La séptima víctima del Caso Ciccone

Un ex empleado de la Inspección General de Justicia (IGJ) se convirtió en la séptima persona que sufre represalias derivadas del "caso Ciccone". A otros los amenazaron; él fue cesanteado de la administración pública nacional. Por eso, a los 49 años y sin opciones para reinsertarse en el mercado laboral local, decidió irse del país con su mujer, portorriqueña, y su hija.

Se trata de Javier Marcelo Ramos Villaverde, que llevaba 29 años como empleado raso en la IGJ, donde, según su propia definición, no era más que un "perejil". Por eso, alegó ante la Justicia, lo utilizaron para tapar delitos.

"Yo soy una víctima sacrificada a los intereses de personas poderosas con las que no tengo nada que ver", se lamentó Ramos en un escrito que quedó en manos de los jueces federales Ariel Lijo y María Romilda Servini de Cubría (a cargo de las pesquisas sobre el "caso Ciccone" y las irregularidades detectadas dentro de la IGJ), y añadió que teme más represalias.

"La pura lógica me indica que carece de sentido haberme inventado una cesantía relacionada con el caso Ciccone y con el vicepresidente de la Nación [por Amado Boudou], si ello no se piensa usar en otras instancias, y entiendo conveniente ponerme a disposición de la Justicia", planteó el ya ex empleado de la IGJ.

Ramos se sumó así a una lista creciente de amenazados o perseguidos desde que estalló el escándalo, en febrero de 2012. Incluye a Laura Muñoz, la ex esposa de Alejandro Vandenbroele; un yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick; un ex socio de José María Núñez Carmona, Luis Scolari; una enfermera de Héctor Ciccone; el ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, y la ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez.

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Lázaro & Bahía Blanca, ¿delito precedente?

La llave para avanzar sobre Lázaro Báez por lavado de activos acaso no se encuentre en Río Gallegos ni en Buenos Aires, sino en un punto intermedio: Bahía Blanca. Y la clave estaría en el uso de facturas falsas por decenas de millones de pesos que emitieron tres grupos de empresas de esa ciudad por servicios que jamás prestaron o por los que inflaron sus precios a Austral Construcciones, la nave insignia del empresario santacruceño.

Báez afronta varias investigaciones judiciales, tanto en la Argentina como en Uruguay y Suiza, pero recién el martes pasado, por primera vez, un fiscal pidió que se lo cite a indagatoria como sospechoso de lavar millones de dólares. Y lo hizo con un ejemplo concreto: la compra de un campo en Mendoza por US$ 5 millones, con el financista Leonardo Fariña como intermediario.

Sin embargo, para concretar esa indagatoria y, llegado el caso, procesar a Báez, el fiscal Guillermo Marijuan y el juez de la causa, Sebastián Casanello, deben precisar cuál habría sido el delito precedente de esas supuestas operatorias de blanqueo. Es decir, ¿por qué ese dinero que se pretende lavar es ilícito?, ya que la investigación sobre el empresario se inició antes de que se reformara la legislación y se fijara al lavado como delito autónomo.

La sospecha de los investigadores es que ese delito precedente podría encontrarse en Bahía Blanca. Austral Construcciones utilizó facturas falsas por decenas de millones de pesos emitidas por tres grupos de empresas de esa ciudad.

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Ministerio de Justicia, de ambos lados del mostrador

El Ministerio de Justicia podrá ser querellante en la causa por la desaparición del expediente de The Old Fund dentro de las instalaciones de la Inspección General de Justicia (IGJ) semanas después de que estalló el "caso Ciccone", según resolvió la Cámara Federal.

Con los votos de Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, la sala I de la Cámara resolvió que el Ministerio de Justicia puede pedir medidas de prueba e impulsar el expediente, tras considerar que su rol como tal no pondrá en riesgo la investigación en la que se encuentran bajo sospecha algunos funcionarios de esa misma cartera.

La Cámara Federal revocó así la decisión de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien rechazó el pedido del Ministerio. Consideró que aceptar a los funcionarios del Ministerio liderado por Julio Alak (foto) como querellantes podía poner en riesgo o al menos entorpecer su pesquisa, que también abarca el armado de un "cepo informativo" en la IGJ.

Uno de los tres camaristas, Eduardo Farah, compartió el criterio de Servini, y estimó que otorgarle "la calidad de querellante solicitada [por el Ministerio de Justicia] resulta incompatible con la imputación formulada y el pedido en tal sentido debe ser denegado". Sin embargo, Farah quedó en minoría, ya que Freiler y Ballestero compartieron el criterio de que "el Estado puede asumir la función de querellante cuando se cometan delitos contra la administración pública", según establece el artículo 4 de la ley 17.516.

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Santa Navidad

Para todos y todas.

Lázaro Báez - indagatoria en puerta

Sólo 24 horas después de que la Cámara Federal porteña reclamó una investigación "integral y completa" sobre Lázaro Báez, el fiscal federal Guillermo Marijuán pidió ayer la indagatoria del empresario ultrakirchnerista por presuntas maniobras de lavado de activos por millones de dólares.

Marijuan consideró que Báez actuó como inversor en las sombras cuando el supuesto empresario Leonardo Fariña compró "en comisión" la estancia mendocina de El Carrizalejo, por US$ 5 millones, una de las maniobras a las que habría recurrido el dueño de Austral Construcciones para lavar decenas de millones de dólares. El arribo de Báez a los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse de los cargos por lavado de activos, sin embargo, podría demorarse durante meses o incluso extenderse más allá de 2015, ya que el propio fiscal solicitó también una larga lista de medidas de pruebas previas, tanto dentro como fuera de la Argentina.

El juez a cargo de la investigación, Sebastián Casanello, apuntará ahora a completar esas medidas previas, y para eso podría delegar parte de la labor en el propio fiscal Marijuan, y así repartir la carga entre ambos, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION. El objetivo clave es determinar cuál sería el delito precedente de esas maniobras de activos. Es decir determinar, si Báez lavó dinero negro, ¿de dónde provinieron esos fondos que buscó blanquear? En esa línea, y sólo un par de horas después de recibir su escrito, Casanello accedió a una de las medidas que pidió el fiscal y ordenó el allanamiento de la casa de cambio Maxinta, que, junto con el Banco Supervielle, se encargó de mover los US$ 5 millones con una serie de operaciones bajo sospecha.

Una segunda hipótesis pasa por la facturación falsa detectada en varias empresas de Báez, según adelantaban anoche los investigadores de Comodoro Py. La última vez fue cuando LA NACION reveló a fines de octubre pasado cómo tres grupos de empresas de Bahía Blanca -de las familias de Silvio Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza- emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos a favor de Austral Construcciones, que así pudo evadir impuestos, pagar sobornos u otras acciones irregulares.

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Scioli y un avioncito incómodo

Deseoso de terminar con lo que considera una "operación" en su contra, el equipo de colaboradores del gobernador Daniel Scioli sostiene que el vuelo en avión privado que generó tanto ruido durante la semana no fue gratuito -por lo que no configuraría el delito de dádivas-, y que costó 400.000 pesos.

Pero ese monto también recibe cuestionamientos por resultar demasiado bajo y alentar las sospechas de subfacturación.

Scioli voló junto a su esposa Karina Rabolini y algunos colaboradores en un avión del empresario y piloto Gustavo Carmona, quien ante la consulta LA NACION indicó primero que cobró "38.000 dólares", para luego elevar la suma a "40.000 dólares", para un día después llevarla a "47.000 dólares".

