Zuvic, los Kirchner y los negocios

Entrevista a la líder de la Coalición Cívica en Santa Cruz, Mariana Zuvic.

FIFAgate: limpieza obligada en Torneos

La orden salió de California. Pasó a la costa este de Estados Unidos. Y desde allí bajó a Buenos Aires, junto con no menos de 20 abogados, contadores y expertos informáticos que arribaron a Ezeiza a principios de mes. Venían a investigar hasta qué punto Torneos es un foco de corrupción que puede costarle una fortuna a DirecTV o, incluso, complicar su venta a AT&T por un total de US$ 60.000 millones.

Por entonces, el FIFA-gate, el escándalo que sacude al fútbol mundial, no llevaba una semana en los medios, y DirecTV aceleró a fondo, mientras que el presidente de Torneos, Alejandro Burzaco, entraba en la clandestinidad y varios funcionarios del Gobierno y dirigentes de la AFA quedaban en alerta máxima.

El Departamento de Justicia, la Comisión de Valores (SEC) y el FBI, organismos que impulsaron la pesquisa, también apuntan a las empresas socias del negocio planetario del fútbol. Y DirecTV, que controla el 40% de las acciones de Torneos -el resto se lo reparten en partes iguales los Herederos de Luis Nofal, Burzaco y el fondo de inversión DLI-, se encuentra entre ellas.

La única opción para DirecTV fue, por tanto, ordenar una investigación interna sobre Torneos, con ramificaciones que pueden alcanzar a Julio Humberto Grondona, la AFA, los millones del programa Fútbol para Todos y a ciertos funcionarios. Dependerá, eso sí, de hasta qué punto quieran avanzar los investigadores privados que llegaron del Norte y siguen, al menos por unos días más, en Buenos Aires, según reconstruyó LA NACION sobre la base de los relatos de cinco fuentes al tanto de la investigación en marcha.

El primer paso que dio DirecTV fue convocar a WilmerHale, uno de los estudios jurídicos más prestigiosos y de mayor crecimiento en los Estados Unidos durante la última década. Ese buffet tomó las riendas, que incluyen por un lado la relación y una eventual negociación con el Departamento de Justicia, el FBI y la SEC, y por el otro coordinar a los encargados de la investigación interna.

La primera fecha clave para WilmerHale fue el miércoles 3 de este mes, cuando el equipo que envió a la Argentina y se instaló en el hotel Hyatt, planeó ingresar en Torneos, mientras que el directorio de la propia empresa comunicaba el despido de Burzaco, por entonces ya con pedido de captura internacional por Interpol.

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Fútbol para Todos: veedores para hurgar en la AFA

El oficio del Juzgado Federal y Correccional N° 1, a cargo de María Servini de Cubría, llegó a la AFA poco antes del mediodía. Las oficinas de la entidad estaban desiertas. Al viernes, día casi sabático, se le sumó el viaje de muchos dirigentes a Chile, donde el seleccionado nacional jugó con Colombia por la Copa América. El documento avisaba a la AFA sobre la designación de tres veedores judiciales, quienes serán los encargados de rastrear el dinero del Fútbol Para Todos. Revisar hacia dónde va. Y verificar en qué se gasta.

Los funcionarios designados por Servini de Cubría comenzarán a trabajar a principios de julio y deberán elaborar informes cada 30 días. Tendrán mandato por seis meses, aunque será prorrogable. Los elegidos por Servini de Cubría son una mujer y dos hombres con probada trayectoria en el ámbito del Derecho y la Contabilidad: los contadores Alicia López y Horacio Della Rocca, y el abogado y ex juez federal de San Isidro Alberto Daniel Piotti.

En el edificio de la zona de Tribunales donde funciona la AFA, la decisión de Servini no disparó las alarmas: era una medida que esperaban desde la semana pasada. "Por un lado, es mejor. Que vengan, revisen, examinen y pregunten. Así, todo va a ser más transparente", contó un integrante del comité ejecutivo que pidió anonimato.

Como Luis Segura, el presidente de la AFA, está en Chile, quien recibió la documentación sobre los veedores fue Miguel Silva, el secretario general. "La AFA siempre apoyó cualquier investigación judicial. Y lo seguirá haciendo", contó Silva a LA NACION. Sobre el futuro, el histórico dirigente de Arsenal de Sarandí agregó: "Entiendo que los funcionarios designados por la jueza tienen 24 horas para ratificar si aceptan el cargo o no. Cuando lo hagan, comenzarán a trabajar".

