"Panamá Papers": la "cocina" de una nota

"Panamá Papers": Magnetto, Amalita, Pérez Companc, Eurnekián, Pagani, Coto, Bulgheroni, Madanes, Roemmers, Garbarino, Belocopitt, Mastellone, Tabanelli, De Narváez, Garfunkel... Al menos 15 grandes empresarios argentinos figuran con sociedades offshore a su nombre, o vinculados de manera directa en los documentos que integran la investigación "Panamá Papers".

Estos grandes empresarios locales controlan, en total, más de 40 compañías en paraísos fiscales. La mayoría se crearon en Islas Vírgenes Británicas o Panamá, Bahamas o las Seychelles durante los últimos cinco años, en coincidencia con la imposición del "cepo cambiario" en la Argentina.

Así surge de los documentos del estudio panameño Mossack Fonseca, que detectó y analizó LA NACION en el marco de la investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung.

El resto de la nota (que, anticipo, es MUY larga -tiene unas 315 líneas, lo que equivale a más de dos veces la extensión de un texto habitual), puede leerse acá.

Pero, ya que "Panamá Papers" me llevó a contar algunos detalles de la "cocina periodística", aprovecho y anticipo algunas preguntas esperables:

- ¿Por qué recién ahora publicamos esta nota? Porque tuvimos que analizar cada caso, descartar los "falsos positivos" (por ejemplo, homónimos de otros países, que los hay), llamar a cada uno, esperar sus respuestas (y en ciertos casos que mostraran sus declaraciones juradas), etc.

- ¿Por qué no la publicamos anteayer, domingo? Porque, entre otros factores, la desaparición de Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez e imputado en la "ruta del dinero K" alteró todos los planes y nos llevó a adelantar la nota sobre él (el link, acá).

- ¿Por qué la publicamos hoy, pero no fue a la tapa de la edición impresa? Porque. entre otros factores, el procesamiento a última hora de Báez y la citación a indagatoria de Echegaray también trastocó todos los planes (y forzó el levantamiento de varias (4) notas para que esto pudiera entrar; entre otros textos, el que informaba sobre la denuncia de la Procelac contra Grindetti por "Panamá Papers").

- ¿Por qué lo publicaron hoy en vez de esperar al domingo próximo? Porque todos los periodistas que integramos el proyecto "Panamá Papers" debemos compartir la información en una página encriptada. Ergo, mucha de la información que integra esta nota ya estaba disponible para los restantes 400 periodistas alrededor del planeta. Y si algo de esta información salía en otro punto del planeta antes que en nuestro diario, ¿no nos hubieran acusado de intentar encubrir, por ejemplo, a Magnetto o a algún otro empresario?

- ¿La publicación de esta nota implica un malhacer de alguno de los empresarios identificados? No necesariamente (y, a título personal, me parece que no en la mayoría de los casos), pero eso dependerá de un análisis caso por caso que deberá iniciar la AFIP y, llegado el caso, también la Procelac y la Justicia.

- ¿Por qué planteo que "no necesariamente"? Porque me parece que como pauta general, quien pretende evadir o hacer otra trapisonda, no se presenta en Mossack Fonseca con su nombre y apellido a armar una sociedad offshore. Por el contrario, se oculta detrás de un apoderado y crea una firma con acciones al portador. De hecho, ÉSE es el gran desafío de los "Panamá Papers": las sociedades controladas por otras sociedades, controladas por otras sociedades, en las que aparece sólo el nombre de una apoderada de nacionalidad centroamericana (que aparece en otras 100 sociedades idénticas) y que abren una cuenta bancaria en algún paraíso fiscal. ¿Quién o quiénes están detrás de esas sociedades? That is the REAL question.

Si surge alguna otra pregunta, ampliaré este post.

Saludos,

Panamá Papers - se va la tercera

Durante las últimas 24 horas recibí varias consultas sobre nuestro trabajo en los "Panamá Papers", en particular desde que Le Monde publicó un artículo de su corresponsal en Buenos Aires en los que, sin consultarnos, especuló sobre nuestro trabajo e incluso sobre nuestras reacciones emotivas ante ciertos hallazgos. En particular, al detectar al presidente Mauricio Macri y a accionistas del diario LA NACIÓN en los documentos.

A eso se sumó que Le Monde publicó otro artículo, centrado en la operatoria de dos fundaciones, que a su vez conecta con dos sociedades en Seychelles, que a su vez acerca de algún modo a los Kirchner. Ese artículo fue levantado por algunos portales y diarios argentinos, pero no por LA NACIÓN. Y, obvio, también nos criticaron y nos critican por eso.

Vamos por partes:

1. ¿Fuimos "suaves" con Macri? Sólo publicamos la información que encontramos y verificamos sobre una (1) sociedad y los vínculos del holding de Franco Macri con otra (1) sociedad. Si luego otros periodistas, blogueros y tuiteros quieren decir que hay 1000 sociedades, 50 cuentas bancarias o 3 elefantes, es cuestión de ellos. Nosotros sabemos qué hay HASTA AHORA en los "Panamá Papers" (recuerden que el material sigue llegando por oleadas y no descartamos novedades). Y algo más: fuimos nosotros quienes encontramos el material, alertamos al resto de los colegas del Proyecto, quienes verificamos todo y publicamos al respecto. Y no sólo eso: me presenté DOS (2) veces en Tribunales, a declarar como testigo en la causa penal que se inició y a aportar documentación. Cientos de páginas. Palabras vs hechos concretos.

2. ¿Fuimos "suaves" con los Kirchner? Al igual que con Macri, sólo publicamos la información que encontramos y verificamos sobre la llamada "ruta del dinero K". Si luego otros medios, periodistas, blogueros y tuiteros quieren decir más, es cuestión de ellos. Y al igual que con Macri, nosotros sabemos qué hay HASTA AHORA en los "Panamá Papers" (e, insisto, recuerden que el material sigue llegando por oleadas y no descartamos novedades). Otra vez, palabras vs hechos concretos.

3. ¿Fuimos "suaves" al informar que accionistas de LA NACIÓN aparecen en los "Panamá Papers"? Si Le Monde nos hubiera consultado a nosotros o a ICIJ antes de publicar lo que publicó, habría sabido que: 

- lejos de resultarnos incómodo, de inmediato avanzamos para publicar; 

- hasta donde sabemos, somos el primer diario en la historia argentina que informa sobre sí mismo a sus lectores en este tipo de coberturas investigativas;

- hay al menos otros dos diarios que integran el proyecto "Panamá Papers" en similares situaciones y aún NO publicaron al respecto. Ergo, ¿nos critica a nosotros porque sí publicamos (¡y sólo se enteró y pudo especular y opinar al respecto porque se enteró gracias a nosotros!), pero nada dice de los dos diarios que aún no explicitaron su situación?
Otra vez, palabras vs hechos concretos.

4. Dado que Le Monde publicó lo que publicó sobre CFK, restan dos comentarios:

- a través de un mail enviado a todos sus colegas involucrados en "Panamá Papers", Le Monde aclara que ellos no dijeron lo que parte de la prensa argentina publicó que dijeron.

- dado que nosotros, desde LA NACIÒN, sabemos qué hay al respecto y NO publicamos nada, ¿también publicarán el Süddeutsche Zeitung o Le Monde que fuimos "suaves" con los Kirchner? ¿O eso no cuadra con los preconceptos de los periodistas de esos medios que NO son parte del proyecto "Panamá Papers", que NO consultaron al respecto a sus colegas de sus propios diarios que sí integran el proyecto y tampoco, insisto, llamaron a ICIJ ni a nosotros para consultar?