Ambas cifras, las declaradas por la gobernación bonaerense y Carmona, resultan inferiores a las de mercado, donde estiman que un vuelo de esas características ronda entre los 75.000 y 150.000 dólares, aunque aclaran que ese valor puede variar según las características del avión que se utilice y otros costos, como los seguros, escalas, combustible y viáticos para la tripulación. A eso se suma el 35% que impone la resolución 3550 de la AFIP.

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Formosa - Ministro vs Vicepresidente

Sin llamar la atención a su paso por los pasillos, como a lo largo de toda su gestión en el Palacio de Hacienda, el ex ministro de Economía Carlos Fernández declaró anteayer en los tribunales de Comodoro Py. Pero, bajo juramento, dejó contra las cuerdas al vicepresidente Amado Boudou en la causa por el canje de la deuda de Formosa con el fisco nacional.

Fernández declaró que era innecesario que la sociedad The Old Fund, cuyo único rostro visible es Alejandro Vandenbroele, participara como consultora en la negociación que la provincia de Formosa completó cuando Boudou ya lo había reemplazado como ministro.

El ex funcionario declaró como testigo a pedido del fiscal federal Carlos Rívolo, por su experiencia en la administración bonaerense y nacional durante dos décadas. Comenzó en 1989 como director nacional de Coordinación Fiscal con las provincias durante la presidencia de Carlos Menem, y terminó en julio de 2009 con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando renunció como ministro de Economía (había asumido en abril de 2008).

Fernández planteó que durante su gestión ninguna provincia contrató a una consultora para negociar su deuda, ni era necesario. "Las reestructuraciones de deuda de las provincias con el gobierno nacional se llevan a cabo a nivel institucional", explicó, y diferenció ese tipo de negociaciones con el frente exterior. "Distinto es la emisión de un bono internacional, donde ahí participan otros actores, como bancos colocadores, estudios jurídicos, calificadoras de riesgo, allí es distinto", indicó.

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2015 - ¿quiénes recaudarán los $1000M (por cabeza)?

Si hay que recaudar $ 1000 millones (o más) para competir en las elecciones de 2015, los presidenciables saben que es clave definir quiénes serán sus recaudadores. Un rol insustituible que no conoce ideologías ni sellos partidarios para Daniel Scioli, Sergio Massa, Mauricio Macri o cualquier otro que quiera sentarse en el Sillón de Rivadavia.

Funcionarios, operadores, amigos, empresarios y más. Muchos están dispuestos a recaudar para un candidato, pero pocos cuentan con esa bendición, según el relevamiento realizado por LA NACION entre 40 informantes, incluidos recaudadores de las actuales y anteriores campañas.

En el equipo de Mauricio Macri, el jefe es su ministro de Medio Ambiente porteño, Edgardo Cenzón, aunque el empresario Nicolás Caputo, centro de los dardos envenenados de los rivales de Pro, colabora con el incipiente operativo. Puertas adentro lo denominan un "facilitador", más que un "recaudador". El equipo general de campaña se reúne todos los lunes por la tarde y los jueves por la mañana en un local de la calle Balcarce 412, a cuatro cuadras de la Rosada.

En el equipo de Daniel Scioli, en tanto, aparecen Rafael Perelmiter, el contador de confianza histórica de su familia; el ex hombre fuerte en la Lotería bonaerense, Luis "Chiche" Peluso, y el de Aguas Bonaerenses, Guillermo Scarcella. E incluso un operador que apareció en el caso Ciccone, Lautaro Mauro. Otros marcan a su jefe de Gabinete, Alberto Pérez, como interlocutor, y hasta a su hermano José "Pepe" Scioli, con un latiguillo que le adjudican al ex motonauta ante la consulta empresaria: "Dale a José".

En el equipo de Sergio Massa, aparecen como operadores: el ex intendente Juan José Álvarez y el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, en la faceta internacional, mientras que desde otras campañas suman a José Luis Manzano, algo que Massa desmiente tajante. Pero en cualquier caso, según relatan varios empresarios, el jugador clave es el propio ex intendente de Tigre.

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2015 - las campañas de los 1000 millones

Todos lo negarán. Porque hay cifras que no se pueden pronunciar en voz alta. Pero los principales aspirantes a la Prtesidencia gastarán el año próximo un mínimo de $500 millones. Eso, para hacer una campaña aceptable, porque los que se vean con chances ciertas de ganar superarán los $1000 millones. 

¿Y el techo? El cielo es el límite, según los cálculos de los candidatos, operadores, funcionarios, empresarios que ya aportaron -o al menos ya comenzaron a ser abordados- y recaudadores de las actuales y anteriores campañas que dialogaron con LA NACION en los últimos tres meses.

Las cifras pueden parecer un despropósito para el lector desprevendio. Pero basta con recordar que la campaña de 1999 de la Alianza rondó los US$100 millones. ¿A cuánto equivale aquella cifra hoy, sea dólar oficial o blue? ¿O ajustada por inflación -Indec o real- o por el crecimeinto del producto bruto interno (PBI)?

El monto, claro está, resulta muy superior a las cuentas oficiales de cada campaña que verifica la justicia electoral. Pero ninguno de los más de 40 informantes consultados por LA NACION tomó esas rendiciones en serio. Las consideran una formalidad sin asidero en la realidad.

¿Y cómo se maneja tanto dinero sin registro? Mucho, en bolsos; otro tanto, con cheques que se cobran en cuevas, como implementó el Frente para la Victoria (FPV) en 2007, con el dinero de Sebastián Forza, entre otros.

En los papeles y para la contienda de 2013, el FPV declaró gastos por $ 22,5 millones en el territorio bonaerense frente a los $ 12,2 millones que declaró el por entonces candidato a diputado nacional Sergio Massa. Pero la realidad fue muy distinta: uno de los candidatos distribuyó más de $ 15 millones sólo entre sus fiscales pagos -que complementaron a los voluntarios- para cubrir las cerca de 35.000 mesas de la provincia, ejemplificó uno de los armadores de aquellas elecciones. Y esa cifra no incluyó lo que destinó a viandas y transporte.

¿Otro ejemplo? Durante el último mes de aquella campaña caliente, el FPV gastó $ 9,6 millones en carteles en la vía pública, según una auditoría de la Cámara Nacional Electoral, aunque el oficialismo declaró $ 2,6 millones en ese rubro para toda su campaña.

Aquella contienda de 2013 apenas será un canapé, sin embargo, comparada con 2015. Fue una elección de mitad de mandato y en una provincia, la de Buenos Aires, que, aunque sea la más importante y habitada del país, no se compara con una puja nacional. Por eso las cuentas se potenciarán aún más en los próximos meses, adelantan todos los consultados por LA NACION, cuando se abarque todo el país y esté en juego la Casa Rosada. Por eso es que los que afilan lápices estiman que sólo en fiscales cada candidato podría consumir hasta 100 millones de pesos.

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Los Kirchner - primeras inconsistencias contables

La deuda ya era conocida. Pero no el escueto documento que así lo expone y las preguntas que deja abiertas. El empresario Lázaro Báez figuró como acreedor del ex presidente Néstor Kirchner por $ 8,3 millones sin que la deuda aumentara por intereses con el paso de los años. Ahora, por primera vez, sale a la luz ese documento. Es apenas una carilla, escueta y cuestionable, según tres contadores consultados por LA NACION.