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Naidenoff: "Pertenecer tiene sus privilegios"

Entrevista al senador nacional y precandidato a gobernador de Formosa, Luis Naidenoff: "Cuando los autoritarismos ganan terreno, nadie lo siente".

Boudou, largo y solitario ¿final?

Transcurridos más de quince años desde el último día del menemismo en el poder, María Julia Alsogaray y Víctor Alderete aún desfilan por los tribunales. Ahora Amado Boudou deberá mirarse en ese espejo.

Ex titular de la Anses, ex ministro de Economía y actual vicepresidente de la Nación, Boudou sabe que lo esperan en Comodoro Py, donde los operadores judiciales del Gobierno lo abandonaron a su suerte. Y él, encima, acumuló promesas incumplidas.

No sólo eso. Boudou se quedó sin el estudio jurídico "premium" que lo defendía. Porque en plena pelea entre la Casa Rosada, la ex SIDE y el "Partido Judicial", como calificó la Presidenta a los jueces y fiscales díscolos a principios de este año, el estudio de Darío Richarte y Diego Pirota optó por preservar sus puentes con Tribunales y renunció a la defensa del vicepresidente. Así, Boudou quedó abandonado a su suerte. Descastado.

Lo sabe él y lo avizora su socio, José María Núñez Carmona, con muchos kilos más y algunos problemas cardíacos, que comenzó a invertir en Málaga, España. Y lo sabe y lo avizora Alejandro Vandenbroele, que ya sobrellevó 26 días detenido en una celda sin luz natural en Mendoza, a pedido de la justicia uruguaya, que reclama su extradición para indagarlo por presunto lavado de activos.

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Boudou, a un paso del juicio oral

Excluido de las listas y sin fueros a partir de diciembre, el vicepresidente Amado Boudou quedó ayer a un paso del juicio oral y público en el caso Ciccone por presuntos actos de corrupción y negociaciones incompatibles con su función pública.

El máximo tribunal penal del país, la Cámara de Casación, rechazó su último recurso y confirmó su procesamiento y los de otros cinco protagonistas de la operatoria, por lo que ahora depende del juez federal Ariel Lijo definir cuándo cerrar este primer tramo de su pesquisa y enviarlo a un tribunal oral.

Lijo deberá correr vista al fiscal federal Jorge Di Lello y escuchar luego a las defensas, para después enviar la causa a sorteo, para que se defina qué tribunal quedará a cargo de la causa, lo que podría ocurrir antes de fin de año, según estimaron fuentes judiciales ante la consulta de LA NACION.

El fallo se conoció tres años y cuatro meses después de que Laura Muñoz revelara que su marido, Alejandro Vandenbroele, trabajaba para Boudou y su socio, José María Núñez Carmona, con el objetivo de quedarse con Ciccone Calcográfica, a la que acudió la Casa de Moneda para imprimir los billetes de 100 pesos.

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Despouy: "La corrupción mata y los informes lo muestran"

El presidente de la Auditoría General de la Nación hizo foco sobre la malversación de fondos en materia ferroviaria y energética y apuntó: "En este país no por anticipar una tragedia se la puede a evitar".

FIFAgate: Torneos manda una señal a EEUU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene en la mira a la empresa Torneos. Por eso, sus accionistas liderados por el gigante DirecTV dieron ayer un nuevo paso para eliminar las sospechas de corrupción que desde la Argentina pudieran afectarlos a nivel mundial.

Veinte días atrás echaron a Alejandro Burzaco por sus fuertes vinculaciones en el megaescándalo de la FIFA; y ayer, les mostraron la puerta de salida a otros once ejecutivos de la primera línea. No sólo eso: también convocaron a una de las firmas más grandes de consultoría forense del mundo para que revise las cuentas y asesore al nuevo gerente general de la empresa, Ignacio Galarza.

"Imaginate que con el Departamento de Justicia en el medio, no está fácil", indicó anoche a La Nacion uno de los protagonistas del "operativo limpieza" en marcha dentro de Torneos. El plazo tentativo que se acordó para la revisión y saneamiento de sus cuentas es concreto: tres meses.