Lo que hicimos e intentamos hacer es PERIODISMO. Sólo publicamos lo que sabemos, nos consta, verificamos y podemos probar. Porque hay una máxima del periodismo gringo que dice: "If you don't know, DON'T GO". ¿Traducción libre? SI NO SABÉS, NO TE MANDÉS.

Hasta la próxima aclaración (aunque espero que ya no sea necesario postear otra).

pd1: por suerte falta muy poco para que ICIJ abra los "Panamá Papers" a otros colegas argentinos, lo cual esperamos que reduzca las especulaciones locas y sospechas injustas sobre nuestro trabajo.

pd2: ¿toda la información se subirá algún día a Intenet para que cada busque lo que quiera? ICIJ ya comunicó que en mayo subirá una primera oleada de documentos, pero la decisión final sobre todo el material es del propio ICIJ.

Panamá Papers - nueva aclaración

Vamos de nuevo con otra aclaración.

Hoy fui a Tribunales a declarar como testigo en la investigación sobre la sociedad off shore, Fleg Trading, en la que aparecía el Presidente Mauricio Macri como director.

Precisiones / aclaraciones varias:

1. Aporté toda la documentación que encontramos en "Panamá Papers" (sobre esa sociedad).

2. Expliqué cómo fue la investigación (cuándo nos convocaron, cuándo encontramos esa sociedad, cuándo llamó ICIJ a Presidencia, cuándo llamamos nosotros, etc).

3. Me preguntaron si habíamos detectado quiénes eran los accionistas; respuesta: no surge de los documentos que encontramos.

4. Me preguntaron si habíamos detectado cuentas bancarias vinculadas a Fleg Trading; respuesta: no surge de los documentos que encontramos.

5. Me preguntaron si habíamos detectado datos sobre negocios en Brasil de Fleg Trading; respuesta: no surge de los documentos que encontramos.

6. Me preguntaron si habíamos detectado otra información relevante; respuesta: hay información que puede obtenerse de (y debe pedirse a) el Registro Público de Panamá, al Banco Central de Panamá y a las autoridades tributarias de Panamá, lo mismo que en Bahamas.

7. Me preguntaron si habíamos detectado otras sociedades; respuesta: encontramos una sociedad "Macri Group", de la que entregué documentación.

¿Por qué no publicamos sobre "Macri Group" en el diario LA NACIÓN? Porque HASTA AHORA (y llevamos unos meses) de los "Panamá Papers" no surge NINGÚN vínculo directo con el Presidente. Consultada Presidencia, los voceros negaron un vínculo con esa sociedad, aunque seguimos investigando (y aparecen algunos vínculos con el viejo Grupo Socma de Franco Macri).

¿Puede tener el Presidente Macri un vínculo con esa firma? Sí. ¿Puede ser un "falso positivo"? También. ¿Puede ser un caso de homonimia? Sí (de hecho, nos ha pasado en anteriores ocasiones, no en esta, con el apellido "Kirchner"). ¿Pueden surgir más vínculos? Sí (y en eso estamos).

¿Por qué insisto, una y otra vez, en el "HASTA AHORA"? Porque seguimos hurgando por vínculos. Y el material de "Panamá Papers" sigue creciendo. Así que puede que encontremos algún lazo por fuera (otras fuentes documentales, testimonios o Google) o por dentro (nueva información interna de Mossack Fonseca).

¿Por qué lo informé a la Justicia? Porque es preferible que sepa e investigue esa sociedad, que pida informes, que envíe exhortos y determine si es, en efecto, de los Macri y si el actual Presidente mantiene un vínculo directo o indirecto con dicha sociedad.

AGREGADO DEL MARTES 11: nota publicada en LA NACIÓN, acá.

Sobre ICIJ, los "Panamá Papers" y la Argentina

Visto el "ruido" generado durante las primeras horas de publicación de "The Panamá Papers", acaso sirvan algunas aclaraciones:

1. Los únicos medios de la Argentina que analizaron el material durante el último año fueron LA NACIÓN y Canal 13 (y sólo Canal 13, no el diario Clarín, ni Radio Mitre).

2. Todos los demás medios argentinos, aunque no consignen el crédito, levantan el material que publica LA NACIÓN, Canal 13 o que circula por Internet.

3. ¿Qué circula en Internet? El material que subieron otros medios convocados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en inglés, para analizar el material.

4. La investigación comenzó hace un año, cuando un grupo de periodistas nos reunimos en la redacción del Süddeutsche Zeitung, en Munich. Entre otros, profesionales de The Guardian, Le Monde, Miami Herald, L'Espresso, BBC, LA NACION, Canal 13 y algunos pocos más. (Ya sobre el final del proyecto, éramos 370 periodistas de más de 100 medios de todas partes del mundo)

5. La información es INMENSA: unos 11,5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca, la mayor empresa creadora de sociedades fantasma en paraísos fiscales de todo el mundo. Equivale a 46 veces el material disponible en Wikileaks.

6. Analizar el material consumió meses. Sólo en la Argentina combinó los esfuerzos de Mariel Fitz Patrick (por Canal 13), Iván Ruiz, Maia Jastreblansky, Ricardo Brom y Romina Colman, entre otros (por La Nación).

7. ¿Por qué hay material que sale en otros países antes que en la Argentina y viceversa? Porque resulta de interés periodístico en varios países. ¿Un ejemplo? El diario inglés The Guardian empezó por el premier ruso, Vladimir Putin, porque la ruta del dinero pasaba por Londres. ¿Otro? El español El Confidencial optó por Lionel Messi porque, aunque argentino, afronta una acusación penal por presunta evasión del fisco español. ¿Otro más? ABC de Paraguay comenzó por el presunto pago de sobornos a dirigentes de la Conmebol, porque la sede de esa entidad es en Paraguay.

8. ¿Las publicaciones ya están planificadas? Sí y no. Dado que el lanzamiento mundial se acordó para el domingo 3 de abril por la tarde (hora argentina), LA NACION decidió comenzar con una publicación general en su website, detallando hallazgos generales y un anticipo de los principales argentinos involucrados. La idea era empezar a publicar material más profundo en la edición papel del lunes sobre el Presidente Mauricio Macri y, también, Messi. Pero en la era de Internet, las revelaciones de otros medios, como El Confidencial, nos obligaron a adelantar el material completo sobre Messi, mientras que la Casa Rosada difundía un comunicado con su posición y también nos obligó a reformular nuestra cobertura.

9. ¿Cuántos días se publicará material? Dependerá de múltiples factores. El primero, el interés de la audiencia; también, la competencia con otros temas calientes (y hay varias coberturas calientes ya en marcha o por comenzar), entre otros.

10. ¿Se difundirá la información completa vía Internet? Esa es una decisión que depende sólo de ICIJ y del Süddeutsche Zeitung, al punto que TODOS los periodistas que fuimos convocados a Munich firmamos un acuerdo de confidencialidad por el que NO podemos pasar esa información a otros periodistas o medios de comunicación, ni subirlos a Internet.

11. ¿Por qué esa reserva? Entre otros motivos, y al igual que ocurrió en Wikileaks o la filtración sobre las cuentas en Suiza del HSBC, hay información sensible. ¿De qué tipo? En Wikileaks, por ejemplo, aparecían los nombres reales y ficticios de agentes encubiertos de la DEA en operaciones contra el narcotráfico. Publicar esos cables quizá hubiera significado la muerte de esos agentes o, cuanto menos, el fin de los operativos. ¿Otro ejemplo? Difundir la lista completa de los titulares de cuentas bancarias en Suiza, sin importar si tenían montos bajos y no eran personajes públicos hubiera dado una lista de potenciales victimas a secuestradores y secuestradores virtuales. (Y prefiero bancarme acusaciones de supuesto "encubrimiento", que no es tal, que cargar con una potencial muerte o secuestro sobre mi conciencia).