Firmado por un apoderado de Austral Construcciones, Martín Jacobs, ese documento sólo detalla que la firma contaba con un "crédito a cobrar al 31/12/2007" sobre Kirchner por $ 8.329.596,50 repartidos en cuatro facturas: una de diciembre de 2006 y las tres restantes de diciembre de 2007. Pero en las declaraciones juradas de los Kirchner esa deuda apareció detallada de un modo muy distinto. O ni siquiera apareció.

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Esos y otros datos llamativos en la contabilidad de la familia presidencial quedaron dentro de la investigación que instruye el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado solicitó las declaraciones juradas que los Kirchner y su sociedad hotelera Hotesur presentaron ante la AFIP.

Esas declaraciones podrían exponer incongruencias en el reparto del acervo sucesorio tras la muerte de Kirchner. Por ejemplo, que la presidenta Cristina Fernández registró $ 31,6 millones por la disolución de la sociedad conyugal, mientras que sus hijos, Máximo y Florencia, declararon cerca de $ 40 millones por la otra mitad.

Los movimientos societarios y bancarios de Máximo Kirchner también son ahora observados, con algunos primeros datos curiosos. Entre otros, que al abrir una cuenta bancaria en 2013 fijó su domicilio en el piso 3 de la avenida Belgrano 265 de Buenos Aires. Allí trabajaba el contador del primer accionista de Hotesur, Jorge Giovanakis. Pero ese contador se mudó de allí hace años, según recuerdan en el edificio.

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Porque bien vale una quijoteada

Más de una vez me han preguntado por qué hago lo que hago. Y no importa qué responda (y siempre respondo lo mismo; ver, por ejemplo, acá), el retruque que recibo va por este lado: ¿Y para qué? Si total...

Anoche, al leer la intervención de Arturo Pérez-Reverte, uno de mis escritores favoritos, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encontré la mejor síntesis para cantarle "vale 4" a ese retruque pesimista, cargado de frustración y/o cinismo.

Es el siguiente: “Yo creo que los malos siempre ganan. Y tú puedes asociarte al malo o, de una forma más quijotesca, tratar de hacer que el malo no duerma bien, que sepa que en cualquier momento alguien se puede levantar y cortarle el sueño, o el negocio. Que el malo sepa que no es tan fácil ser malo, y que incluso puede ser peligroso”.

Gracias, don Arturo. Gracias don Miguel. Gracias don Quijote.

pd: el artículo de El País de España donde se lo cita, acá.

Báez - control total sobre los hoteles K

Los contadores de Lázaro Báez no sólo se encargaron de los números de Valle Mitre, la firma con que el empresario gerenció los hoteles Alto Calafate y La Aldea, y la hostería Las Dunas. También controlaron, revisaron y ajustaron la operatoria interna de los tres establecimientos, según consta en los registros contables del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

Ese acceso irrestricto de Báez a los números internos de los hoteles de la familia Kirchner le permitió conocer en detalle, por ejemplo, la facturación neta de IVA, mes a mes y durante años, de los tres establecimientos, como así también del restaurante La Usina.

No sólo eso. Los contadores del empresario patagónico sospechado de ser testaferro de la familia presidencial también supervisaron las reservas y ventas de habitaciones de los tres establecimientos desde mediados de 2009, con análisis por gráficos de los índices de ocupación de cada hotel, ya fuera en temporada alta, media o baja. 

Ese acceso a los números internos de cada establecimiento llegó a tal punto que Báez pudo conocer, entre otros, los ingresos y gastos de lavandería o telefonía en el hotel Alto Calafate.

Esos registros internos, a los que accedió LA NACION, muestran por ejemplo que, en enero de 2011, el Alto Calafate registró ingresos por $ 934.486 en concepto de habitaciones, otros $ 1145 por lavandería y tintorería, y $ 11.503 en el rubro "health club".

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Hotesur - contadores de Lázaro al mando

Un grupo de contadores del empresario patagónico Lázaro Báez se encargó durante años de la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial Kirchner controla el hotel Alto Calafate, según surge de documentos internos del grupo Báez que obtuvo LA NACION.

El control contable fue total y profundo. Desde 2009 manejó la facturación del Alto Calafate. También supervisó sus índices de ocupación y sus gastos operativos, a tal punto de conocer la cifra exacta y hasta en centavos, por ejemplo, de sus gastos declarados de telefonía, lavandería, desayuno, tintorería y health club, entre otros.

La operatoria la lideró un estrecho colaborador de Báez, César Gerardo Andrés, quien también supervisó la contabilidad de Austral Construcciones y del resto del grupo de empresas y sociedades del ex empleado del Banco de Santa Cruz, que durante más de un año y medio pagó más de 1100 habitaciones por mes en los hoteles de la familia presidencial sin usar esas reservas.

Andrés actuó -y aún lo sigue haciendo- desde su oficina de la calle Libertad 141 de Río Gallegos. Pero no fue el único lugarteniente del grupo Báez que se involucró en los registros de Hotesur y del Alto Calafate. También lo hizo otro contador de extrema confianza del empresario, Daniel Pérez Gadín, quien antes de desembarcar en la financiera SGI de Federico Elaskar subió a Internet su propio currículum, en el que detalló entre sus "clientes" al hotel de lujo de los Kirchner.

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IGJ - adulteran un sumario vs una ex funcionaria

El Ministerio de Justicia editó y extrajo tramos de un sumario interno para iniciar una ofensiva contra una ex funcionaria que reveló irregularidades dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) vinculadas a la sociedad Hotesur y al "caso Ciccone", según surge de las copias de ese sumario que cotejó LA NACIÓN.

La ofensiva del Ministerio de Justicia busca debilitar la credibilidad de la ex titular del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ Silvina Martínez (foto, abajo), quien ya declaró ante los jueces Claudio Bonadio y María Servini de Cubría, y el fiscal Carlos Stornelli.

El ministro de Justicia, Julio Alak, llegó a presentarse en Tribunales, donde solicitó que se lo acepte como querellante para acusar a Martínez en un expediente en particular. En él se investiga cómo se extraviaron -o robaron- dentro de la IGJ los legajos de The Old Fund, la ex Ciccone Calcográfica y London Supply cuando estalló el "caso Ciccone".

La movida contra Martínez no es la única de los últimos años sobre ex funcionarios que afrontaron problemas por exponer irregularidades. Entre otros, la lista incluye al ex embajador ante Venezuela Eduardo Sadous, al subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur, Eduardo Sigal, y al ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía José Guillermo Capdevila. Servini de Cubría, sin embargo, rechazó el pedido de Alak. Entre otros motivos, porque Alak y varios de sus colaboradores aparecen como potenciales imputados en la causa, mientras que Martínez sigue como testigo.

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Hotesur - sin reporte antilavado desde IGJ

La Inspección General de Justicia (IGJ) no emitió un reporte de operación sospechosa de lavado de activos ante las irregularidades detectadas en la sociedad de la familia Kirchner Hotesur SA, pese a las normativas de la propia IGJ y de la unidad antilavado (UIF). Pero para el organismo que depende del Ministerio de Justicia se trató de apenas una "falta administrativa leve", punible con una multa.

La obligación de emitir esa alerta surge de dos resoluciones de la UIF y de un manual de procedimientos que emitió la IGJ. Las tres normativas imponen reportar a las autoridades antilavado cuando una sociedad oculta información interna que está obligada a entregar o entrega datos falsos. Por ejemplo, sobre su domicilio, sus balances o sus beneficiarios finales.

Ese reporte de operación sospechosa (ROS) debió abarcar a la sociedad en sí, Hotesur SA, como también a sus accionistas, de modo de abrirle la puerta a la UIF para que analizara por su cuenta si correspondía iniciar una investigación por presunto lavado.