Mediante un comunicado, el directorio de Torneos calificó su decisión como una "reorganización de su management" local, pero evitó aludir a la investigación que impulsan las autoridades norteamericanas sobre el escándalo de coimas y dinero sucio que sacude al fútbol mundial, más conocido como FIFA-gate.

En la práctica, sin embargo, el directorio fue tajante: ordenó la salida de los once ejecutivos más cercanos al ex CEO de la compañía, Alejandro Burzaco, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en Italia, a la espera de su extradición a Nueva York.

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Born y Montoneos, por O'Donnell

A 40 años de la liberación de Jorge Born (con el rescate más caro de la historia: US$ 250 millones actuales), la gran María O'Donnell narra su secuestro por Montoneros en un verdadero librazo que vale cada página.



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FIFAgate: los pagos secretos de la AFA

En la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) lo llaman "sobrecachet". Se refieren a los US$ 7 millones que de manera subrepticia cobró entre 2001 y 2011 de la firma brasileña dueña de los derechos hemisféricos de televisación, Traffic International Inc., por llevar a Lionel Messi al resto de sus grandes estrellas a las Copas América de Perú 2004, Venezuela 2007 y Argentina 2011. Pero eso sí: eran fondos secretos que todas las demás confederaciones de fútbol del continente jamás debían conocer porque cobraban mucho menos, según reconstruyó LA NACION sobre la base de documentos que prueban esos pagos y los testimonios de varios involucrados.

El acuerdo hasta ahora desconocido entre la AFA de Julio Grondona  y Traffic comenzó en 2001, con el pago de US$ 1,2 millón, y continuó vigente en cada nueva Copa América hasta que la canilla se cortó, recién ahora, a partir de la explosión del FIFA-gate.

Así, de manera oficial, la AFA cobró US$ 668.940 de la Conmebol por su participación -más premios- en la Copa América de 2004. Pero de manera silenciosa recibió otro US$ 1,5 millón de Traffic. Por la de 2007, esa misma intermediaria le giró US$ 2,5 millones adicionales a los US$ 1.588.344 de la Conmebol y US$ 92.306 de la Federación Venezolana de Fútbol. Para la Copa América de 2011, organizada en la Argentina, la Conmebol distribuyó US$ 1.494.596, mientras que Traffic cedió otros US$ 601. 214 en concepto de "sponsorización y reintegros de gastos". Y a esa cifra hay que sumarles otros dos ingresos extraordinarios: US$ 3 millones de Traffic como "sobrecachet" y otros US$ 4 millones de la Conmebol para ayudar con la organización del evento.

La AFA se quedó así sin embolsar otros US$3 millones que el presidente actual, Luis Segura, debía negociar con Datisa, la empresa con sede en Uruguay que conforman Torneos, Full Play y Traffic, a cambio de poner en la cancha a Lionel Messi & compañía. Pero el escándalo mundial lo abortó. "Lo pedí, lo pedí", fue la respuesta de Segura, presidente de la AFA, cada vez que sus pares de comité ejecutivo o de la ya difunta "mesa chica" le reclamaban por el curso de las gestiones.

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FIFAgate: se entregaron los Jinkis

Luego de 22 días en la clandestinidad, Hugo y Mariano Jinkis, los empresarios argentinos dueños de la empresa Full Play, requeridos por la justicia de Estados Unidos, se presentaron ante el juez Claudio Bonadio y quedaron detenidos en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, en Madariaga y General Paz, a pocas cuadras del Autódromo Municipal.

Jorge Anzorreguy y Juan José Sforza, abogados de Hugo Jinkis, presentaron un petitorio para que su cliente espere bajo arresto domiciliario su juicio de extradición a Estados Unidos, que puede durar entre cuatro y seis meses. Los letrados se basaron en su edad (70 años) y su estado de salud. El juez resolverá la solicitud entre hoy y mañana.

Los Jinkis se presentaron poco antes de las 7.30 en los tribunales de Comodoro Py. Para evitar ser vistos, ingresaron en el edificio por una puerta lateral y se dirigieron al 4° piso, donde funciona el juzgado de Bonadio, el magistrado que debe resolver si los extradita a EE.UU.