AÑADIDO I

12. ¿Por qué se publicó AHORA este material y no antes? Porque el material es, reitero, INMENSO y tomó meses analizarlo (y aún no lo hemos terminado). Y porque para acceder a la info hay que firmo un acuerdo con ICIJ por el cual se determina que ICIJ fija la fecha de publicación mundial. Primero iba a ser el 15 de noviembre pasado (fecha por la que bregamos los argentinos dada la campaña electoral), pero la cantidad de material forzó la postergación a febrero, luego a marzo y, por último, a hoy, 3 de abril.

13. ¿Podíamos publicar algo antes? Sí y no. Como poder, podíamos. Pero hubiera significado violar un acuerdo de confidencialidad, romper la palabra acordada y convertirnos en parias del periodismo global. Al principio hubiéramos gozado de los frutos de corto plazo. Pero a la larga hubiéramos sufrido las consecuencias. Y, además, aún acelerando a fondo, mucho del material pudimos detectarlo y analizarlo durante las últimas semanas. De hecho, A MACRI RECIÉN LO ENCONTRAMOS EL 8 DE DICIEMBRE. Reitero: es Wikileaks multiplicado por 46: unos 2.6 terabytes de información. Y hay que encontrar las agujas en un pajar de 11,5 millones de documentos (si cada documento fuera de apenas 1 pàgina, y un 1 libro promedio es de 300 páginas, el equivalente a "peinar" 38.333 libros). Y reconstruir los rompecabezas.

AÑADIDO II:

14. ¿Debimos publicar antes la historia sobre Macri? Insisto y profundizo el punto 13: para acceder al material firmamos un acuerdo que estipuló que ICIJ definía la fecha de publicación mundial. Eso nos permitió organizarnos a todos los periodistas involucrados alrededor del orbe, aunque a veces resultó un "corset". Porque la fecha inicial era el 15 de noviembre (justo antes de la 2da vuelta electoral; fecha que queríamos los argentinos), pero luego se postergó y quedamos atados. Y no es la primera vez que nos pasa. Cuando analizábamos las cuentas del HSBC en Suiza, la AFIP de Ricardo Echegaray comenzó a difundir esa información de manera tergiversada y manipulada. Nosotros pedimos entonces poder adelantar nuestra publicación para revelar toda la información sobre el HSBC (no sólo lo que Echegaray manipulaba) y la respuesta que recibimos de ICIJ fue negativa. mantuvo la fecha de difusión mundial ya acordada y debimos esperar. Acá pasó algo similar. ¿Queríamos publicar antes? Sí. ¿Podíamos? No. ¿Habríamos publicado antes si en vez de una sociedad offshore vinculada a Macri hubiera aparecido una cuenta secreta de los Kirchner o de Daniel Scioli en plena campaña electoral? La respuesta es la misma: no.

15. Derecho de defensa: algunos se sorprenden que le "avisamos" a Macri sobre nuestra publicación. De hecho, llamamos a TODOS. También a Messi, al socio de Cristóbal, a Muñoz, a Grindetti, como así también a otros sobre los que aún no publicamos. Lo mismo hicieron TODOS los periodistas involucrados. Es una premisa de trabajo: antes de publicar se da la oportunidad al investigado de que explique lo que quiera explicar (o que no explique y ya). Lo mismo, en suma, que hago cada vez que escribo sobre alguien para LA NACION en mis investigaciones diarias.

16. La otra sociedad de Macri: ahora salió a la luz otra sociedad de los Macri en Panamá, Kagemusha SA. Y ya vi algunos que criticaban que no hubiéramos publicado sobre esa firma. Simple: nosotros revisamos los 11,5 millones de documentos internos de Mossack Fonseca. Y esa sociedad NO fue creada ni administrada ni tiene vínculo alguno con Mossack Fonseca. Ergo, no está dentro del material que revisamos durante meses porque se creó y administró por otro estudio.

17. Y en cuanto al comentario del corresponsal en Río de Janeiro del Süddeutsche Zeitung (que al parecer se sorprendió porque LA NACION y Clarín fueron supuestamente suaves en su cobertura sobre la sociedad offshore de Macri, aunque él NO tuvo acceso a la información de la redacción central del Zeitung y nosotros sí), sólo diré que lo mismo ocurrió con la sociedad Val de Loire. Los colegas del Zeitung estaban obsesionados con decir que pertenecía a Cristóbal López o, incluso, a los Kirchner. Al igual que sobre ciertos datos que surgían sobre Nevada y Lázaro Báez, que de inmediato querían pegar a los Kirchner. En ambos casos, nosotros les pusimos un freno a los colegas del Zeitung. Y fue necesario aclararlo varias veces. Si vamos a contar, contemos todo.

Si resultan necesarias más aclaraciones, ampliaré este post.

AÑADIDO DEL MIÉRCOLES 6/ABRIL, A LAS 22.45:

ICIJ acaba de subir a Internet sus respuestas a las preguntas más frecuentes. El texto confirma varias de las aclaraciones que publiqué durante los últimos días, las complementa y/o enriquece. El link a ese texto (en inglés), acá.

Cristóbal López, al borde de la cesación de pagos

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) teme que Cristóbal López extienda la cesación de pagos a todo casi todo el Grupo Indalo. Le preocupa que se declare insolvente y que jamás devuelva los $ 8000 millones que le debe al Estado nacional. Por eso lo denunció y la Justicia le dio, aunque de manera sólo preliminar, el primer visto bueno. Pero acaso sea ya demasiado tarde, según surge de los balances de las tres empresas clave del Grupo Indalo y documentos internos de ese holding que obtuvo LA NACION y analizó con expertos contables.

Esos balances y documentos reflejan la operatoria que López y su socio en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, desarrollaron durante años. A tal punto de que, fruto de algunas maniobras ahora cuestionadas, las tres firmas clave dentro del holding -Oil Combustibles, Inversora M&S y Oil M&S-, enfrentan diversos niveles de turbulencia, que pueden extenderse a otras empresas del grupo. Entre ellas, la constructora CPC, la planta Álcalis de la Patagonia o sus medios de comunicación.

Esas maniobras bajo la lupa incluyen créditos cruzados entre compañías del grupo -sin interés ni fecha de devolución o con intereses, pero que terminan capitalizados porque no se abonaron durante años-, sustanciales revaluaciones contables de los bienes de uso en al menos dos de ellas, la acumulación de pérdidas por cientos de millones de pesos, año tras año, la decisión de no pagar impuestos ni aportes previsionales para acogerse luego a planes de pago de la AFIP, y más.

Consultados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo negaron cualquier posibilidad de una cesación de pagos que se extienda a todo el holding. "Ésta es una situación temporal y acotada a Oil Combustibles", indicó un vocero. "Si algo ha demostrado todo lo que ha salido a la luz sobre la operatoria de Cristóbal López es que no sacaron un solo peso del país y que todos los fondos los reinvirtieron en sus empresas", abundó.