La obligación de la IGJ respecto de Hotesur debió incluso ser superior a la normal porque la normativa antilavado así lo dispone cuando algún protagonista bajo sospecha es una "persona políticamente expuesta", como la presidenta Cristina Kirchner y sus familiares.

Sin embargo, la posición oficial sobre la sociedad hotelera de la familia Kirchner es una "irregularidad que es más leve que pasar un semáforo en rojo", según la caracterizó anteayer el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

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Hotesur (Kirchner) admite, promete y ataca

En un duro comunicado sin firma de ninguno de sus accionistas o directivos, la sociedad hotelera de la familia Kirchner, Hotesur SA, admitió ayer que incurrió en "fallas formales" y "demoras" para cumplir con las exigencias legales que impone la Inspección General de Justicia (IGJ), aunque afirmó que inició "un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable".

Hotesur relativizó esas falencias y criticó a los medios. Los acusó de "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites ante la IGJ como el cambio de domicilio de la sociedad. También criticó al juez de la causa, Claudio Bonadio, y, sin mencionarla, a la diputada Margarita Stolbizer, que radicó la denuncia penal ante el juez, sin sorteo de por medio. Días después, Bonadio allanó la IGJ y una sede "fantasma" de la empresa.

Pese a que Hotesur es una empresa privada, su comunicado se difundió a través de tres canales oficiales: la agencia Télam, la programación de Fútbol para Todos y la cuenta de la Casa Rosada en Twitter. Ocurrió horas después de que LA NACION y Clarín revelaran múltiples faltantes, irregularidades e inconsistencias de esa sociedad ante la IGJ. Para la empresa de Cristina Kirchner, fueron "notas aparecidas en forma maliciosa, sistemática y coordinada en medios hegemónicos claramente opositores al Gobierno".

Con sus explicaciones, sin embargo, Hotesur confirmó que adeuda el pago de tasas, no presenta los balances y varios otros trámites ante la IGJ, como impone la ley, y dejó al descubierto nuevas contradicciones y faltantes.

Entre otras, sostuvo que en marzo de 2010 se decidió mudar el domicilio legal a la provincia de Santa Cruz con la firma de uno de sus socios, el ex presidente Néstor Kirchner. Pero tanto su hijo, Máximo Kirchner, durante una asamblea celebrada en 2011, como el presidente del directorio, Osvaldo Sanfelice, al firmar una declaración jurada en 2012, reafirmaron el domicilio social en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, que la Justicia ya verificó que para entonces ya no ocupaban. ¿Ambos presentaron documentos ante la IGJ con un domicilio falso, según el propio comunicado de Hotesur?

Con respecto a los balances, la firma indicó que está en un "proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable de los períodos 2011, 2012 y 2013", que de todos modos aclaró que fue presentada "en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI".

Pero ambos organismos cumplen distintas funciones dentro de la administración pública, con regulaciones y prácticas distintas. Mientras los documentos presentados ante la AFIP quedan protegidos por el "secreto fiscal" -sin que terceros puedan acceder a ellos-, la IGJ actúa por ley como un Registro Público de Comercio y cualquier particular podría pedir copia de la documentación, aun cuando el "cepo" informativo que se montó desde el "caso Ciccone" lo impide en la práctica.

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Hotesur irregular; Máximo protagonista

El balance más reciente de la sociedad presidencial Hotesur SA que tiene la Inspección General de Justicia (IGJ) es de 2010. No sólo eso. Apenas recibió una fotocopia de ese supuesto balance, sin firmas ni las certificaciones que impone la ley, se aprobó en una presunta asamblea en la que en teoría participó Máximo Kirchner, pero que arrastra un pecado original: se celebró en una oficina en la que desde hacía un año ya no estaba esa sociedad.

Esas y otras inconsistencias surgen de documentos inscriptos en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia que debería controlar a Hotesur, pero que no le aplicó las sanciones que prevé la ley hasta quitarle su personería, según reconstruyó LA NACION, y que el juez federal Claudio Bonadio obtuvo durante el allanamiento de este jueves.

La escasa e incompleta documentación obrante dentro de la IGJ sobre la sociedad anónima de la familia Kirchner contradice la versión que brindó el jefe de Gabinete, Jorge Milton Capitanich. El funcionario, en su conferencia de prensa de anteayer, habló de "hostigamiento judicial" y de "golpismo activo del Poder Judicial", términos que fueron duramente criticados.

"Hotesur ha presentado toda la documentación respaldatoria", afirmó Capitanich, quien planteó que "la firma presentó la documentación solicitada [por la IGJ]. No se necesitaba ningún allanamiento judicial. La operatoria [de Hotesur] fue clara y transparente".

Del legajo de Hotesur en la IGJ, sin embargo, surge otro panorama. Los últimos balances disponibles de la firma que controla el hotel Alto Calafate son de los ejercicios 2009 y 2010. Y ambos se presentaron sin firmas de sus autoridades o un contador. Una laguna clave para una empresa que ingresó millones de pesos del empresario patagónico Lázaro Báez gracias a las 1100 habitaciones que pagó durante años sin jamás usar esas reservas.

No sólo eso. Esos balances de 2009 y 2010 se presentaron en un formato Word o Excel que permiten su eventual manipulación, en vez de respetar los parámetros previstos por la ley.

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Hotesur & IGJ - inconsistencias expuestas

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.

La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.

Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.

Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.

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Hotesur - una firma clave, en una trama millonaria

Dos son las sociedades clave para entender el entramado de negocios y sospechas que une a Cristina Kirchner con el empresario patagónico Lázaro Báez. Una es Hotesur; la otra, Valle Mitre. Y ambas se encuentran bajo la lupa judicial por los presuntos delitos de lavado de activos y evasión tributaria, y otras figuras que se ciernen sobre los funcionarios que deberían controlarlas.

Hotesur SA es la firma que con que la familia Kirchner controla sus hoteles en el Sur. El más importante es el Alto Calafate. Pero sus números se mantienen en las sombras. Entre otros motivos, porque incumplió con varias exigencias de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debe controlar a las sociedades creadas o domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires, y que depende del Ministerio de Justicia.

Valle Mitre SA, en tanto, pertenece a Báez. ¿Por qué es relevante esa firma? Porque durante años se encargó de gerenciar los hoteles de la Presidenta y garantizarle ingresos multimillonarios a través de los contratos que firmaron al menos ocho empresas del propio Báez para pagar cientos de habitaciones sin jamás usarlas, tal como reveló LA NACION en diciembre y enero pasados.

¿Cómo era esa operatoria? Ocho firmas de Báez firmaron convenios confidenciales y retroactivos con el Alto Calafate, hasta superar las 1100 habitaciones por mes durante años, que él pagó, sin obtener una tarifa corporativa ni descuento alguno y sin importar que sus empleados usaran o no esas reservas o si se trataba de temporada alta o baja.

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Di Pietro: "Poner lo que hay que poner"

Hubo un tiempo en que Antonio Di Pietro anduvo por el mundo con otro nombre. "Marco Canale" decía su otro pasaporte, con el que se escondió durante meses en Costa Rica, lejos de las amenazas de muerte de aquellos que asesinaron a dos amigos: los magistrados Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Los tres, junto a un puñado de jueces y fiscales más, habían dado forma al Mani Pulite, la investigación que marcó a Italia para siempre.

