión y barco, transportados por Carlos Adrián Calvo López y otros valijeros, a los que no identificó por sus nombres.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Muerte en La Plata (por la inundación y después)

Hubo más muertes. Muchas más muertes por el diluvio del 2 de abril en la ciudad de La Plata que las 52 que figuran en el listado oficial. Hay cerca de 90 casos sospechosos, ya sea por la hora, día, lugar o detalles de sus muertes. Y las familias de ocho de ellos ya confirmaron a LA NACION que sus seres queridos murieron, de manera directa o indirecta, por la gran lluvia.

¿Cómo es la cuenta? Cerca de 300 personas fallecieron en La Plata y alrededores durante la primera quincena de abril. De ellas, 52 ya figuran en el listado oficial, mientras que entre 150 y 160 se descartaron por diferentes motivos (víctimas de asesinatos, suicidios, enfermedades terminales y accidentes de tránsito, entre otros). Así, quedaron otros 90 bajo la lupa con distintos grados de sospecha.

A su vez, esas sospechas se basan, entre otros motivos, en observar por ejemplo cómo se distribuyeron las muertes registradas durante la primer quincena de abril en La Plata y sus alrededores. Así se observa dónde ocurrieron los decesos de la lista oficial (en amarillo) y los fallecidos por fuera de esa lista (en violeta los registrados entre el 2 y 4 de abril; en azul, del 5 de abril en adelante).

Si este mapa se combina, además, con los registros de qué zonas se inundaron de La Plata y sus alrededores, y también con datos sobre los cauces hídricos de la región (porque aunque los arroyos se encuentren entubados en el casco urbano, aún así son zonas bajas hacia donde fluyó el agua de lluvia), resulta muy sugestivo.



Más aún, los registros estadísticos muestran un salto inexplicable. De acuerdo a las estadísticas OFICIALES del Ministerio de Salud nacional, en La Plata murieron 5559 personas durante 2005 (15,2 promedio por día), 5488 personas durante 2009 (15 por día) y 5896 personas durante 2010 (16 por día). Ahora bien, si durante los primeros 14 días de este abril fallecieron unas 300 personas, están "sobrando" (disculpas por la expresión) unos 90 fallecimientos. Y eso, vale aclarar, que hay algunas víctimas que se registraron postdatadas o fallecieron después, tras 15 días en coma, como Alejandro Nuccitelli.

Y si faltaba algo, familiares de 8 de esos 90 fallecidos contaron a LA NACION que sus padres, hermanos o hijos murieron por la inundación o sus derivados. Y 3 de esas 8 familias, a su vez, remarcaron el rol que asumió la policía bonaerense durante las primeras horas que siguieron a cada muerte. 

“Nos dijeron que si denunciábamos que había muerto por la inundación tenían que llevarse el cuerpo a la morgue, hacerle una autopsia, abrir un expediente penal y esperar una decisión del juez, lo que podía tomar un par de semanas o un mes”, relató la hija de un fallecido. “Pero nos dijeron que si conseguíamos a un médico amigo que nos firmara el certificado [de defunción] diciendo que murió de un infarto, ellos [por la policía] mirarían para otro lado y al día siguiente lo podíamos enterrar”. Y así fue. Al igual que decenas más de fallecidos durante aquellas primeras y trágicas horas, el hombre figura como que falleció por un “paro cardiorrespiratorio no traumático”.

pd: el resto del material publicado hoy en LA NACIÓN, acá, acá y acá.