La operatoria cuestionada, que para la AFIP podría confirmar el vaciamiento total o parcial del Grupo Indalo, se encuentra ya bajo la lupa de la justicia en lo Penal Económico, Contencioso Administrativo Federal y Comercial, y registró sus primeras consecuencias. Oil Combustibles se presentó en concurso de acreedores, apenas tres semanas después de que LA NACION revelara que acumuló más de $ 7600 millones de deuda fiscal, al no abonar durante años el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC). Ello se sumó a las deudas fiscales que acumularon otras empresas del Grupo, hasta superar los $ 8000 millones.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

De Macri y los buitres, a Kirchner, Lázaro y Cristóbal

El gobierno de Mauricio Macri acordó con los fondos buitre que como condición previa al cobro de sus acreencias deberán cerrar todos los juicios que iniciaron alrededor del mundo contra la Argentina. Y, entre ellos, los que abrieron en Estados Unidos y las islas Seychelles para investigar a la familia Kirchner, a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Así surge del preacuerdo que ambas partes firmaron durante la negociación y al que accedió LA NACION.

El acuerdo entre el Gobierno y Paul Singer abarca, de manera específica, los juicios que se tramitan en Nevada, Florida y las Seychelles. En ellos, los holdouts reclamaron que Mossack Fonseca & Co. -una empresa especializada en crear de sociedades en paraísos fiscales- entregara datos sobre 123 firmas sospechadas de integrar la "ruta del dinero K".

El cierre de esos juicios en el exterior impactará, de concretarse, en las investigaciones locales que se tramitan hoy en los tribunales de Comodoro Py. Harían caer, por ejemplo, los exhortos que envió el juez federal Sebastián Casanello para obtener la información que se acumuló en Nevada.

Desde el Gobierno replican que el fin de esas pesquisas sobre Báez y López -y, en última instancia, los Kirchner- resulta una "consecuencia no buscada" en su camino para volver a los mercados internacionales de crédito. Su objetivo, sostienen, era cerrar todos los reclamos en los que por vía directa o indirecta el Estado nacional podía terminar como último pagador de las sentencias y las costas de esos juicios, incluidos los multimillonarios honorarios de los abogados.

Así, los negociadores argentinos acordaron con los holdouts que debían cerrar sus reclamos judiciales en Bélgica, Francia, Ghana y en varios estados de Estados Unidos. Entre ellos, en California -contra la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Chevron-, en Texas, y en Florida y Nevada, contra Mossack Fonseca, las "sociedades Báez" y Val de Loire, una sociedad vinculada a Federico de Achával, al que identifican como socio de Cristóbal López. El acuerdo también llega hasta el océano Índico, ya que los fondos buitre también deberán cerrar sus dos pedidos de información que llegaron hasta la Corte Suprema de las islas Seychelles.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

Cristóbal, a un paso del concurso de acreedores

Cristóbal López colocó a su petrolera Oil Combustibles a un paso de la convocatoria de acreedores al ordenar a los bancos con los que opera que no le debiten más el dinero requerido para hacer frente a las cuotas mensuales de los planes de pago que acordó con la AFIP. Así, ya no devolverá los $ 8000 millones que adeuda en impuestos.

La indicación de López -conocida en la jerga bancaria como "poner un stop debit" a los pagos desde una cuenta- se produjo en los últimos días. En paralelo, el empresario aceleró los trámites para mudar la sede de la petrolera desde sus oficinas porteñas hasta Comodoro Rivadavia, su pago chico, donde confía en que recibirá un mejor trato judicial.

López y su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, Fabián de Sousa, decidieron que sólo pagarán lo que corresponda a partir de ahora por el Impuesto a las transferencias de los combustibles (ITC) en todas sus estaciones de servicio, pero no los $ 8000 millones que adeudan por no haber abonado ese tributo en los últimos años del kirchnerismo. Y, al mismo tiempo, comenzaron a rever sus relaciones comerciales con varios de sus acreedores -a los que les piden tiempo- y proveedores, que replantearon sus condiciones.

Contactados por LA NACION, voceros del Grupo Indalo indicaron que consultarían a López y a De Sousa, pero hasta anoche no habían respondido. Ambos empresarios les dijeron durante los últimos días a sus allegados que se sentían víctimas de una "persecución política".

Pese al incumplimiento, el stop debit a través de una clave bancaria uniforme (CBU) por esa multimillonaria deuda fiscal no conllevará la caducidad automática de los planes de pago, ya que la letra chica de esos regímenes incluyen un par de meses de gracia. De todas maneras, implica una nueva señal sobre cuál es la estrategia que adoptó el Grupo Indalo.

pd: el resto de la nota publicada hoy junto a Pablo Fernández Blanco, acá.

Cristóbal, también $ 300 millones de aportes

El empresario Cristóbal López no sólo retuvo $ 8000 millones del impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y otros 250 millones de pesos del cobro de peajes como concesionario de autopistas, más otros 520 millones de pesos en multas.

Durante años, junto con su socio Fabián de Sousa, también se quedó con aportes previsionales de sus propios empleados, por al menos otros $ 300 millones. Usó esos fondos para comprar nuevos activos y financiar operaciones, según surge de registros oficiales, expedientes administrativos y judiciales, y los relatos de afectados que recabó LA NACION.

Fabián de Sousa (izquierda) y Cristóbal López

La retención de los aportes se extiende por múltiples empresas del Grupo Indalo, el holding de López y De Sousa, que ahora quedó en la mira de la AFIP. Sólo por los medios de comunicación que controlan, esa deuda supera ya los $ 60 millones, entre capital, intereses y multas.

La acumulación de la deuda previsional, sin embargo, no respondió a problemas financieros del Grupo Indalo, que ante la consulta de LA NACION fijó esa cifra en "unos 140 millones" de pesos. Por el contrario, se debe a una decisión estratégica de López y De Sousa, que optaron por destinar lo "ahorrado" en sus empresas a comprar nuevas firmas o financiar operaciones de las que ya tenían.

¿En qué empresas no pagaron los aportes a la Seguridad Social? La lista es larga. Entre otras, en Inversora M&S, la constructora CPC, Oil MS, Alcalis de la Patagonia, Paraná Metal, Olivares del Sol, Promet, La Salamandra, Ideas del Sur -la productora que creó Marcelo Tinelli- y varios medios de comunicación, según los registros que cotejó LA NACION.

pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.

De bolsos de $$, Báez y el director de la DGI

Acaso sea una mera (e infortunada) coincidencia, pero... Al mismo tiempo que iba y venía con bolsos cargados de dólares, Martín Báez, el hijo del empresario patagónico Lázaro Báez, voló desde y hacia Río Gallegos con el entonces titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, en tiempos de Ricardo Echegaray.

¿Cómo es eso?

Martín Báez y Toninelli volaron juntos el jueves 1° de noviembre de 2012 rumbo a la capital santacruceña. Lo hicieron en el avión de los Báez, matrícula LV-ZSZ. Y volaron junto al hijo del funcionario de la AFIP, Federico Toninelli, cuyo estudio colaboraba desde las sombras con la defensa jurídica y contable del dueño de Austral Construcciones.

Así, Martín Báez y los Toninelli protagonizaron un viaje relámpago. El jueves 1° partieron del aeropuerto de San Fernando –conocido en el ambiente por sus controles más laxos– y retornaron al día siguiente, el viernes 2 de noviembre, según surge de los registros de vuelo.

El problema es que, horas después de retornar a Buenos Aires con los Toninelli, según surge de las cámaras de video que difundió Telenoche esta semana, Martín Báez aparece junto al contador de su padre, Daniel Pérez Gadín, contando cerca de US$ 3,5 millones en la financiera SGI, más conocida como “La Rosadita” de Puerto Madero.

Martín Báez, parado, a la izquierda de la imagen, con fajos en su mano.