Una vez que los tuvo allí, el juez dio aviso a Interpol Argentina, que realizó los correspondientes trámites identificatorios, como la toma de huellas dactilares y el registro de antecedentes. Además, se les leyó una cédula con las razones por las que Estados Unidos requiere su presencia ante los tribunales del Distrito Este de Nueva York. A su vez, los abogados de los Jinkis informaron a Bonadio que en los próximos días sus clientes mantendrán charlas informales con los letrados que tambien contrataron para defenderlos en el país del Norte.

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FIFAgate: duro revés judicial para los Jinkis

Prófugos y buscados por la Interpol, los empresarios Hugo y Mariano Jinkis sufrieron un duro revés para sus planes de continuar en libertad mientras se discute en la Justicia argentina si se los extradita a Estados Unidos y por cuáles delitos, lo que podría consumir años y llegar hasta la Corte Suprema.

La Cámara Federal rechazó ayer los pedidos de eximición de prisión que presentaron sus abogados, mientras que ambos empresarios se mantienen en la clandestinidad desde hace más de dos semanas, cuando las autoridades estadounidenses los acusaron de participar en la trama de corrupción mundial conocida como "FIFAgate".

Los camaristas Horacio Cattani y Eduardo Farah concluyeron que de concederles la eximición, los dueños de la firma Full Play, padre e hijo, podrían entorpecer la investigación local o, incluso, preparar lo necesario para huir de manera definitiva.

El tercer camarista, en tanto, Martín Irurzun, votó en disidencia, al considerar que podían admitirse sus pedidos y aplicarles una caución real y ciertas medidas adicionales de seguridad que garantizaran que se mantendrían a disposición de la Justicia local.

Uno de los abogados de los Jinkis, Francisco Castex, había solicitado ese beneficio al sostener que así lo habilitaba la legislación local. "Se trata de delitos que pueden ser excarcelables para la ley argentina y cometidos entre privados", argumentó ante los camaristas la semana pasada.

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FIFAgate: a Burzaco y los Jinkis les queda negociar

La primera sugerencia que Alejandro Burzaco recibió de sus abogados fue que dejara de pensar en ideas locas: llegar a la Argentina de manera clandestina -por avión, por barco, vía África- ya no era opción. Era mejor que escogiera dónde salir a la superficie, se presentara ante un juez de manera voluntaria y aceptara su extradición a Estados Unidos. Para, a partir de entonces, ver las pruebas en su contra y jugar la siguiente carta: ir a juicio o negociar. Será negociar.

Del otro lado del Atlántico, los Jinkis, Hugo y Mariano, también miran hacia Nueva York. Continúan prófugos de la Justicia argentina, que debe arrestarlos y someterlos al proceso de extradición. Pero mientras esperan, dentro de la Argentina, que la Cámara Federal porteña los exima de quedar detenidos, sus abogados Jorge Anzorreguy y Francisco Castex ya contactaron a colegas estadounidenses para que los representen allá.

El horizonte se avizora complicado para Burzaco y los Jinkis, según reconstruyó LA NACION durante la última semana, en base a las estadísticas cotejadas, el análisis de expertos y de allegados directos a los tres empresarios. Es muy probable que les toque perder. o perder.

"Alejandro tiene claro que, salvo un milagro, es muy probable que no vuelva durante varios años a la Argentina", confió a LA NACION un colaborador de Burzaco que estuvo con él en Italia hasta el miércoles.

Las cifras oficiales anticipan qué les espera. Cada año, cerca de 18.000 personas afrontan acusaciones por delitos federales en Estados Unidos, de las que más del 90% terminan condenadas. Y de ellas, el 95% se registra tras una negociación con los fiscales y una admisión de culpabilidad a cambio de una reducción de la condena, según los datos de la Oficina de Estadísticas Judiciales del Departamento de Justicia.

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FIFAgate - un clásico bajo sospecha

La justicia suiza investiga si el dinero que pagó Qatar por el partido amistoso que jugaron la Argentina y Brasil, en Doha, tres semanas antes de la votación de la FIFA que definió la sede del Mundial 2022, fue una forma de comprar los votos de ambos países. 