"Fue un alineamiento astral", sintetiza Di Pietro. "En aquel contexto histórico, se dio una situación única, sin egoísmos ni celos, donde cada uno tenía su propio espacio", resume, café de por medio con LA NACION. Unidos decidieron avanzar, en 1992, sobre la corrupta clase dirigente de políticos y empresarios que protagonizaron lo que en Italia se llamó "tangentópoli" o "la ciudad de los sobornos". En cuestión de sólo unos meses comenzaron las amenazas y los asesinatos, pero también el derrumbe estrepitoso de toda la partidocracia peninsular.

De paso por Buenos Aires, Di Pietro observa similares rasgos de "cleptocracia" en la dirigencia local. Por eso, plantea que la sociedad argentina debe presionar a los precandidatos presidenciales para que combatan la corrupción. Y a los fiscales y jueces criollos, para que pongan "lo que hay que poner".

"La lucha contra la corrupción impone múltiples factores. Lo primero es fijar penas adecuadas para los delitos de corrupción, balances falsos, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros", enumera. "La pena prevista en el artículo 256 de su Código Penal es ridícula", ejemplifica con el "cohecho", que va de 1 a 6 años. "Con eso sólo se genera la certeza de la impunidad."

pd: el resto de la entrevista publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Lázaro y EEUU - se abre una incógnita

La justicia argentina lanzó una botella al mar. Le pidió a Estados Unidos que le informe si el empresario Lázaro Báez, su familia y sus colaboradores poseen bienes, sociedades o cuentas bancarias en ese país. Es muy difícil que así sea. O que la operatoria de Báez en la superpotencia sea tan evidente. O, incluso así, que Washington alguna vez responda ese pedido.

¿Por qué son tan bajas las expectativas? Porque dependerá de múltiples factores. El más relevante de todos, que Báez y su entorno hayan cometido algún error grosero.

Por supuesto, siempre existe esa última y devastadora opción: que Estados Unidos sí le conteste a la Justicia argentina, que informe que Báez o su círculo íntimo sí registra allí bienes, sociedades o cuentas -algo que una y otra vez sus voceros desmienten de manera categórica-. Y encima que Estados Unidos exponga que Lázaro ha sido tan torpe como para dejar sus dedos pegados. Pero es casi imposible. Aunque nunca se sabe.

pd: el resto del escenario publicado hoy en LA NACION, acá.

Vaca Muerta: la jurisdicción extranjera

Las petroleras YPF y Chevron acordaron que cualquier reclamo o disputa que pueda generarse entre ellas vinculada con las operaciones conjuntas en el yacimiento Vaca Muerta no se discutirá en los tribunales locales. Se definirá en Nueva York o en París, según consta en los documentos confidenciales que firmaron ambas compañías y que obtuvo LA NACION.

Chevron consiguió así el cambio de jurisdicción. Por un lado, estableció junto con la petrolera argentina que cualquier "reclamo, controversia, disputa o causa de acción (ya sea contractual, extracontractual o de otro tipo" se regiría "por las leyes del estado de Nueva York". Es decir, la justicia estatal, distinta de la federal, en la que Thomas Griesa lidia desde hace años con el canje de la deuda argentina y los bonistas que lo rechazaron y los fondos buitre.

No sólo eso. Como parte de la negociación, YPF también aceptó que "toda controversia" vinculada con "los documentos del préstamo" debería resolverse "exclusivamente mediante un arbitraje definitivo y vinculante realizado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", con sede en París. Así consta en el documento "estrictamente confidencial" titulado "Garantía", que obtuvo LA NACION. Esa fianza ya expiró, pero la capital francesa continúa como la sede prevista ante un eventual arbitraje, según confirmaron altos ejecutivos de la compañía a este diario.

Las petroleras detallaron algunas pautas ante un posible arbitraje. Especificaron que el laudo "será definitivo, vinculante e inapelable", y que "podrá ser homologado por cualquier tribunal competente", con lo que Chevron evitaría así tener que presentarse ante un juzgado argentino para exigir la ejecución -exequátur- de ese laudo, tal y como el gobierno argentino les ha planteado a las empresas que salieron victoriosas en el Ciadi del Grupo Banco Mundial. Las definiciones sobre cómo sería un arbitraje en la capital francesa también alcanzan a la "divisa de la sentencia", que se fijó en dólares, a tal punto que no se daría por cumplido el laudo si YPF intentara pagarlo en otra moneda, como pesos argentinos.

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Vaca Muerta: las sociedades off shore

Las petroleras YPF y Chevron crearon un complejo entramado societario en paraísos fiscales de Estados Unidos y el Atlántico Norte para que los US$ 1240 millones de la inversión para Vaca Muerta no pudieran ser embargados por dos grandes contendientes: la petrolera española Repsol y los pueblos originarios de Ecuador, según surge de documentos que obtuvo LA NACION y del relato de altos ejecutivos de la compañía local que participaron de las negociaciones.

Datos y precisiones sobre ese entramado quedaron expuestos en tres documentos identificados como "estrictamente confidenciales" que ambas compañías firmaron en abril de 2013. En ellos se detalla, por ejemplo, que para cerrar las negociaciones con Chevron YPF recurrió a dos sociedades constituidas en Delaware, estado conocido como un paraíso fiscal y corporativo dentro de Estados Unidos.

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En Delaware creó las compañías YPF Shale Oil Investment I y II, a las que a su vez otorgó el 90 y el 10 por ciento de una sociedad de responsabilidad limitada creada en la Argentina, Compañía de Hidrocarburo No Convencional SRL.

Esa SRL, a su vez, se convirtió en el "subconcesionario" de las operaciones pactadas con Chevron, que por su parte operó a través de Chevron Overseas Finance I Limited, otra SRL con domicilio en las islas Bermudas, un territorio británico de ultramar situado en el Atlántico Norte.

Los fondos invertidos por Chevron podrían haber sido objeto de embargo por la española Repsol, enfrascada en una durísima disputa con el gobierno argentino, que la había echado de YPF quitándole el control de la compañía. Además, la ingeniería societaria intentaba evitar un eventual embargo de los abogados de los pueblos originarios de Ecuador, que ya habían promovido una acción de clase contra Chevron, llegando a embargar el flujo de caja de la filial argentina de esa petrolera.

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Vaca Muerta: las condiciones de Chevron

El gigante petrolero norteamericano Chevron condicionó la firma del acuerdo con YPF para invertir en el yacimiento Vaca Muerta a la reforma de leyes federales y provinciales, y a la aprobación de nuevas normas. Y esas modificaciones debían resultar de su "entera satisfacción" para que comenzara a traer capitales a la Argentina, según consta en documentos que firmaron las petroleras cuyas copias obtuvo LA NACION.

Los planteos de Chevron resultaron efectivos: las "condiciones suspensivas" o "precedentes" que delineó en las negociaciones con YPF terminaron incorporadas en un decreto y en una ley neuquina, en un decreto presidencial y en la flamante ley de hidrocarburos que aprobó el Congreso con el objetivo de alcanzar la soberanía energética. Pero fuentes de la empresa señalaron que las normativas no generan derechos exclusivos para Chevron, sino que crean el marco necesario para estas y futuras inversiones en exploración petrolera.

Las condiciones de Chevron, vertidas en documentos identificados como "estrictamente confidenciales", se centran en el tiempo y las características para las concesiones, los topes máximos a las regalías que podrían cobrarle las provincias y una estabilidad tributaria absoluta para la petrolera y sus subsidiarias.