Pero Martín Báez no se quedó quieto. Porque ese mismo viernes 2, voló otra vez rumbo a Río Gallegos, a bordo del jet LV-ZSZ, que también utilizó el valijero Leonardo Fariña y que tiempo después terminaría por incendiarse.

Esto, en rigor, no debiera ser una sorpresa. Porque el viaje que compartieron los Toninelli y el hijo de Lázaro Báez consta en documentos que recabó la Justicia. El fiscal federal Guillermo Marijuán incluso aludió a esos periplos cuando le pidió al juez Sebastián Casanello que citara a los Báez a indagatoria.

“Del registro de aeronaves y pasajeros de vuelos no regulares”, sostuvo Marijuán, “se demostraría la vinculación entre Jorge Leonardo Fariña, Ángel Rubén Toninelli, Federico Toninelli, Martín Báez y Melina Báez; y todos ellos con el imputado Lázaro Antonio Báez”.

La relación entre los Toninelli y los Báez también comenzó a salir a la luz años atrás, cuando en LA NACION expusimos varios puntos de contacto. Y vale aclarar, Echegaray (hoy en la AGN) siempre reafirmó en su cargo. Entre otros:

- Báez constituyó su domicilio legal para litigar contra la AFIP ante el Tribunal Fiscal en las oficinas privadas del propio titular de la Dirección General Impositiva (DGI), según consta en las copias del expediente interno de la AFIP que obtuvo LA NACION.

- la abogada de Báez, Paola Martínez Naifleisch, también consignó como el teléfono de su estudio jurídico en ese expediente un número que en algunas guías telefónicas aún figuraba a nombre del hijo del funcionario, el también abogado Federico Toninelli.

- Báez y su letrada Martínez Naifleisch fijaron su domicilio legal en las oficinas de Toninelli en el expediente administrativo de la AFIP en el que el propio Báez... detalló cómo traían valijas con dinero desde el Uruguay -incluso por Buquebus-, para capitalizar Badial SA, una de sus firmas constructoras.

Ángel Toninelli

Molesto con las publicaciones de LA NACION, Toninelli envió entonces una carta al diario, en la que se desligó de cualquier vínculo con los Báez y sostuvo que ignoraba cuál era la cartera de clientes de su hijo, cuya esposa trabajaba a su vez dentro de la AFIP... en el área de litigios.

¿Un par de perlas más?

- el Learjet en que los Toninelli con Martín Báez tiene su propia historia singular. ¿Por qué? Porque Lázaro Báez lo compró en 2007. Pagó US$ 1,5 millones, en efectivo, a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, quienes se encuentran presos desde enero de 2011 en Barcelona por el contrabando de casi una tonelada de cocaína en otro avión.

- ese mismo avión entraría luego en un cono de sombras cuando Fariña y el ex dueño de “La Rosadita” detallaron cómo se utilizaba para transportar bolsas de euros entre el aeropuerto de San Fernando y Uruguay.

- ese mismo avión terminó inutilizado por un incendio.

Y, de remate, dos datos más: Toninelli también aparece en el entramado de las facturas truchas que rodean a Lázaro Báez en Bahía Blanca y que terminaron con el cierre... de la regional Bahía Blanca de la AFIP durante varios meses, Y también, según los datos que empiezan a salir a la luz, resultó decisivo en el entramado que le permitió a Cristóbal López acumular $ 8000 millones de deuda fiscal.

Cristóbal López, $ 8000 millones y la AFIP

Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

El dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada "no es tan grande" y que cuentan con "ingreso de caja suficiente" para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar "todos los mecanismos legales disponibles para financiarse".

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EEUU vs UIF (Sbattella) x Nisman

El corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.

El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.

Washington considera lo ocurrido como un "incidente serio", más aún porque no se trató de un incidente aislado, sino de una conducta reincidente del kirchnerismo. En 2009, en plena campaña electoral, datos de inteligencia que la FinCen había enviado a la UIF sobre Francisco de Narváez -por entonces candidato opositor- terminó en el diario entonces oficialista Página 12, por lo que cortó relaciones con la unidad, que estaba a cargo de Rosa Falduto.

Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.

El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.

Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como "secreta" llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.

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UIF: otra vez chispas con la FinCen

Por segunda vez en apenas seis años, la unidad antilavado estadounidense (FinCen, en inglés) cortó todo tipo de colaboración con su par argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF). Tomó esa decisión tras verificar que la información confidencial que envió a las entonces autoridades del organismo en Buenos Aires, liderado por José Sbattella, terminó por filtrarse para otros fines.

La cooperación bilateral se cortó en junio de 2015, pero continúa vigente hasta hoy, según reveló ayer el propio gobierno de Estados Unidos al presentar su Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, en inglés).

La FinCen, precisó ese informe, "suspendió el intercambio de información con la UIF debido a la difusión no autorizada [de información] de inteligencia por parte de la Argentina que la FinCen había compartido con la UIF", y anticipó que Washington evalúa sus "próximos pasos" ante lo que definieron como una "ofensa seria".

Ese mismo informe, elaborado por el Departamento de Estado, recordó que no es la primera vez que ocurre ese tipo de incidente bilateral: "La primera suspensión ocurrió en julio de 2009, y se prolongó durante tres años y medio".

En aquella ocasión, el cortocircuito se produjo cuando información que la FinCen había enviado a la unidad antilavado local sobre el empresario y candidato opositor Francisco de Narváez se publicó en el diario oficialista Página 12, según reveló entonces LA NACION.

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Hotesur: Rafecas quiere abrirse

El juez federal Daniel Rafecas se declaró incompetente ayer para impulsar uno de los ejes centrales de la causa Hotesur, al considerar que las presuntas maniobras de lavado denunciadas en los hoteles de la familia Kirchner deben ser investigadas por su colega Julián Ercolini.

Rafecas decidió quedarse, sin embargo, con otros tres tramos del expediente. El primero, centrado en el controvertido acuerdo comercial que el hotel Alto Calafate mantiene con Aerolíneas Argentinas; el segundo, los supuestos delitos cometidos dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) para obviar las inconsistencias de la sociedad Hotesur, y por último, las supuestas falencias en las declaraciones juradas patrimoniales de la ex presidenta.

Ercolini debe analizar ahora si acepta el planteo de Rafecas y se queda con el tramo de la causa Hotesur, que llega hasta Lázaro Báez, Cristóbal López y el fallecido Juan Carlos Relats, entre otros, o si, por el contrario, rechaza la decisión de su colega. En ese caso, será la Cámara Federal porteña la que definirá quién asumirá la instrucción.

La decisión de Rafecas de declararse incompetente para investigar la licitud de esa operatoria llegó en un momento sensible de la pesquisa. Ocurrió después de que el fiscal federal Carlos Stornelli le pidió que ordenara un peritaje contable sobre toda la actividad sospechada. Y en momentos en que la Sala I de la Cámara de Casación Penal -integrada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ana Figueroa-, la máxima instancia penal del país, se apresta a resolver tres incidentes simultáneos de competencia.

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Scioli - la Justicia analiza anular su sobreseimiento

La Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Plata analizará si anula el sobreseimiento exprés del ex gobernador y ex candidato a presidente Daniel Scioli, en la polémica causa que afrontó por presunto enriquecimiento ilícito.

Esa pesquisa incluye múltiples posibles anormalidades. No se ordenó un peritaje contable, pero tampoco una valuación de los bienes de Scioli, ni se convocó a su pareja, Karina Rabolini, ni a su hija, Lorena, ni se analizó a su entorno directo o la verdad material de sus declaraciones juradas, entre otras prácticas habituales en investigaciones de delitos económicos, según cotejó LA NACION, que accedió al expediente tras una búsqueda de seis meses.