La investigación se centra en la ruta que siguió ese dinero, estimado en al menos US$ 8,6 millones, desde que salió de las arcas de Qatar y hasta que llegó a su destino final, lo que incluyó escalas en dos empresas de Buenos Aires, según reveló ayer el diario inglés The Guardian, pero cuyos nombres todavía no trascendieron.

Los entonces presidentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Julio Grondona, y su par Ricardo Teixeira, por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), integraban el Comité Ejecutivo de 24 miembros de la FIFA que debían definir si, en efecto, Qatar se quedaría con el Mundial 2022 en desmedro de otros cinco países que habían presentado sus candidaturas.

La pesquisa suiza determinó hasta ahora que GSSG, una empresa constructora qatarí que financió y auspició el partido, recurrió a una firma helvética, Swiss Mideast, para ajustar los contratos. A su vez, esta firma giró los US$ 8,6 millones del partido a Kentaro, una agencia también suiza, que organizó el amistoso, vendió los derechos de televisación, y cubrió los gastos de viajes, entre otros rubros.

De esos US$ 8,6 millones, se desconoce el destino final de cerca de US$ 2,5 millones. Según se verificó, Kentaro giró US$ 2 millones a BCS Ltd, una compañía de Singapur que se encargó de las "introducciones" (es decir, la intermediación entre Kentaro y los qataríes), en tanto que transfirió otros US$ 1,15 millón y 345.833 euros a ISE Ltd, una firma de las Islas Caimán que actúa de representante de la CBF. Kentaro giró, por último, otros US$ 2 millones a World Eleven SRL, la firma argentina que por entonces gestionaba los partidos amistosos de la AFA, por lo que ese agente cobró su comisión, prevista por contrato, y le transfirió el resto de los fondos a la AFA.

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FIFAGate - ¿protección para dos prófugos?

Con pedidos de captura local e internacional desde el 1° de este mes, la Justicia argentina sospecha que los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, dueños de Full Play, cuentan con algún tipo de protección policial o cobertura política, ya que llevan dos semanas en la clandestinidad sin que haya pistas sólidas sobre su paradero.

"La policía está «trabajando a reglamento»", indicó una fuente judicial a la nacion, que explicitó su fastidio. "Cuando la policía no quiere encontrar a alguien, no lo encuentra. Y parece que en este caso, sólo los van a detener si se llegan a tropezar con ellos en algún semáforo", ironizó.

Desde la clandestinidad, los Jinkis (fotos, arriba) alcanzaron hoy su primer objetivo. La Cámara Federal porteña escuchará desde las 11 los argumentos de sus abogados, quienes piden que se los exima de ser enviados a prisión durante el tiempo que le tome a la Justicia argentina definir si los extradita a Estados Unidos, que los reclama para juzgarlos por sus presuntos roles en el FIFA-gate.

Dueños de Full Play SA, Hugo y su hijo Mariano Jinkis intervenían en los contratos para la televisación de partidos de fútbol. Pero la Justicia de Estados Unidos los acusó de integrar una supuesta asociación ilícita vinculada con los sobornos en la FIFA y, sobre todo, en la Conmebol.

Inhallables para la Policía Federal, el entorno de los Jinkis sostiene que ambos continúan dentro del país, a la espera de que la sala II de la Cámara Federal -integrada por Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun- defina si les concede la eximición de prisión, acaso la semana próxima.

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HSBC - Suiza cierra su pesquisa

La justicia de Suiza cerró la investigación por lavado de activos contra el HSBC sin formular cargos en su contra, aunque el banco deberá pagar unos US$ 42,8 millones por "deficiencias organizativas" detectadas en sus sistemas de control, según informaron ayer las autoridades helvéticas.

"Creemos que alcanzamos un buen acuerdo", planteó el fiscal de Ginebra, Olivier Jornot, quien criticó la legislación de su país e indicó que el monto a pagar por el HSBC se calculó sobre la base de sus ganancias por las operaciones cuestionadas.

Desde HSBC Argentina, en tanto, remarcaron que la investigación suiza determinó que "ni el banco ni sus empleados son sospechosos de cometer delito alguno", y que el "banco cooperó plenamente y no enfrentará ningún cargo".

Buscaron aclarar que la investigación no se cerrará a cambio de esos US$ 42,8 millones, lo que de otro modo serviría como precedente para las autoridades de otros países, como las de la AFIP, que buscan multar al HSBC.