Chevron también exigió una garantía de que podrá enviar dividendos al exterior, así como fijar la jurisdicción extranjera para dirimir cualquier disputa con YPF, en la que el Estado argentino controla el 51 por ciento, pero es por ley una sociedad anónima. Además, el acuerdo estableció una serie de garantías amplias que debía asumir la petrolera argentina ante posibles reclamos de terceros.

Los términos de la negociación surgen de tres documentos, redactados en inglés y categorizados "estrictamente confidenciales", que ambas petroleras firmaron a mediados de 2013 y cuyas copias obtuvo LA NACION. Son los identificados como "Carta Acuerdo", "Garantía" y "Términos y Condiciones del Proyecto de Inversión para Exploración". Un cuarto documento, el más sensible y relevante de todos -"Acuerdo de Inversión para Proyecto"- continúa bajo llave.

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"Aimè" y "el Negro", dos viejos rivales

Se conocen desde hace 30 años y se recelan desde entonces. El vicepresidente Amado Boudou y el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, acumulan chicanas, zancadillas y acusaciones cruzadas por negocios indebidos, según reconstruyó LA NACION de allegados a ambos funcionarios durante meses.

Ambos militaban en Mar del Plata, dentro de la UPAU, pero con perfiles muy distintos. "El Negro" descollaba en la Facultad de Derecho por sus frases incendiarias. Y "Aimé" dividía su tiempo entre la Facultad de Ciencias Económicas y su pasión por pasar música en boliches.

Echegaray se recibió de abogado y enfiló hacia Punta Alta, donde debió sobrellevar su primera tormenta por el llamado Grupo Los Cóndores. El cabecilla, Roberto Nicolás Lucero, se fugó con los ahorros y tiempo después la Justicia lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión. Y Echegaray enfiló luego hacia el Sur, donde pronto se contactó con Rudy Ulloa y ejerció como abogado de Gotti Hermanos, la firma que luego adquirió Lázaro Báez y que terminó siendo investigada por la AFIP por facturación falsa por más de $ 400 millones.

Boudou, mientras tanto, sobrellevó sus propios contratiempos en Mar del Plata, donde además de trabajar como disc-jockey asumió como gerente y luego gerente general de la empresa monopólica de recolección de basura de la ciudad, Venturino, que terminó por quebrar. Pero ya recibido, él siguió su camino entre el Municipio de la Costa -donde afrontó sus primeros traspiés con la Justicia y el Tribunal de Cuentas bonaerense-, y la Anses.

El punto de inflexión -y de reencuentro- para ambos llegó con el kirchnerismo, al que ninguno de los dos adscribía.

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Boudou, Núñez Carmona y facturas truchas

Auto, domicilio y, ahora también, facturas truchas. Una sociedad vinculada al vicepresidente Amado Boudou enfrenta un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias.

La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que LA NACION reveló que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

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El caso Ciccone por definirse

Si no hay sorpresas ni nuevas dilaciones, el futuro judicial del vicepresidente Amado Boudou comenzará a definirse a fines de noviembre o principios de diciembre. Será entonces cuando la Cámara Federal porteña definirá si revoca su procesamiento, anula todo o parte del caso Ciccone y aparta de la causa al juez federal Ariel Lijo.

Los tiempos de la Cámara responden a la dinámica misma del expediente, en el que Boudou y otros acusados, como su socio, José María Núñez Carmona; su supuesto testaferro, Alejandro Vandenbroele; el empresario Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, entre otros, apelaron sus procesamientos y presentaron nueve pedidos simultáneos de nulidad.

Ante ese cuadro, los integrantes de la Sala I de la Cámara -Eduardo Freiler, Jorge Luis Ballestero y Eduardo Farah- ya celebraron todas las audiencias necesarias con los procesados, la última de ellas con el ex jefe de Gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía, Guido Forcieri.

Completado ese requisito previo, los camaristas podrían definir ahora si confirman, revocan o anulan los procesamientos que dispuso Lijo. Pero optaron por esperar para evaluarlos junto con las nulidades por razones de "economía procesal".

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Boudou vs Lijo (vía Scioli y Brito)

El vicepresidente Amado Boudou concentra sus esperanzas en la Cámara Federal. Quiere que aparte al juez federal Ariel Lijo del caso Ciccone. Y espera que revoque su procesamiento y anule un largo trecho de la causa. Y para lograrlo apuntó -pero sin jamás escribir sus nombres a lo largo de las 513 fojas con que fundamentó su apelación- al gobernador (y precandidado a presidente) Daniel Scioli y al banquero Jorge Brito.

La alusión directa a Scioli y a Brito sin siquiera nombrarlos parece una contradicción. Pero no lo es. Ambos quedaron expuestos en las copias escaneadas de dos artículos periodísticos que la defensa de Boudou incorporó a su largo escrito ante la Cámara. Uno es de LA NACION y el otro de Ámbito Financiero. Ambos aluden a la fiesta con la que Lijo celebró su segundo casamiento, con el gobernador bonaerense y con el dueño del Banco Macro como sus invitados de honor.

El objetivo real de Boudou es argumentar que Lijo muestra un interés "selectivo" por investigar el caso Ciccone de un modo que lo perjudica a él, pero sin ahondar en la ruta del dinero -en la que Brito, su hijo homónimo o el ex banquero Raúl Moneta, entre otros, podrían terminar implicados- ni hurgar en otras potenciales ramificaciones políticas. O que, incluso, es amigo del abogado de los Ciccone, Marcelo Ruiz. Por tanto, argumenta la defensa de Boudou, no es imparcial y debe ser apartado de la investigación.

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AFIP, dos versiones para unas facturas truchas

La historia oficial es benévola. Sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) investigó a decenas de sociedades de Bahía Blanca, detectó que varias emitían o recibían facturas truchas, pero sólo admite que una le había facturado a Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. Y expone que el cierre de su Regional en esa ciudad bonaerense se debió a un conflicto gremial y que ningún funcionario del organismo fue desplazado.

Documentos de la propia AFIP que recolectó LA NACION en los últimos diez meses cuentan, sin embargo, otra historia. Confirman que Austral Construcciones recibió facturas truchas de tres grupos de empresas de esa ciudad, que dentro de la AFIP se desplazó a 49 funcionarios, que se remitieron las investigaciones a Mar del Plata cuando se cerró la Regional Bahía Blanca y que allí, una división creada para la ocasión, se encargó de archivar actuaciones y emprolijar papeles, si los hubo. Porque, al menos, una de las firmas fantasma informó que le habían robado su documentación.

Así, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sólo identificó a Calvento SA como una firma trucha durante la conferencia de prensa que brindó el lunes para despegar de Báez a la presidenta Cristina Kirchner, y criticar a la prensa con un argumento incriminatorio: concentrarse sólo en el empresario patagónico por delitos cometidos por otras 1200 firmas.

En efecto, Calvento SA es una firma fantasma, creada por Silvio, Enzo y Franco Ficcadenti. Pero documentos internos de la AFIP exponen que sus sabuesos también avanzaron sobre otras dos sociedades de esa familia: Grupo Penta y Terrafari. También emitieron facturas millonarias, que los inspectores consideraron apócrifas y terminaron en manos de Báez.

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CFK, Lázaro y sus "vínculos comerciales"

Sólo un día después de utilizar una conferencia de prensa sobre facturas truchas para aclarar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no es socia del empresario Lázaro Báez, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, debió aclarar lo aclarado. Reiteró que no son socios "técnicamente", pero admitió, por primera vez, que ambos mantienen "vínculos comerciales".