Resguardado con celo por el juez de Garantías N° 3 de La Plata, Pablo Raele, que lo mantenía en la caja fuerte de su despacho, el expediente 16.230/15 llegó a la Cámara tras la presentación de un abogado particular, Marcelo Peña, quien pidió acceder a la investigación y también la nulidad del sobreseimiento -dispuesto entre las primarias de agosto y la primera vuelta electoral de octubre-, por considerar que no se había completado una verdadera investigación.

El juez Raele rechazó la petición del letrado, tras considerar que carecía de legitimidad para siquiera presentarse en el expediente, pero Peña apeló ante la Cámara. Recayó en la Sala IV, donde ya hubo un primer movimiento: uno de los camaristas, Carlos Ocampo, se excusó de intervenir por ser el suegro de Raele.

El expediente, sin embargo, salió de la esfera controlada por el magistrado de primera instancia, y ahora se encuentra en manos de los camaristas, que afrontarán una disyuntiva.

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"Spotlight" y el verdadero periodismo de investigación

"¿Cómo es el trabajo diario de un periodista de investigación?" Antes o después, la pregunta suele aflorar en las conversaciones en las que algunos colegas y yo solemos participar. La respuesta siempre sorprende a la audiencia. Porque nuestro trabajo tiene muy poco del romanticismo o el misterio que tantas veces retrata el cine y mucho de perseverancia. Se trata de picar piedras hasta encontrar algo valioso en esa cantera.

Por supuesto, solemos vivir momentos inusuales. Para obtener los cables secretos de WikiLeaks, por ejemplo, el primer paso fue hallar a un muchacho de traje gris y zapatillas azules en una estación de subte en Londres. Y para acceder a la información sensible del caso Siemens, pasé muchos días dentro de una habitación de hotel, en Munich, a la espera de una llamada.

El día a día de una investigación periodística, sin embargo, se acerca más a lo que reflejaSpotlight (En primera planaen la traducción local) que a los clichés que presenta cualquier película de espías. Debemos llamar a las fuentes potenciales sabiendo que el 90 por ciento de ellas se negarán a responder, hasta que alguien decida romper el silencio. Debemos golpear todas las puertas sabiendo que incluso las víctimas, en principio interesadas en difundir lo que han padecido, muchas veces -por temor o desconfianza- callan, mientras sus victimarios se siembran datos falsos, cazan fuentes, amenazan a víctimas o compran abogados, fiscales y jueces. Ocurre.

A menudo, también, el mayor desafío del periodismo de investigación es simplemente aguantar la presión. Ya sea la ejercida por los anunciantes (si la pesquisa los compromete) o el propio medio periodístico, cuando para anticiparse a la competencia decide quemar una investigación antes de que esté convenientemente cerrada, o cuando prefiere matar el caso por temor o cálculo político o económico. Aunque la peor de todas es la presión social.

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Corte + escuchas = más poder para Comodoro Py

La Corte Suprema de Justicia evalúa delegar la oficina de escuchas telefónicas en la Cámara Federal porteña, lo que en la práctica implicará darle aún más poder a los tribunales de Comodoro Py, confirmaron altas fuentes judiciales a LA NACION.

El titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti (foto, abajo), ya le adelantó la propuesta al presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, durante una reunión a fines de enero, en la que también se abordaron otras opciones destinadas a incluir otras cámaras del interior del país o con asiento en la ciudad de Buenos Aires, como la Cámara en lo Penal Económico.

La opción más firme, sin embargo, pasa por la Cámara Federal porteña, al punto de que Lorenzetti también le adelantó ese plan a la procuradora, Alejandra Gils Carbó. También le pidió que mantenga a su personal dentro del actual Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (Dicom) hasta que el nuevo equipo complete su capacitación.

La Corte podría respetar de ese modo el eje central del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 256/2015, que firmó el presidente Mauricio Macri a fines de diciembre pasado -que transfirió las interceptaciones telefónicas al máximo tribunal del país-, pero sin asumir de manera directa un área que podría generarle dolores de cabeza.

En rigor, el objetivo de Macri y sus colaboradores con ese decreto fue quitarle poder y recortarle facultades a Gils Carbó, a quien consideran demasiado afín al kirchnerismo, al mismo tiempo que buscaron reforzar los vasos comunicantes con Lorenzetti.

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Entrevista a Juan Belikow - narcoEstado y narcoinstituciones

El especialista en crimen y narcotráfico, Juan Belikow, afirma que "hoy el crimen regula a la Policía". Y enfatiza que "en la Argentina tenemos un abandono de las políticas públicas de seguridad de más de 40 años".




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Casa de Moneda: ganancias supuestas; rojo real

Lejos de las grandes declaraciones, la Casa de Moneda está fundida. Registra un patrimonio neto negativo que supera los $ 320 millones y arrastra un rojo impagable con fondos propios. En total, la gestión de Katya Daura, la lugarteniente de Amado Boudou que se marchó el 10 de diciembre, acumuló deudas por más de $ 1300 millones, según documentos contables oficiales a los que accedió LA NACION.

Los números oficiales de Casa de Moneda contrastan con el panorama que Daura informó durante años, incluso a la entonces presidenta Cristina Kirchner, quien elogió su gestión por cadena nacional y llegó a celebrar que el organismo mostrara, remarcó, un "crecimiento muy importante" en sus ganancias.

Ahora se sabe, sin embargo, que eso no es verdad. El primer año de Daura al frente de la Casa de Moneda fue el último, a su vez, en que esa sociedad estatal mostró números en verde. A partir de allí, ocurrió todo lo contrario: perdió $ 63 millones en 2012, otros $ 165 millones en 2013, $ 173 millones en 2014 y superó los $ 375 millones en 2015, según cálculos preliminares que se manejan hoy en el organismo.

Los grandes números esconden, además, algunas sorpresas. Por ejemplo, que Daura pagó el servicio de custodia de su hogar con fondos de Casa de Moneda, incluidos tres empleados del organismo abocados sólo a eso. ¿Costo estimado?: $ 2 millones por año.

Pero allí no se acaban las sorpresas...

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Lázaro Báez, tras los pasos de Américo Gualtieri

La sombra de Victorio Américo Gualtieri se cierne sobre Lázaro Báez. Al borde del precipicio financiero, el empresario ultrakirchnerista sumó un nuevo problema. La Justicia ordenó embargar sus cuentas por más de $ 12,3 millones en el Banco Nación debido a las deudas que arrastra con la firma que aseguraba los riesgos de trabajo de sus empleados.

La orden de embargo la impartió días atrás el juez subrogante en lo Comercial N° 4, Héctor Vitale, a favor de la aseguradora Provincia ART, que acumuló reclamos por $ 11,8 millones más otros $ 500.000 en concepto de intereses, y terminó por presentarse en Tribunales ante la falta de respuestas de la principal empresa de Báez, Austral Construcciones. Al menos 1100 de los 1800 empleados de la firma recibieron telegramas de despido en los últimos días.

"Por las sumas indicadas precedentemente decrétese embargo preventivo sobre los fondos que tenga el demandado en el Banco de la Nación Argentina", dispuso Vitale.

En su resolución, del 21 de diciembre, el magistrado aclaró que el congelamiento del dinero deberá exceptuar "los fondos que pudieran corresponder a salarios o sueldos".

La orden judicial representa un nuevo traspié para Báez, quien acumula múltiples indicios de problemas económicos y financieros en su grupo de empresas, así como también judiciales y administrativos, que lo dejan cada vez más cerca del concurso de acreedores y de la quiebra, algo que a su lado dicen que quieren evitar.