La investigación en Ginebra comenzó el 18 de febrero pasado, luego de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzó a difundir "Swiss Leaks, una investigación a escala global -en la que participó LA NACION- sobre cómo el HSBC manejó los fondos de decenas de miles de ahorristas, pero también de evasores y criminales de todo el mundo.

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Una buena para Báez (por los impuestos)

El empresario patagónico Lázaro Báez cosechó una buena noticia de la Justicia en dos de los ejes que lo tienen a maltraer desde hace un par de años: sus vínculos con los hoteles de la familia presidencial Kirchner y el ingreso de $ 254 millones a los balances de Austral Construcciones que llegaron desde un paraíso fiscal.

El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart concluyó que no correspondía avanzar contra Austral Construcciones y otras empresas de Báez, como tampoco contra dos de sus máximos colaboradores, luego de que la AFIP determinó que los montos exigibles por impuestos impagos por un global de $ 1,1 millón no superan el monto mínimo exigido por ley, o se abordan figuras penales ajenas a su competencia.

El juez dio entonces por cerrada la pesquisa contra las empresas de Báez y sobreseyó a sus colaboradores Julio Enrique Mendoza y César Gerardo Andrés, y remitió copias del expediente a la Cámara Federal para que sortee el Juzgado que deberá investigar si se registraron maniobras de lavado, entre otras figuras penales, lo que ya lleva adelante el juez federal Claudio Bonadio.

López Biscayart, -que durante la presidencia de Néstor Kirchner investigó el "caso Skanska" sobre presuntos sobreprecios en la obra pública- tomó esa decisión el miércoles pasado, pero sólo trascendió ayer, cuando venció el plazo para que apelara la Fiscalía -que no recurrió su fallo-, y colaboradores de Báez se encargaron de difundirlo.

Según verificó López Biscayart, los inspectores de la AFIP objetaron las declaraciones impositivas que presentaron varias empresas de Báez durante los últimos años en relación con los convenios que firmaron con los hoteles de la familia presidencial, y verificaron que Austral Construcciones operó con otro "proveedor apócrifo" de facturas, "Conde Marketing SRL".

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Escuchas ilegales: apunten contra Stiuso

La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) abrió una investigación interna para determinar si espías de la ex SIDE a las órdenes de Antonio "Jaime" Stiuso armaron una causa para escuchar cientos de teléfonos "sensibles" durante los últimos años, según surge de un memorando del área de Contrainteligencia de la AFI. LA NACION obtuvo una copia de ese memo.

La investigación de la AFI se abrió como derivación del expediente que durante más de tres años se manejó con extremo sigilo en los tribunales de Comodoro Py. Esa causa permitió recolectar más de 16.400 fojas de conversaciones editadas sobre políticos, empresarios, funcionarios, jueces, sindicalistas, banqueros y periodistas, entre otros, dentro y fuera de la casa de los espías.

El memorando no identifica a los sospechosos por sus nombres, pero el primero de la fila sería Stiuso [foto, arriba], jefe operativo de la SIDE durante la última década, devenido en enemigo de la Casa Rosada.

Firmado por el actual director general de Contrainteligencia, el memorando se envió el 14 de mayo a la Dirección General de Asuntos Legales y Técnicos de la AFI para alertar que, en principio, "no surgirían elementos que acrediten la hipótesis fundante" para pedir esas pinchaduras de teléfonos.

Apenas un día después, el titular de la AFI, Oscar Parrilli, envió un informe a la Justicia. Allí afirmó que había ordenado "un profundo relevamiento de las tareas desarrolladas" con esas escuchas por la Dirección General de Operaciones, que lideraba Stiuso, para determinar si los espías cometieron algún acto "irregular" durante los últimos años, "deslindar las responsabilidades" y, llegado el caso, radicar "las denuncias penales correspondientes".

Parrilli envió ese informe al juez federal Sergio Torres, que tiene en sus manos el expediente de la discordia. Se inició en octubre de 2011 con una denuncia de la ex SIDE contra la consultora privada Dark Star, a la que se acusó de espiar para Gran Bretaña, lo que tras casi cuatro años se verificó que carecía de sustento.

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