"La Presidenta no es socia de Lázaro Báez, sí tiene vínculos comerciales", indicó Echegaray al dialogar con un programa de radio, frase que poco después quedó claro que no lanzó al azar. Casi con las mismas palabras, lo repitió en una segunda radio.

"En la vida en sociedad, todos tienen relaciones, no es que los funcionarios públicos son extraídos de un lugar donde no han tenido ningún tipo de vinculación o vida comercial", buscó bajar el tono Echegaray, al ser consultado sobre los nexos financieros, hoteleros, comerciales y personales que unen a la Presidenta con el empresario patagónico desde hace años. "La vinculación, la vida en sociedad forma parte del ser humano, sea presidente o el último ciudadano de la Argentina", añadió.

El titular de la AFIP, que antes fue abogado de Gotti Hermanos -otra empresa de Báez, que acumuló facturas truchas por más de $ 400 millones- reafirmó, no obstante, la línea formal que separa a la jefa del Estado del ex empleado bancario. "Técnicamente no hay sociedad constituida", indicó Echegaray, lo que luego repitió con palabras casi idénticas: "Cristina y Lázaro son conocidos desde hace bastante tiempo, pero técnicamente no son socios", reiteró.

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CFK y Lázaro, ¿son o no socios?

El jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, buscó desvincular ayer a la presidenta Cristina Kirchner de los problemas tributarios y judiciales del empresario Lázaro Báez. Declaró de manera tajante que no son socios y que sostener eso es "falso" y "malintencionado", y que la operatoria mediante facturas falsas es una cuestión que tiene lugar sólo "entre privados".

Echegaray separó así a la Presidenta de la suerte de Báez durante una conferencia de prensa a la que convocó para aclarar la actuación de la AFIP frente a tres grupos de empresas de Bahía Blanca que, tal como informó LA NACION anteayer, emitieron facturas apócrifas por decenas de millones de pesos para Austral Construcciones, la nave insignia del cuestionado empresario patagónico.

El jefe de la AFIP, que años atrás fue abogado de Gotti Hermanos, otra empresa de Báez, confirmó que esas firmas de Bahía Blanca se encuentran bajo fiscalización del organismo desde hace años.

Dijo también que al menos una de ellas, Calvento SA, "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas". Echegaray sostuvo, además, que Austral Construcciones también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó dar precisiones. No informó cuándo se inició esa investigación, como tampoco el monto que los sabuesos de la AFIP sospechan que Báez podría haber evadido.

El pretendido despegue de la Presidenta de la suerte de Báez contrasta, sin embargo, con la larga lista de emprendimientos inmobiliarios, hoteleros, financieros y comerciales que los unen desde hace más de una década.

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Echegaray, el confirmador

Sólo un día después de que LA NACION informara sobre una millonaria madeja de evasión con centro en Bahía Blanca, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad se encuentran bajo fiscalización y que al menos una firma "no tiene actividad comercial" y es considerada por su organismo "una usina de facturas falsas".

Un trío que se las trae: Toninelli, Echegaray y Michel

Echegaray confirmó, además, que la nave insignia del empresario Lázaro Báez, Austral Construcciones, recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició esa supuesta investigación o cuánto dinero se estima que podría haber evadido.

Con la ayuda del jefe de la DGI, Ángel Toninelli, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta -de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti-, la empresa Constructora Patagónica Argentina -de los Ferreyra, otra familia bahiense- y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como informó LA NACION anteayer.

Según reconstruyó este diario, y a diferencia de lo que sostuvo Echegaray ayer, todas las fiscalizaciones fueron archivadas mientras los expedientes administrativos se encontraban bajo el control de la Regional Mar del Plata.

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Bustos, el "misionero" de Lázaro

BAHÍA BLANCA.- El entramado de empresas reales y sociedades fantasma, facturas truchas, cheques correlativos y millones de pesos en danza incluyó el rol clave de un puñado de profesionales contables de esta ciudad. Ellos negociaron la regularización fiscal con un lugarteniente de Lázaro Báez, Claudio Bustos, y con las nuevas autoridades de la Regional de la AFIP en esta ciudad, según reconstruyó LA NACION durante los últimos 10 meses, período en el que viajó cuatro veces a Bahía Blanca.

Al menos uno de esos encuentros entre los apoderados del Grupo Penta y de Juan Suris, Bustos y autoridades locales de la AFIP reflejó cuán poderoso es Báez (foto, arriba). Ocurrió en el séptimo piso de las oficinas del organismo, sobre la calle San Martín, a metros de la plaza Rivadavia. Allí, el lugarteniente del socio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llevó la voz cantante sobre qué hacer en consulta permanente por teléfono con Buenos Aires.

Como apoderado de Austral, Bustos conoce las calles bahienses. El miércoles 23 de julio pasado, por ejemplo, llegó hasta la ciudad en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que partió a las 7.30 de Buenos Aires. Se quedó unas pocas horas en Bahía Blanca. Las suficientes para imponer que el Grupo Penta se acogiera a un plan de 24 cuotas de regularización fiscal. Y a las 14.30 emprendió su regreso.

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Lázaro + facturas truchas + AFIP = evasión

BAHÍA BLANCA.- Lázaro Báez lo hizo de nuevo. Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de esta ciudad. Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos cuyas copias obtuvo LA NACION durante los últimos diez meses.

La facturación le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP en esta ciudad. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esta ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $ 50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

pd: el resto de la investigación publicada hoy en LA NACION, acá y acá.

¡Gracias, gracias, GRACIAS!

Gracias, gracias, GRACIAS. Junto a la maravillosa Mariela Arias acabamos de ganar el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el más importante del hemisferio. Es por nuestra investigación sobre los hoteles de la Presidenta (y el rol de Lázaro Báez; ver, entre otras:http://www.lanacion.com.ar/1648473).

Gracias IPYS.

Y GRACIAS AL DIARIO LA NACIÓN, A NUESTRAS FUENTES Y, POR SOBRE TODO, A NUESTRAS FAMILIAS! 

¡GRACIAS!

Una fiscalía vacante (e incómoda)

Cinco años y medio después de la salida de su entonces titular, la silla máxima en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) continúa vacante. Ahora, ese vacío amenaza con extenderse por más tiempo. Los senadores nacionales Mario Cimadevilla y Gerardo Morales impugnaron el pliego del candidato que elevó la Casa Rosada, tras considerar que su elección surgió de un concurso con "arbitrariedades manifiestas" y "vicios graves de procedimiento" y que es, por tanto, "nulo".

Los legisladores radicales presentaron su impugnación el viernes pasado, aunque sólo trascendió ayer. Solicitaron además a la Comisión de Acuerdos que antes de evaluar el pliego del candidato, Sergio Leonardo Rodríguez, solicite a la Procuración que les envíe las carpetas en las que se tramitaron los concursos 81 y 88 para llenar esa vacante, más un tercer concurso, el 89, para comparar las decisiones que se adoptaron ante planteos similares.

Cimadevilla y Morales argumentaron que "brindar acuerdo senatorial a quienes resulten de un concurso afectado por arbitrariedades manifiestas y vicios graves de procedimiento es pretender convalidar decisiones teñidas de manifiesta ilegalidad y arbitrariedad", ya que entendieron que son "violatorias de las normas esenciales del procedimiento concursal".

Los legisladores concentraron sus observaciones en el proceso en sí del concurso, más que en el candidato seleccionado, un ex funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA) que desde hace años es gerente de Asuntos Penales de la Anses.