El otrora empleado raso del Banco de Santa Cruz, no obstante, no es el único empresario ultrakirchnerista que afronta una tormenta financiera desde la salida del poder de la presidenta Cristina Fernández. También el Grupo 23, de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel.

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Triple Crimen - Meiszner niega todo

"Son los Tres Chiflados." El ex titular del Registro Nacional de Armas (Renar) Andrés Meiszner carga furioso contra los sicarios del triple crimen. En especial contra Martín Lanatta, quien lo identificó ante la Justicia como el supuesto eslabón que le permitió llegar al ex jefe de Gabinete kirchnerista Aníbal Fernández.

Meiszner niega todo. Incluso que conozca a Martín Lanatta, a su hermano Cristian o al tercer asesino de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. Lo niega aun cuando los registros telefónicos muestran que su secretario privado, Alejandro Giancristófaro, se comunicó cientos de veces con Lanatta. "Que la Justicia le pregunte a Giancristóforo sobre esas llamadas, no a mí", se defiende.

Hijo de José Luis Meiszner, uno de los detenidos a pedido de la Justicia de Estados Unidos, que reclama su extradición para juzgarlo por su presunto rol en el FIFAgate, dice que no sabe quién es "la Morsa", califica a Lanatta de "busca" y "mitómano".

-¿Hace cuánto que conoce a los hermanos Lanatta?

-Nunca. No los conozco.

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Stiuso, ¿vuelve?

Antonio Horacio "Jaime" Stiuso quiere volver al país. Y comenzó a trazar sus planes para retornar durante el verano, confirmaron allegados al ex jefe operativo de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) durante la década kirchnerista a LA NACIÓN.

La decisión de Stiuso es retornar a la Argentina una vez concluida la feria judicial de verano, y presentarse a declarar ante la Justicia, donde afronta varias causas como testigo, pero también como imputado, acusado por las salientes autoridades de la nueva Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Sin embargo, Stiuso puede aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin quedar detenido. Hasta ahora, la Justicia local sólo requirió a Interpol que librara una circular azul, destinada a localizar su paradero actual.

"Está en Miami, Estados Unidos", precisó a LA NACIÓN un asiduo interlocutor de Jaime. "Está viniendo [a la Argentina], quizás a mediados o fines de febrero próximo y se presentará ante la Justicia a declarar", abundó.

Consultado por este diario, su abogado defensor, Santiago Blanco Bermúdez, evitó confirmar o desmentir esa posibilidad. "No puedo comentar nada al respecto", indicó el letrado, quien también se encuentra en el exterior, pero de vacaciones.

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Triple Crimen - Pérez Corradi, prófugo protegido

Prófugo desde hace 3 años y 10 meses, el eslabón clave para desentrañar el triple crimen, Ibar Pérez Corradi goza de algún tipo de protección oficial. Algunos apuntan a la ex Secretaría de Inteligencia (SIDE); otros, a la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA). Pero todos sospechan que el ex socio, acreedor y enemigo de Sebastián Forza goza de una cobertura que podría ir más allá de un organismo estatal, argentino o extranjero, indicaron a LA NACION funcionarios y abogados que siguieron sus pasos durante estos años.

Juan Ignacio Bidone, el fiscal de Mercedes que instruyó la investigación que terminó con las condenas de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci, sospecha que Pérez Corradi recibe una "cobertura" de la policía, pero no descarta a la ex SIDE, dado todos los indicios y datos que recolectó durante su pesquisa. Pero el investigador mira más allá en lo que define como una "conjetura": "Pérez Corradi puede estar representado y siendo protegido por un grupo que es más grande que un funcionario", indicó a LA NACION.

Desde la Procuración federal suman sospechas. "Si después de casi cuatro años nadie logra detenerlo o siquiera rastrearlo, es porque algún tipo de protección tiene. ¿Cómo se financió en la supuesta «clandestinidad» a lo largo de todo este tiempo?", planteó una fuente oficial, que tampoco descarta a la DEA, que en las reuniones de trabajo bilaterales trascendió que nunca pregunta por él. No es prioridad.

Lo último certero que se sabe de Pérez Corradi, por lo pronto, se remonta a diciembre de 2011, cuando la Cámara Federal porteña ordenó su excarcelación en una causa que instruía el juez federal Norberto Oyarbide, mientras que su par en San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, también dispuso su liberación tras más de 3 años en prisión preventiva sin que se completara su extradición, como requería Estados Unidos.

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Lázaro y el encubrimiento desde el Estado

Por triplicado, la diputada Margarita Stolbizer avanzó otro paso sobre la familia Kirchner y su supuesto socio y testaferro Lázaro Báez. Ahora les pidió al Gobierno y a la Justicia que investiguen el entramado de complicidades dentro del Estado nacional que le habrían permitido al empresario, afirmó, amasar fortunas sin ningún tipo de control ni contratiempo durante la última década. En particular, en el Banco Nación y en la Inspección General de Justicia (IGJ).

Stolbizer sostuvo que el banco y la IGJ facilitaron que Báez instrumentara el paulatino blanqueo de la fortuna de la familia Kirchner, a través de sus hoteles y operaciones inmobiliarias. Así lo planteó en tres escritos complementarios. Dos los presentó ayer, ante el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el presidente del Banco Nación, Carlos Melconian; y el restante lo entregará hoy, al juez federal Sebastián Casanello.

Según Stolbizer, el primer paso del presunto contubernio se plasmó cuando "el Gobierno adjudicaba obras millonarias a las empresas de Báez y a su vez le otorgaba créditos y reestructuraciones de deudas por cifras millonarias". Y luego, añadió, "como garantía Báez cedía los mismos contratos de obra pública de la Nación al Banco Nación y se quedaba con la plata". De ese modo, resumió, "el Estado daba las obras, el Estado le pagaba cifras millonarias por las obras, el Estado le daba créditos y el Estado recibía como garantía de los préstamos los certificados de obra que el mismo Estado se comprometía pagar. Lázaro Báez no puso un peso en estos años para pagar los préstamos".

Mientras eso ocurría dentro del Banco Nación, la legisladora y ex candidata a presidenta sostuvo que la IGJ toleró múltiples "irregularidades e incumplimientos" a la empresa Austral Construcciones. Entre otros, que no inscribiera sus autoridades, no presentara sus estados contables y fijara un capital social "ridículo para afrontar las millonarias deudas" que acumuló, mientras que, al mismo tiempo, recibió más de $ 8800 millones de fondos nacionales en obra pública, según un informe oficial del Ministerio de Planificación Federal que reveló LA NACION en agosto.

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Diego Iglesias: "El narcotráfico va por todo"

Entrevista a Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para el ciclo Conversaciones. ¿Temas? Penetración del narco en el poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad; el desembarco de los carteles colombianos y mexicanos en la Argentina; las herramientas que faltan para combatirlos; la Triple Fuga...



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UIF - avanzan las postulaciones

El proceso para designar a las nuevas autoridades de la unidad antilavado (UIF) avanzó otro paso. Cuando falta sólo una semana para que venza el plazo de presentación, el Ministerio de Justicia recibió ya más de 200 notas de personas y entidades que apoyan a los candidatos a reemplazar a José Sbattella y otras 25 que los objetan, según datos oficiales de esa cartera.

El plazo para apoyar u observar las postulaciones de Mariano Federici, ex abogado senior del Fondo Monetario Internacional (FMI), y de María Eugenia Talerico, una de las fundadoras de la agrupación Será Justicia, vence el viernes. Tres días después, el 18, se celebrará la audiencia pública para evaluar sus antecedentes, dar voz a quienes deseen aportar información adicional y para que los candidatos expongan sus visiones y defensas. A partir de allí, el ministro de Justicia, Germán Garavano, deberá elevar un informe a Mauricio Macri para que, si superan las observaciones, los designe al frente de la UIF.

Hasta ahora, el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) presentó la impugnación más fuerte. Alertó sobre un potencial "conflicto de interés" que calificó de "alevoso y grosero" debido a los antecedentes laborales que les adjudicó a Federici y Talerico. "Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos", estimó.

En el caso de Talerico, el Cipce la caracterizó como "abogada defensora del banco HSBC", en tanto que objetó la labor de Federici como "asesor externo" de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) -que preside el ex representante argentino ante el GAFI, Juan Félix Marteau-, a la que le endilgan "agrupar al conjunto de profesionales que junto con Marteau se dedican a brindar asesoramiento a personas y empresas investigadas por lavado". Entre otras, el JP Morgan, el banco Masventas o el Grupo Clarín.

Pero tanto Federici -que recibió 104 adhesiones, incluida la del actual presidente del Grupo Egmont, la red que agrupa a todas las unidades antilavado del mundo, y 11 impugnaciones-, como Talerico -100 y 14 notas, respectivamente- consideran "injustas" las objeciones.

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Jefe de los espías... y operador futbolístico

El flamante director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, es uno de los protagonistas centrales detrás de la cuestionada triangulación que debería terminar con el delantero de Boca, Jonathan Calleri, en el club Inter .

Escribano de profesión, pero dedicado a los negocios del fútbol desde hace años, Arribas recomendó al club uruguayo Deportivo Maldonado que contratara a Calleri y se desempeñó como asesor de esa sociedad anónima deportiva (SAD) uruguaya hasta el 9 de diciembre del año pasado, es decir, seis días después de que el presidente Mauricio Macri anunciara que Arribas sería su hombre en la ex SIDE.

Desde la AFI indicaron, sin embargo, que Arribas ya "no forma parte" de las negociaciones en marcha entre los inversores que gerencian el club uruguayo y Boca por el polémico pase del futbolista, que ahora se encuentra bajo la lupa de la unidad antilavado local (UIF).

Calleri no es, a su vez, el único jugador cuya transferencia pasó por las manos de Arribas. También intervino en la adquisición del joven arquero de Estudiantes de La Plata, Gerónimo Rulli, baio una operatoria similar.

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Boudou + Senado = 2035 ñoquis (por lo menos)

La escoba llegó al Senado de la Nación. La vicepresidenta y titular de la Cámara, Gabriela Michetti, dispuso dar de baja los polémicos nombramientos en planta permanente de 2035 empleados que su antecesor Amado Boudou designó a lo largo de 2015 y que colocaron en rojo las cuentas de la Cámara. Entre ellos, un protagonista del "caso Ciccone" y amigos varios del marplatense.

Michetti también decidió avanzar sobre otro cuestionado legado de Boudou: 2317 recategorizaciones de personal que el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner firmó en la recta final de su mandato, y que ahora serán analizadas, una por una, por una comisión revisora. 

"Hablamos con los presidentes de distintos bloques del Senado y acordamos que no convalidaremos el despilfarro del dinero público", indicó Michetti a LA NACION, minutos antes de comunicar la depuración, que comenzó con la firma de un decreto durante las últimas horas de 2015. "Estamos hablando de más de 1000 millones de pesos que se gastarían en sueldos que podrían y deberían destinarse a otros fines", afirmó la vicepresidenta. Continúa en la página 12

Los nombramientos objetados se acumularon en tres decretos que firmó Boudou, pero que jamás se publicaron en la página oficial del Senado en Internet. Durante meses, LA NACION buscó y solicitó de manera formal las copias de esos textos, pero el ex vicepresidente se negó a entregarlas. Son los decretos 128 y 129, del 26 de enero del año pasado, y el 1682, del 3 de noviembre último.

Mediante esos tres decretos, Boudou designó o recategorizó a miles de personas que engrosaron la plantilla del Senado. La mayoría figura desde enero de 2015 -los restantes, desde el 1° de octubre-, aunque no se descarta que el ex vicepresidente haya conservado bajo llave esos decretos para así incluir de manera retroactiva en sus anexos a los diversos candidatos que se sumaron a lo largo de 2015.

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Adiós a "Coimas en el Senado"

Quince años y meses después de que estalló el escándalo, la causa penal por las "coimas en el Senado" es historia. Se cerró por el mero transcurso del tiempo, cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema, confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio Público Fiscal y de la Oficina Anticorrupción (OA).

El golpe de gracia para la investigación penal llegó en los últimos días antes de la feria judicial de verano, después de que la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmara las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda". Es decir, que los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley laboral.

Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.

De Luca presentó un escrito en el expediente en el que explicó por qué no presentaría un recurso extraordinario que llevara el expediente hasta la Corte. Sostuvo que la acusación fiscal por la que los sospechados habían ido a juicio oral era por cohecho, con una pena prevista de 6 años, y que ese plazo -contado desde que se citó a todos a juicio- vencía el 18 de diciembre. "No habrá tiempo material para que se tramite un eventual recurso [ante la Corte] que logre la revocación de la absolución, ordene desarrollar un nuevo debate y se concluya en una sentencia condena", planteó en su escrito De Luca, que tampoco ahorró críticas a los 15 años que insumió la investigación.

El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que LA NACION revelara las negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley "de Reforma Laboral".

Así, quedaron bajo la lupa judicial el entonces presidente De la Rúa, su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique -al que se le adjudicó decir "para los senadores tengo la Banelco"-, el presidente provisional del Senado, Alberto Tell, y los legisladores justicialistas Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero, entre otros.

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Facturas truchas: ahora Cristóbal cruza a Lázaro

Furioso por lo que interpretó como un intento por meterlo en otra causa judicial, el "zar del juego" Cristóbal López salió al cruce del empresario ultrakirchnerista Lázaro Báez y desmintió que una de sus empresas opere o haya operado con una firma de Bahía Blanca sospechada de funcionar como usina de facturas truchas.

El inesperado cortocircuito entre dos empresarios icónicos de la década kirchnerista ocurrió luego de que la nacion revelara que Báez afirmó que la nave insignia de su grupo, Austral Construcciones, no acumulaba facturas truchas en sus balances ni operaba con sociedades fantasmas. Y para eso sostuvo que la firma cuestionada, Grupo Penta y Cía SA, era real y que otras siete empresas comerciaban con ella, como Tsuyoi SA, la concesionaria de López.

El problema es que el "zar del juego" desmintió a Báez. "Chequeamos todas las cuentas corrientes y nos da como resultante [que] Grupo Penta y Cía no figura como proveedor de Tsuyoi en todo nuestro historial; [y] Grupo Penta y Cía no figura como cliente de Tsuyoi", afirmó el gerente general de esa concesionaria, Juan Menestrina, en una carta que debió enviarle a Toyota para fijar su posición, según una copia que facilitaron colaboradores de López a la nacion.

"Me molesta tremendamente la poca seriedad con la que se involucra el buen nombre de Tsuyoi en un caso ajeno a nosotros", lamentó Menestrina, quien también consideró malintencionada la publicación de la nacion. "Tsuyoi, desde su constitución en el año 1994, ha sido honesta y transparente en todos sus actos y tiene todos sus números disponibles para ser auditados en cualquier momento, sin tener que ocultar nada, ya que su operatoria es ciento por ciento en blanco", añadió.

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