Aun así, Rodríguez salió al cruce de las críticas al concurso, ya que consideró que "fue tramitado y resuelto de acuerdo con todas las formalidades legales y reglamentarias".
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá

Justicia y corrupción: ayer, 2015 y después

Primer acto. El juez y el periodista conversan en el despacho del juez. La secretaria del juez entra de improviso. Le informa que llama el operador. El juez, que estaba sentado, se pone de pie nada más que para atender esa llamada. Cual sargento ante la irrupción de su general.

Segundo acto. Semanas después, el operador y el periodista coinciden en la puerta del despacho del mismo juez. El operador sale; el periodista pensaba entrar, pero opta por dialogar con el operador. El operador le anticipa que en tres meses el juez cerrará "la" causa penal.

Tercer acto. Tres meses después, en efecto, el juez sobresee a los acusados. Los fiscales no apelan. Se cierra la causa -fina ironía- el Día de los Santos Inocentes.

Esto que cuento sucedió. Me sucedió. Es apenas una muestra de un amplio abanico similar, que resulta imposible denunciar sin más pruebas que los ojos y oídos del periodista. Conozco fiscales a los que, para apretarlos, les han enviado fotos suyas con alguna amante. Jueces que han llorado delante de mí. Testigos a los que les han puesto un revólver en el pecho para que callen.

Peritos que han firmado dictámenes falsos, por apriete o por dinero.

También conozco muchos funcionarios políticos honestos. Pero, acaso por cuestiones de mi trabajo, conozco muchos de los otros. De los que a la hora de pedir coimas ya calculan cuánto de ese dinero negro deberían destinar al abogado, al fiscal y al juez si el negociado saliera a la luz y afrontaran una investigación penal. Que más que investigación será, por tanto, una parodia.

Hay muchos jueces y fiscales probos y dignos. Pero también hay de los otros, de los que hasta mandan señales de complicidad a los acusados mediante el color de las corbatas que usan. O por la mano en que llevan el teléfono celular. O un prendedor en la solapa del saco. Todas señales preestablecidas por el enlace en las sombras para que el acusado al que le han pedido "que se ponga" sepa que el requirente no vende humo, sino que es, efectivamente, un emisario de Su Señoría.

Y así, mientras la Justicia es una dama vendada e inflexible para los ladrones de gallinas, se hinca ante los grandes tiburones. Sean funcionarios, empresarios o sindicalistas. O lo que fuere. Porque lo que importa es la billetera, rebosante, para comprar (o alquilar) voluntades.

Así las cosas, ¿no hay nada que hacer? ¿Bajamos la persiana y sálvese quien pueda o tenga los billetes? ¿Es acaso tan difícil revertir o corregir este panorama?

pd: el resto de la columna de opinión publicada hoy en LA NACION, acá.

Banco Nación: trato premium para Lázaro Báez

El Banco Nación otorgó un trato preferencial al grupo de empresas de Lázaro Báez. Así logró financiarse por la vía de excepción y por encima de los límites preacordados, incluso con operaciones que ordenaron personas que no estaban autorizadas para ese fin. No sólo eso. La entidad demoró en actualizar su clasificación como deudor mientras que al mismo tiempo evitó reportar una operación por US$ 7,5 millones a la unidad antilavado (UIF), según surge de tres informes del BCRA cuya copia obtuvo LA NACION.

Ese trato singular otorgado al socio de Cristina Kirchner ocurrió durante el último año de Juan Carlos Fábrega al frente del Banco Nación, lo que quedó expuesto en dos de esos informes que redactaron los técnicos del BCRA, la entidad que ahora preside el propio Fábrega.

El primero de esos informes, titulado "Memorando de Observaciones Preliminares" y fechado el 14 de agosto pasado, también alerta que el Banco Nación carecía de toda la información que exige la normativa antilavado de la UIF sobre Oil Combustibles, la petrolera del también empresario patagónico y "zar del juego", Cristóbal López.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

BCRA - comunicado y promesa

El Banco Central (BCRA) emitió hace minutos una "aclaración" sobre el artículo que publiqué el domingo (ver acá).

Afirmó que "no tiene duda alguna” de que la empresa Nación Fideicomisos “puede cumplir acabadamente" con la función de agente de pago de la deuda soberana, luego de que LA NACION revelara anteayer un “memorando de observaciones” emitido por la Gerencia de Supervisión de Entidades Financieras de la propia entidad monetaria que expuso “debilidades” y “riesgos” detectadas en esa empresa.

El BCRA confirmó la existencia de ese informe, que calificó como un “informe de rutina” destinado a “evaluar la liquidez y solvencia” del Banco Nación y sus empresas. Indicó además que “en el caso concreto” de Nación Fideicomisos (NFSA) “claramente se advierte de las distintas evaluaciones realizadas una permanente mejora de sus procesos de gestión, inclusive para sus auditores externos”.

En tal sentido, sostuvo, “el BCRA no tiene duda alguna de que NFSA puede cumplir acabadamente con el rol asignado en la Ley como agente de pago de la deuda soberana”.

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COMENTARIO: parafraseando aquella radio, habrá más noticias para este boletín. Promesa.

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Vogl, o la puja entre corrupción y sociedad civil

No hay necesidad de insistirle a Frank Vogl para que, como dicen los gringos, "nombre los nombres". Explicita su posición sin vueltas. Y no sólo sobre el azote de la corrupción. También sobre instituciones y sociedad civil: "La pregunta es si la Argentina quiere terminar como Venezuela -dice-. Quiero decir, ¿es ésa la referencia?"

Cofundador de Transparencia Internacional (TI) en 1993, desde entonces Vogl lidia con regímenes opresores, funcionarios corruptos, organismos internacionales pasivos y, a menudo, comunidades que prefieren mirar para otro lado. Acaso por eso mismo, su retórica sobre la corrupción como antítesis de la dignidad humana resulta un despertador para tantos.

Él prefiere una metáfora: "Gracias a la sociedad civil, a Internet y a la globalización, hay un tren saliendo de la estación que reclama más transparencia y mejor rendición de cuentas. ¿Van a subirse a ese tren o van a verlo pasar? Porque, eso sí, no pueden parar el tren". Por eso, insiste, "si la Argentina sólo quiere ver pasar el tren, entonces los estándares de vida en este país van a bajar. Tendrán cada vez menos socios en el mundo. Habrá menos y menos empresas invirtiendo. No por razones localistas, sino porque son marcas globalizadas. Y, le puedo asegurar, el tren se está moviendo y hay una oportunidad".

En el caso de Vogl, él puede decir que gestó su propia locomotora, Transparencia Internacional, que llenó un vacío y creció hasta convertirse en referencia obligada en la lucha contra la corrupción. Lo cual no implica que la corrupción haya retrocedido.

"La gente suele preguntarme si hay más corrupción hoy que 20 años atrás. No tengo idea y nadie puede mensurar los delitos del narcotráfico. Si eso fuera posible, sería porque tendríamos todos los datos precisos. Y, de ser así, ¡ya estarían todos presos!", aclara de entrada. "Lo que sí tengo claro es que hoy hay más atención, estudios académicos, convenciones internacionales e investigaciones criminales sobre corrupción que 20 años atrás. Si combinás todo eso, es válido sostener entonces que el flagelo de la corrupción tiene hoy una posición más preponderante en el debate público de lo que jamás ha tenido. Y eso se potencia por la globalización. Una pequeña noticia, incluso un rumor en la Argentina sobre un banco estadounidense puede causarle, en minutos, un enorme daño a ese banco alrededor del mundo".

pd: el resto de la entrevista publicada ayer en el suplemento Enfoques de LA NACION, acá.